El Gobierno le dará una nueva oportunidad a las SAS, las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), que creó Mauricio Macri y fueron dejadas de lado durante la gestión de Alberto Fernández.
Se trata de un formato de constitución de empresas más flexible y que busca no ser tan burocrático. Los cambios están a cargo de la Inspección General de Justicia, que encabeza Daniel Roque Vítolo, y serían publicados en el Boletín oficial este jueves, según le confirmaron al portal porteño Infobae fuentes oficiales.
“Ante la necesidad urgente de proveer a los emprendedores y Pymes de la posibilidad de recurrir a esta estructura jurídica, en el curso de esta semana la IGJ anunciará un plan de transición para que las SAS puedan volver a constituirse fácilmente y con rapidez, de modo de poder obtener su registro, inscripción en AFIP y habilitación de libros digitales, en un plazo máximo de 72 horas”, confirmaron desde el Gobierno.
En paralelo, la IGJ se prepara para derogar una serie de resoluciones generales dictadas durante la administración anterior por las cuales se requería a las SAS cumplir con exigencias que la propia ley de creación de estas figuras no les imponía y que “tuvieron como único objeto desincentivar y desalentar a los empresarios e inversores, impidiendo que pudieran registrar estas sociedades a nivel nacional”, se aseguró.
Entre las normas que serían dictadas en el curso de esta semana estaría la posibilidad inmediata de constituir SAS en 72 horas por dos procedimientos básicos. El primero de ellos sería el de constitución de la sociedad con intervención de un escribano con firma digital, bajo un estatuto modelo provisto por el organismo en su página web, o por un estatuto de libre redacción por parte de los socios. El segundo mecanismo sería constituir la SAS vía TAD (Trámites a Distancia) con firma digital de todos los constituyentes, también bajo un estatuto modelo o de libre redacción.
Estos procedimientos estarían disponibles a partir del lunes 15 de abril próximo, y contarían con instructivos que se publicarían en las páginas web del organismo y los colegios profesionales.
Luego, en la segunda quincena del mes de mayo, se agregaría a estas dos opciones una tercera alternativa, que permitirá a quienes no deseen recurrir a una escritura pública o no posean firma digital, poder constituir igualmente una SAS concurriendo a las oficinas de IGJ donde sus firmas serán homologadas por un Inspector habilitado, bajo un sistema de turnos.
Una herramienta peligrosa
Lo cierto es que esta herramienta no cuenta con buenos antecedentes en la provincia de Santa Fe, ya que fue utilizada para negocios muy sucios.
Es que una reciente investigación por lavado de activos a través de Sociedades por Acciones Simplificada asentada en la Justicia federal de Santa Fe ciudad desprendió una pesquisa que tuvo, entre otros involucrados, a Lorena Guadalupe Melgarejo y Claudio Andrés Casco, a raíz del fallido aterrizaje de una avioneta con droga.
Según la acusación, son unas 32 sociedades y unas 15 personas físicas que participaron en un entramado que emitió más de 8.500 facturas por un monto superior a los 731 millones de pesos durante el gobierno de Mauricio Macri.
A ello se agrega que, en una investigación del fiscal federal Walter Rodríguez, algunas de esas SAS fueron creadas en sociedad con integrantes del clan Cantero, que lidera la banda de Los Monos desde hace dos décadas, según informó en 2020 ante una comisión del Congreso Ricardo Nissen, titular de la Inspección General de Justicia, basado precisamente en la investigación de Rodríguez.
El 22 de febrero del 2020 desde Paraguay ingresó de manera irregular al territorio argentino una avioneta transportando una cantidad indeterminada de droga que terminó estrellándose en un camino público ubicado en jurisdicción de San Justo, en la provincia de Santa Fe. Estimaron que el destino de la aeronave podría ser cercano a Venado Tuerto, Santa Fe o Rosario.
La investigación del fiscal Rodríguez detectó que Casco y Megarejo, quienes se mantienen prófugos, tuvieron participación en el caso de la avioneta con otros actores, incluido personal policial que encubría estos grupos delictivos.
A su vez se determinó que ambos formaban parte de un conglomerado de sociedades del mismo tipo que presentaba características similares y entrelazadas entre sí, lo que derivó en una nueva investigación. Para el fiscal, hay dos hechos delictivos que están conectados. Por un lado la utilización de sociedades comerciales, puntualmente SAS, como vehículos financieros con el objetivo de blanquear el dinero ilícito originado en el narcotráfico y la existencia de una asociación ilícita tributaria.
