La muerte de la joven Mariel Cataldo como consecuencia de las graves quemaduras que recibió en un departamento del complejo Ciudad Ribera puso a ese emprendimiento en el ojo de la tormenta. Ya se supo que el piso 9 –como buena parte sino todo el edificio Palco Paraná– estaba habitado sin tener el certificado de final de obra que debe pedirse al municipio. De ahora en más –el fiscal Carlos Covani pidió una ampliación del peritaje de Bomberos– la lupa se fijará sobre la precaria instalación provisoria de gas que había instalado el desarrollador del proyecto de alta gama, cuyas propiedades cotizan a cerca de 3 mil dólares el metro cuadrado.
Cataldo, de 21 años, falleció el domingo pasado tras permanecer internada en gravísimo estado en el Hospital de Emergencia Clemente Álvarez. Nada pudieron hacer los médicos ante el cuadro que se había generado al incendiarse dos días antes parte del departamento de la torre Palco Paraná, una de las siete del complejo Ciudad Ribera. Una de las primeras cuestiones que trascendió luego de acaecido el hecho es que el complejo de alta gama y con vista al río estaba siendo utilizado sin el final de obra, lo que en realidad es una situación no inusual en la ciudad, en particular en los barrios. Pero a la inversa de lo que puede ocurrir en una casa particular en construcción o ampliación, se deberá determinar si el departamento estaba en condiciones de habitabilidad, no por sus terminaciones estéticas sino por la irregularidad con que se proveían los servicios.
Tras eso, en el transcurso de la semana también se fueron conociendo los peritajes que llevaron adelante los Bomberos Zapadores. Eso permitió comprobar que una pérdida de gas licuado provocó una deflagración. Desde Litoral Gas confirmaron a El Ciudadano que en el exterior de la torre lo que había instalado era una zeppelin –contenedor de gas de grandes dimensiones, también conocido como “chancha”– desde el cual se proveía el gas a los departamentos. José María González, gerente de Relaciones Institucionales de Litoral Gas, señaló con cierta sorpresa que en edificios “de esta categoría” no es habitual observar este tipo de conexiones. “De hecho, normalmente cuando van a habitarse las unidades de un departamento ya está hecha la instalación de gas natural”, agregó.
Polémica expansiva
Todas las fuentes consultadas por este medio presumieron que ese servicio de gas provisorio en Ciudad Ribera se llevó adelante debido a las demoras en la entrega de las unidades y la presión de los propietarios por instalarse. Aparentemente en este caso lo único que había hecho la desarrolladora fue la solicitud a Litoral Gas de la inspección ocular interna del edificio Palco Paraná, el primer paso de los varios que deben darse para que una instalación quede habilitada y funcionando. Según la distribuidora, administrativamente hasta el fin de semana pasado no se había realizado ningún pedido de conexión. La declaración motivó un cruce entre gerentes: de un lado estaba Litoral Gas y del otro TGLT, la “desarrolladora inmobiliaria con foco en los segmentos residenciales de los principales centros urbanos de Argentina y Uruguay”.
Con todo, desde el Colegio de Arquitectos de Rosario también explicaron que el final de obra solamente es una arista del tema. “El tema no pasa tanto por ahí, sino por el hecho de que los trabajos no están terminados en el complejo. Nunca es conveniente irse a vivir a un lugar que está en construcción, eso es muy peligroso”, marcó Edgardo Bagnasco, titular de la entidad profesional.
De hecho, los propios miembros del Cuerpo de Bomberos que actuaron en el incendio señalaron las dificultades que tuvieron para ingresar al complejo por esta situación y, también, dada la estrechez de las calles internas del mismo. De allí que hayan sentenciado que el lugar no está preparado para un siniestro de este tipo.
En tanto, y ante la requisitoria de El Ciudadano, desde la Cámara de Empresas Inmobiliarias también hicieron sus cuestionamientos, apuntando como “grave” que Palco Paraná esté habitado sin el servicio de gas natural. “No debería haberse hecho esa instalación. No está verificado por nadie. Y la gente que habita no tiene control de eso”, señalo el titular de la entidad, Carlos Riovitti.
Lo que viene
Lo cierto es que ahora habrá que ver cómo evoluciona la investigación judicial del caso Mariel. En materia penal la Justicia ya ha dictaminado que el hecho se trató de un siniestro culposo y no de un hecho doloso (es decir, no hubo intenciones de daño) y más adelante se resolverá cómo se plantea también la causa en torno a las responsabilidades civiles.
Desde la Municipalidad salieron a deslindar responsabilidades desde un principio, señalando que no es tarea de la Dirección de Obras Particulares controlar si una vivienda está siendo habitada sin el final de obra. Fuentes del propio Ejecutivo local y de sectores ligados a la construcción hablaron de una “responsabilidad compartida” entre Ingeconser (quien lleva adelante Ciudad Ribera) y quienes habitan el lugar.
Sin embargo, las mismas fuentes apuntaron con más fuerza sobre las responsabilidades de la desarrolladora, los profesionales técnicos a cargo de la obra y quienes realizaron la instalación de gas.
De igual modo queda mucho por dilucidar: ni en la Justicia ni entre media docena de ediles –en la última sesión del Concejo Municipal el tema se debatió durante casi dos horas– este diario encontró respuestas a preguntas clave, como si la pareja de Mariel Cataldo y Walter Beltrami o uno de los dos ocupaban el departamento en forma permanente o esporádica; si la cocina de la vivienda funcionaba a electricidad o a gas, si en el lugar había algún tipo de calefón o termotanque a gas –los hay eléctricos e incluso a energía solar– y qué artefactos a gas había en el domicilio, en funcionamiento o no al momento de la deflagración, y si estaban preparados para funcionar a gas natural o a gas licuado de petróleo, o “tocados” para que siendo fabricados para un tipo de combustible, funcionen con el otro.
Pero la más urgente de todas –y en parte derivada de las otras– es si hay certeza de que lo que ocurrió en el piso 9 del edificio Palco Paraná –definido como accidente por Bomberos– sólo pudo haber ocurrido allí o puede pasar en otra vivienda ocupada.
Instalación bajo la lupa
Desde el Colegio de Arquitectos señalaron a El Ciudadano que el zeppelin provisorio de gas “no un servicio que se utilice usualmente”. En rigor sí se lo hace en zonas rurales y fincas a cierta distancia de cascos urbanos, donde el costo de extensión de la red –que corre para los particulares– resulta gravoso. Y antes de la expansión de redes de la última década y media era habitual que en los barrios de Rosario y en las localidades aledañas muchas casas tuvieran red interna abastecida desde afuera por cilindros de 30 ó 45 kilogramos de gas propano. Aún hoy es usual ver esas instalaciones, aunque con garrafas de 15 kilogramos de gas butano. Menos comunes son las chanchas, y cuando se ven están instaladas bajo tierra: se reduce así su poder destructivo ante una deflagración.
Ninguno de estos casos se ajusta a Ciudad Ribera, donde una de las cuestiones a dilucidar es si esa instalación se hizo siguiendo los protocolos del caso y con un proveedor oficial –es decir, si actuaron profesionales matriculados– y si es así, si es ésa la instalación que está en uso: horas después del hecho, en las imágenes captadas por El Ciudadano se observa una garrafa de GLP que parece alimentar una parrilla a gas, paradójicamente en el piso superior al que ocurrió la fatal deflagración.
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