La detenida líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, aseguró hoy que se lastimó el estómago con una tijera porque está “podrida” de que la “llenen de causas” judiciales en su contra, ante lo cual reconoció que con ese acto se quiso “matar”.
“Me punteé el estómago. Estoy podrida de que me llenen de causas y que nadie haga algo. Estoy bastante triste, esto es de nunca terminar. Estuvieron durante un año inventándome causas. Da muchísima bronca”, sostuvo la referente del Frente para la Victoria.
En diálogo con Radio Rebelde, la legisladora electa del Parlasur admitió que intentó suicidarse cuando la notificaron de que le habían iniciado tres causas judiciales más que se suman a las que ya venía enfrentando.
“Me quise matar cuando me enteré que tenía tres causas más”, afirmó Sala, quien insistió en que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, la “quiere muerta y hay gente que se está prendiendo en esa”.
En este sentido, denunció que “han pagado a una mujer 500 mil pesos” para que la “siga continuamente en el penal” y agregó: “Me dijo que si afuera no me mataron, me iba a matar ella acá adentro. Cuando yo dije el asunto salieron a responder que tienen orden de arriba. Imaginen de quién”.
Al continuar con su relato de lo ocurrido en los últimos días, afirmó: “Los samurais se mataban porque preferían matarse ellos a que los maten los enemigos”.
Sin embargo, Sala se mostró arrepentida por el intento de terminar con su vida en el Penal de Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy, donde se encuentra detenida desde hace más de un año: “Pido disculpas por mi arrebato desde mi profundo corazón de coya”.
Finalmente, ratificó que sus heridas fueron producto de un intento de suicidio y negó que haya habido una riña con otras reclusas para dirimir el liderazgo de la unidad penitenciaria: “Nunca fue una pelea para liderar. Estoy escribiendo un libro, estoy leyendo. No me interesa un pepino liderar”.
“No me lastimé tanto porque me agarraron y me sacaron las tijeras, pero sí me lastime”, finalizó Milagro Sala.
Informe de EE.UU. incluye a Sala pero “no hay presos políticos”
El gobierno de Estados Unidos incluyó la detención de Milagro Sala en el capítulo referido a la Argentina del reporte anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado, aunque también señaló que “no hay informaciones de presos políticos”. Asimismo, el área comandada por Rex Tillerson resaltó que durante 2016 las autoridades judiciales “acusaron y procesaron a varios funcionarios del gobierno actual y anteriores que habían cometido abusos durante el año, incluyendo una serie de investigaciones contra altos funcionarios del gobierno anterior”.
Como todos los años, el Departamento de Estado publicó su Informe sobre los derechos humanos de 2016 y en el capítulo de la Argentina se resaltó que los “principales problemas” son “los múltiples informes de corrupción, de tortura por la Policía Federal y provinciales y de violencia de género”.
También se incluyó en ese ítem “el uso excesivo de la fuerza de la Policía, las condiciones severas de prisión, el arresto y detención arbitrarios, la detención preventiva prolongada, la ineficiencia judicial, el abuso infantil, el antisemitismo, la discriminación e infracciones de los derechos de los indígenas, el tráfico sexual, el trabajo esclavo y el trabajo infantil”. En el apartado sobre “Arresto o detención arbitraria”, el gobierno de Donald Trump manifestó: “La ley prohíbe los arrestos o detenciones arbitrarias y el gobierno generalmente cumplió esas prohibiciones”.
Sin embargo, puntualiza que el pasado 21 de octubre el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas “reclamó la liberación de la activista social Milagro Sala opinando que su detención preventiva era arbitraria”. Y detalla: “El 16 de enero (de 2016) las autoridades arrestaron a Sala por liderar una protesta contra las reformas al gasto social tomadas por la Gobernación de Jujuy. Inicialmente, las autoridades imputaron a Sala por sedición; sin embargo, el fiscal de Jujuy después dejó caer el cargo por sedición y la imputó de asalto, fraude y malversación de fondos públicos”.
Y agrega: “ONGs internacionales criticaron la detención y la Gobernación provincial rechazó la opinión del Grupo de Trabajo. El 28 de diciembre un juzgado federal condenó a Sala por daños materiales agravados y la sentenció a una pena de tres años de prisión condicional. El 29 de diciembre, Sala fue condenada por un tribunal estatal de cargos por disturbios civiles. Ella fue multada con 4.363 pesos (235 dólares) y se le prohibió ocupar cargos en cualquier organización civil”. A pesar de la mención del caso de la líder de la Tupac Amaru, en el reporte del Departamento de Estado se manifiesta que “no hay informaciones de presos políticos”.
De esta manera, la detención de la diputada electa del Parlasur sigue en la agenda internacional, tal como sucedió recientemente en el viaje del presidente Mauricio Macri a España cuando legisladores de Podemos le reclamaron su liberación inmediata.
Publicarán detalles de indemnizaciones de ex presos políticos
El gobierno publicará en las próximas semanas los detalles de las indemnizaciones que brinda el Estado a expresos políticos, exiliados y familiares de desaparecidos desde 1955 hasta 1983, ya que entendió que se trata de información que involucra “manejo de fondos públicos” y por lo tanto “no debe estar exenta del control del accionar de los ciudadanos”.
Durante años, el Ministerio de Justicia había recibido pedidos de información hechos por particulares o entidades para conocer “los beneficios indemnizatorios previstos en las citadas leyes reparatorias”, que habían sido rechazado por considerar que se trataba de datos “sensibles”.
Sin embargo, el jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Esteban Conte Grand, firmó una resolución en la que señala que “resulta oportuno disponer la publicación –en la página web institucional de este Ministerio– de la parte dispositiva de todos los actos administrativos dictados por el titular de esta cartera de Estado, con excepción de aquellos que expresamente hayan sido declarados «reservados» y/o «secretos», con la debida precaución de no divulgar información que revele datos sensibles en los términos de la ley número 25.326”.
En ese sentido, el funcionario nacional explicó al portal Infobae que las decisiones administrativas que se darán a conocer serán las firmadas desde 2004, ya que a partir de ese año comenzaron a digitalizarse dichos documentos.
Asimismo, Conte Grand le pidió al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, que disponga “la coordinación, elaboración y actualización de la base de datos correspondiente a beneficiarios de las denominadas leyes reparatorias”, en alusión al decreto 1.259/03 y las normas 24.043, 24.411, 25.192 y 26.564.
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