La sesión de la Legislatura porteña convocada para analizar la responsabilidad del ministro de Seguridad de la Ciudad, Guillermo Montenegro, frente al accionar de la Policía Metropolitana en la represión en el hospital Borda finalizó esta tarde tras ocho horas de debate.
La interpelación al funcionario macrista terminó en medio de críticas de las fuerzas de la oposición frente a los argumentos esgrimidos por Montenegro por lo ocurrido en los terrenos del hospital, donde resultaron heridos trabajadores, médicos, periodistas y legisladores.
“No es mi idea renunciar, la designación fue hecha por el jefe de Gobierno y solamente (lo haría) por un pedido de él”, señaló Montenegro al brindar explicaciones en la Legislatura por la actuación de la Policía Metropolitana en el Hospital Borda.
El funcionario porteño describió en la Legislatura que alrededor de las 7 de la mañana concurrió al taller de rehabilitación del nosocomio el personal del Gobierno de la Ciudad junto con dos empresas, una contratada para demoler el taller y otra para construir un cerco perimetral. Pero dijo que “a las 9 de la mañana intentaron ingresar personas al hospital y fueron agredidos dos agentes de seguridad privada” y que es por ello que personal de la Policía Metropolitana actuar.
El ministro de Justicia y Seguridad buscó dejar entrever que existen intereses políticos atrás de la negativa de trabajadores del hospital nucleados en ATE a la destrucción del taller, como en oposiciones anteriores del subte, la Sala Alberdi, el Teatro Colón. Al respecto, argumentó que “todos fueron realizados con amparos judiciales donde finalmente se le dio la razón al Gobierno de la Cuidad”.
El encargado de la seguridad en la Ciudad explicó que se analizará el accionar de los funcionarios públicos e indagará si hubo excesos. “Estamos recabando información propia y la de los canales de televisión para iniciar la auditoría externa policial, como se hace en todas las actividades que realiza la Policía Metropolitana. Va a ser investigado el accionar policial, pero todos tenemos responsabilidad en bajar la violencia”, dijo.
“Una vez que se realizan estos dos trabajos, comienzan disturbios. El personal policial es agredido en distintas circunstancias”, comentó Montenegro. Por lo que se defendió con que el límite que plantean como Gobierno “es nada menos que el respeto a la ley”, al tiempo que argumentó: “Ayer se defendió la legalidad”.
Legisladores de distintos sectores le criticaron que no hubo levantamiento de la medida cautelar dictada en diciembre por la Justicia, que prohibía la destrucción del taller. Por ello, y por la represión a trabajadores, pacientes del hospital, familiares, legisladores y periodistas, los bloques opositores se alinearon atrás del pedido de renuncia del funcionario.
En defensa de Montenegro, la legisladora del PRO Alejandro García respondió a las críticas que “la Legislatura tiene que hacerse cargo de lo que ha resuelto”. Por ello, se preguntó: “¿Algún diputado de la oposición se piensa hacer cargo de las leyes aprobadas en este recinto? ¿Cuáles vamos a cumplir y cuáles no?”.
Desde el mismo bloque, Martín Ocampo acusó al kirchnerismo de reprimir en la Avenida 9 de Julio contra Estudiantes en 2010 (en asamblea de la UBA). “Son ellos los que nos quieren dar cátedra”, se quejó. También citó un informe de Correpi (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional), donde mencionó 17 muertos por las fuerzas de seguridad en represión a la protesta social desde 2007. “Esto es motorizado por el kirchnerismo”, acusó.
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