Además se verificó un hilo conductor entre Casco y Melgarejo, sus socios en distintas personas jurídicas y Ariel “Guille” Cantero, líder de Los Monos. Para el fiscal, el encarcelamiento de los referentes del negocio del narcotráfico, el reordenamiento del negocio ilegal y sus mecanismos para legitimar activos ilícitos pudieron generar la selección de otra variante para blanquear activos y se planteó la hipótesis de la utilizacion de SAS o SRL y cuentas bancarias asociadas.
Para el fiscal Rodríguez, entre marzo 2018 y abril de 2020 se conformaron sociedades destinadas a cometer delitos tributarios indeterminados a través de Sociedades por Acciones Simplificadas y personas físicas que en su conjunto emitieron 8.544 facturas por un total aproximado de 731.485.352 pesos, a pesar de no tener capacidad operativa, técnico-económica y financiera que beneficiaron a 1.381 contribuyentes en distintos puntos del país.
Hay una primera tanda de integrantes que formaron la etapa constitutiva de las SAS y una segunda que se dedicó a materializar la emisión de facturas apócrifas. Para el fiscal, hay una asociación ilícita de alcance interjurisdiccional dedicada a la creación de “usinas de facturas apócrifas”, integrada por personas físicas y jurídicas.
La prueba del caso permitió reconstruir la existencia de una red de relaciones entre ellas, a partir la repetición de socios en las distintas sociedades, sus administradores, representantes legales. También las direcciones IP utilizadas para emitir facturas se repiten y el uso de las firmas digitales o electrónicas. En el caso de las primeras se detectó la utilización de un sistema conocido como Proxy para redireccionar la IP, es decir que a través de un procedimiento informático simulaban la real dirección o número de identificación del usuario. Mientras que otra parte de la facturación se hacía desde una IP sin Proxy y se identificaron 4 direcciones de IP de las que se emitían facturas electrónicas.
Según se determinó en la pesquisa, el capital social no era compatible con la naturaleza y características de las actividades declaradas en el objeto social. Según Afip, estas empresas no contaban con personal ni bienes muebles o inmuebles para llevar adelante la actividad denunciada ni contaban con acreditaciones bancarias que guarden relación con la facturación. Además algunos de los domicilios comerciales son inexistentes y otros no tienen vinculación con la actividad objeto de la firma.
La investigación concluyó que algunos domicilios ubicados en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, tienen vinculación con posibles puntos de venta de droga al menudeo, asociados con la banda de Los Monos. A modo de ejemplo se citó el domicilio ubicado en Melián al 6400, en barrio La Granada, vinculado con el clan Cantero.
Para la Fiscalía, se puede inferir que se utilizó dinero proveniente del narcotráfico para la constitución de estas firmas o para la adquisición de cuotas societarias y no se constató actividad lícita en ellas. A lo que sumó la disponibilidad de importantes sumas de dinero, por ejemplo la constitución de plazos fijos sin tener como justificarlos.
Creadas para delinquir
La investigación detectó 32 sociedades de acciones simplificadas y 15 personas físicas que emitieron facturas en estas condiciones. La herramienta preponderante que se utilizó para crear estas “usinas de facturas apócrifas” fueron las Sociedades de Acciones Simplificada, describió Rodríguez.
“Las Sociedades por Acciones Simplificada (SAS) son un fraude; se crean en 24 horas, se usan y se tiran. Son un modelo para enmascarar sociedades ficticias”, dijo en septiembre del 2020 Nissen ante la comisión Legislación General de la Cámara de Diputados.
“La normativa regulatoria de las SAS ha recibido severos cuestionamientos por constituir un instrumento con potencialidad para ser utilizado con fines ilícitos, en tanto habilita su creación en el plazo de 24 horas a partir de requisitos simples y exiguos, empleando para ello estatutos modelos, previendo un trámite expedito de muy bajo costo, y requiriendo un capital mínimo equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles, del cual sólo se exige la integración del 25 por ciento al momento de la constitución”, agregó Nissen, leyendo la resolución del juez federal Marcelo Bailaque.
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