Era parte de la llamada banda de Ameghino enfrentada con la de Centeno. En esta feroz disputa en barrio Tablada, que tuvo como protagonistas a muchos adolescentes que saldaron sus diferencias a sangre y fuego, Carlos A. fue acusado de cometer tres crímenes, una tentativa de homicidio y un intento de robo como menor. Cuando alcanzó la mayoría de edad, fue condenado a cuatro años de cárcel en otra causa. Está preso desde que tiene 18. Hoy cuenta con 22 y dijo que desde los 14 tiene problemas con las drogas. En la Justicia de Menores lo declararon responsable y la jueza María Dolores Aguirre Guarrochena evaluó el caso y resolvió que le correspondía una fuerte condena: 20 años de cárcel por los hechos delictivos que cometió antes de cumplir los 18. Carlos está preso y así seguirá mientras se revisa la pena. La jueza consideró que las medidas de resocialización no tuvieron éxito por distintos motivos y que Carlos no terminó de internalizar sus acciones delictivas. Ahora es el turno de la Cámara Penal, que evaluó el caso y pasó a un cuarto intermedio para tomar una decisión.
Carlos A. tenía 16 años cuando, en noviembre de 2012, junto con otro pibe apodado Gordo Luchi le robaron un bolso a una chica de 15 años en Anchorena y Salvá. Se escaparon en una moto, en contramano, pero se cruzaron con la Policía, tiraron el bolso e intentaron fugarse, pero no llegaron muy lejos.
El inicio de una saga fatal
El 23 de enero de 2013 Carlos A. y el Gordo Luchi, entonces de 13 años, arremetieron a los tiros contra un grupo de muchachos que estaban reunidos en la esquina de Colón y Garibaldi. En esa oportunidad mataron a Lucas Elías López e hirieron a su hermano cuando intentó auxiliarlo. También sufrió heridas su abuelo. Las crónicas de aquella época contaron que fueron a vengar un ataque anterior.
En la tarde del 26 de septiembre de ese mismo año, también con Luchi al mando de una moto, baleó a Fabricio Leonel Monte en Ayacucho y Doctor Riva: sorprendió a la víctima y le pegó tres tiros en la cabeza y la cadera. El pibe murió por una hemorragia pelviana y destrucción de masa encefálica. Fabricio era amigo de los integrantes de la banda de Centeno y Carlos era parte de la gavilla de Ameghino, dos grupos históricamente enfrentados cuyos integrantes terminaron en su mayoría muertos o presos. Algunos de los que quedaron decidieron irse del barrio, cuenta el fallo.
La última víctima fatal fue Iván Ariel Estrella. En la Nochebuena de 2013, a poco de llegar la medianoche, en Uriburu e Ingeniero Huergo estaba con un amigo. Un solitario atacante lo sorprendió de atrás y le disparó más de 25 veces. A Estrella lo llevaron al Heca, pero no lograron salvarlo. El testigo contó que Estrella había testificado contra Franco G., amigo de Carlos, en la causa que investigaba el crimen de Jonatan Retamoso ocurrido en febrero de 2013. En esta pesquisa la víctima estaba resguardada en otro domicilio y su familia, sometida a medidas de protección.
Sin respuestas
La jueza evaluó que todos estos hechos se enmarcan en un contexto de altísima conflictividad barrial y el enfrentamiento entre las bandas de Ameghino y Centeno. Según Aguirre Guarrochena, las medidas socioeducativas intentadas no funcionaron. Al principio, directamente no se inició un legajo social porque Carlos ya era mayor y estaba detenido. Explicó que no terminó la primaria, que padece una adicción a las pastillas, marihuana y cocaína, aunque resaltó que asistía a un taller en la Unidad Penitencia N° 3 para tratar esta problemática de salud.
La magistrada consideró que Carlos no evolucionó desde los primeros delitos que cometió, ni internalizó la gravedad de los hechos delictivos y la falta de avance en el estudio y en el ámbito laboral incidió en sus posibilidades socioeconómicas ciertas y efectivas. Explicó que las medidas ofrecidas por el tribunal a Carlos A. “han sido francamente pobres, ya sea por el propio acusado o por otros motivos que lo trascienden”.
Para la funcionaria es necesario que Carlos A. tenga una consecuencia tangible que le permita “elaborar lo que ocurrió de manera útil y aprovechable”. Entendió que 20 años de prisión es razonable al caso (la Fiscalía pidió 32 años) y en esa sanción unificó la condena previa y dispuso que se tenga en cuenta en su cómputo todo el tiempo que Carlos A. estuvo privado de su libertad, ya sea como menor no punible, punible (al cumplir los 16 años) o mayor.
Esta decisión fue apelada por la defensa y su resolución quedó en manos de los camaristas Carlos Carbone, Carina Lurati y Georgina Depetris, quienes deberán decidir si confirman o no la sanción impuesta a Carlos A.
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