La transición entre el gobierno de Antonio Bonfatti y el de Miguel Lifschitz transcurre dentro de los parámetros esperables. Semanalmente se suceden las reuniones entre los aliados del Frente Progresista y es posible que a corto plazo comiencen a conocerse nombres para el gabinete provincial, en el que José León Garibay ocupará un lugar importante. Pero mientras en cada oficina y ascensor se expande el cotilleo sobre la llegada o salida de funcionarios, un proyecto para constituir una comisión que elabore una reforma previsional sacudió la agenda político institucional en medio de la transición.
Pareciera un asunto muy acotado, pero la verdad es que hay miles de millones de pesos de presupuesto en juego. Los sindicatos estatales rechazan cualquier cambio, aunque conocen que el déficit de la Caja de Jubilaciones amenaza en el horizonte mediato. En Tribunales y otras reparticiones del Estado, desde encumbrados camaristas hasta empleados rasos en edad de jubilarse aceleran el trámite azuzados por rumores y temor a que les recorten beneficios. El gobierno acompaña el proyecto autoría de cuatro senadores justicialistas. Dice que es mejor corregir lo necesario ahora que se está a tiempo de defender el 82% móvil y no cuando llegue el incendio. Niega que se pretenda modificar condiciones y edad de retiro. Sí propone analizar sector por sector de los trabajadores estatales porque “hay algunos que pueden aportar más”.
También es partidario de poner topes máximos a jubilaciones y pensiones mal llamadas de privilegio, como tiene Nación, para evitar lo que ocurre hoy, que se pagan beneficios que superan los 110 mil pesos mensuales.
Sorpresa y media
El proyecto apareció en el Senado provincial de manos inesperadas, cuatro senadores justicialistas. El propósito es declarar la necesidad de una reforma previsional y constituir una comisión para tal fin integrada por las dos cámaras legislativas, el Poder Ejecutivo y especialistas, jueces y gremios. Aclara que busca resolver no el problema de hoy sino a mediano plazo, ya que “los cálculos actuariales e informe con proyección a 20 años que realizara la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) sobre los datos de 2012 indican que el déficit para 2030 alcanzará el 8,2% del presupuesto provincial”. Es como si hoy el Tesoro provincial tuviera que destinar 6.000 millones o más en lugar de 1.600. Más allá de lo que gremios estatales y funcionarios digan en público, todos están avisados de que la curva se irá poniendo más colorada a medida que pase el tiempo.
Tapones de punta
La primera reunión entre senadores, el vicegobernador Henn y la intersindical fue corta y tensa. Los representantes gremiales se presentaron con el cuchillo entre los dientes, dispuestos a sentar posición más que escuchar. Desconfían de que los quieran llevar de las narices y hacer que los afiliados paguen el rojo de la Caja.
El vice Henn reaccionó: “No puedo evitar la sorpresa. Los gremios, quienes deben velar por los intereses de los trabajadores, manifestaron que se oponen a todo tipo de diálogo. Ellos deberían ser los mayores interesados”.
Consultado por El Ciudadano, el ministro de Gobierno Rubén Galassi reprochó que (los dirigentes) “ni siquiera consideran sentarse a discutir nada, cuando el proyecto es crear una comisión que acuerde cómo corregir el problema; no impone cómo hacerlo”.
La cuestión policial
También convocado por este diario, Jorge Hoffmann, secretario general de ATE, acusó a quienes defienden el proyecto de “decir una verdad a medias”, porque “el déficit corresponde al sector policial, que tiene un régimen de retiro especial. Se van de la actividad a los 45 o 50 años y tienen una ley propia, diferente al régimen de reparto del resto regido por la ley 2915. Hay otros sectores que son deficitarios, pero son muy pequeños y financiables”. Para Hoffmann, “es inconcebible que el resto de los trabajadores tengamos que soportar el régimen policial, lo tiene que hacer el Estado”.
Galassi planteó argumentos contrapuestos: “El sector policial es deficitario pero aporta tres puntos más que el resto de los empleados, el 14% del salario. Hay casos como las pensiones de Malvinas o los ex presos políticos que no tienen por qué pagarlas los empleados públicos y lo hace el Estado, pero es diferente del caso de la Policía. Lo que nosotros estamos proponiendo es discutir sector por sector. Estamos convencidos de que algunos pueden aportar más. Es más, nos gustaría analizar una ley de topes jubilatorios, como tiene la Nación, no para violentar derechos adquiridos, pero sí para adelante. Una ley que diga que a partir de tal momento el beneficio máximo es tanto. Hoy se pagan pensiones de más de 110 mil pesos mensuales. ¿me quieren decir que hay que sostener eso?”.
El ministro removió el cuchillo en el orgullo herido: “Esta comisión es para anticipar las dificultades. ¿Qué quieren? ¿Que sea tarde y mañana venga uno que les haga lo que les hizo Reutemann, que un día les bajó el 13 por ciento de los haberes?”.
Además de Hoffmann, El Ciudadano consultó a otro sindicalista que prefirió no hacer declaraciones públicas aún: “Todos sabemos que el gran déficit es el sector policial. No creo que los trabajadores tengamos que hacernos cargo de eso, sino el Estado. Lo que hay que discutir es cuál es la solución, y hay tres caminos: esperar que se resuelva por vía judicial (el litigio que empezó la provincia porque la Nación dejó de cubrir el déficit desde 2007); la solución que plantea (Omar) Perotti que es una salida negociada con el próximo gobierno (depende de que Scioli sea presidente y que tenga plata y decisión de revisar lo hecho por Cristina); o discutir una reforma y que el Estado asuma el déficit del sector policial”.
Puesto el eje en el régimen policial, la discusión puede volverse eterna. ¿Los policías no son también trabajadores del Estado? ¿No es la solidaridad cruzada entre trabajadores un cimiento de cualquier régimen de reparto? ¿Acaso no tienen los docentes también condiciones de retiro anticipado conquistadas hace pocos años?
Aunque nadie lo dice, el sector al que todos miran es el de los judiciales. Tienen los mejores sueldos del Estado y no pagan Ganancias como el resto.
De dónde sale la plata
La intersindical argumentó que los regímenes previsionales no son sólo solventados por aportes patronales y de los trabajadores, sino que en muchas partes del mundo el Estado pone lo suyo. Citaron el caso del sistema argentino, donde un porcentaje considerable de los fondos para jubilaciones y pensiones salen del Tesoro nacional. Galassi salió al cruce: “Ansés se hace cargo con dinero que retrae de la coparticipación a las provincias. Que nos devuelvan, no digo el 15% que nos descuentan, aunque sea una parte de esa cifra, y ya con eso cubrimos el déficit de la Caja y nos sobra para hacer obras públicas”.
Acto seguido el ministro y el vicegobernador le pidieron a los sindicatos que se sumen a reclamar a la Nación que cubra el déficit, cosa que no hace desde 2007, incurriendo en un tratamiento desigual para Córdoba y Santa Fe con respecto al resto de las provincias.
Les reprochan a los dirigentes alineados con el kirchnerismo que a la hora de hacer reclamos no exigen al gobierno nacional con la misma vocación que al provincial. La respuesta fue que el litigio por los fondos para la Caja es una cuestión política sobre la que tienen que ponerse de acuerdo entre ambos gobiernos.
Alianzas y alineamientos
“Esta iniciativa es resultado de un acuerdo político del que somos totalmente ajenos”, le dijo Jorge Hoffmann a este diario, y añadió: “A quienes seguimos de cerca las relaciones entre Poder Ejecutivo y Legislativo no nos sorprende (que el proyecto lo hayan ingresado senadores justicialistas). Aquí hay una negociación política global (entre Ejecutivo y Senado), que es legítima y que incluye la Caja de Jubilaciones, pero con la que no estamos de acuerdo. El futuro de la Caja hay que discutirlo con los trabajadores a través de sus representantes”. El gobierno niega estar detrás del proyecto, pero comparte su propósito.
Como sea, el resultado es el mismo: la iniciativa está planteada, tiene una base importante de apoyo legislativo y en frente se posicionó un núcleo sindical con capacidad de discutir y pelear. Tras ese rechazo inicial, ahora es el turno de mover del Senado: el proyecto tiene preferencia para ser tratado sobre tablas y respaldo garantizado si se decidiera avanzar.
Mientras tanto, Miguel Lifschitz sigue el asunto a la distancia pero no se desentiende.
Para él sería importante que al iniciar su mandato haya un dique de contención puesto sobre uno de los frentes más complejos de controlar cuando los números no cierran. Son varios miles de millones en juego para un mandatario que como mínimo el primer año, todo indica, deberá lidiar con un contexto económico y financiero estrecho.
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