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Mentiras abortistas

Es un mito que la legalización del aborto erradicará las prácticas clandestinas.

Uruguay ha legalizado el aborto que se practique hasta la 12ª semana del embarazo. El presidente José Mujica ha promulgado, alborozado (¡como buen progresista que se precie de tal!), la norma en cuestión. Al margen del tema de este trabajo, ¿será el mismo progresismo que lo impulsa a afirmar, en recientes declaraciones, que a él no le preocupa tanto la adicción a las drogas sino el narcotráfico? Un mandatario a quien no le preocupa que los jóvenes de su país sean adictos, ¿puede ser considerado progresista? ¿Qué pensarán, por dar solo un ejemplo, las “madres del paco” de la despreocupada agenda social del presidente oriental?

Dejemos ese tipo de preguntas para concentrarnos en el tema de fondo que pasa por la legalización del aborto, no sin antes aclarar una cuestión conceptual. Afirmar que se trata de una “interrupción voluntaria del embarazo” es la primera de muchas falacias del discurso abortista, porque lo que oculta esa media verdad (que es una forma de mentir) es que una tal interrupción voluntaria se concreta materialmente con el descuartizamiento de un ser humano, pequeño sí, pero muy real. Si existieran dudas al respecto, basta con recurrir a cualquier buscador de internet y hacer realidad aquello de que “una imagen vale más que mil palabras”.

Suele repetirse a modo de latiguillo o lugar común, que se asume y repite al infinito como una suerte de dogma laico, que “con la legalización del aborto desaparecen los que se realizan en la clandestinidad”. La realidad en aquellos países que mucho antes que Uruguay legalizaron la práctica indica todo lo contrario. Y es hasta cierto punto de toda lógica que, pese a legalizar el aborto faenado hasta la 12ª semana de embarazo, los abortos clandestinos continúen y no disminuyan demasiado.

En tren de reflexionar sobre este aspecto, cabe recurrir a un argumento utilizado a menudo por los abortistas, que es que cuando una mujer ha decidido abortar no la frenan ni las leyes ni nadie. Pues bien, ¿acaso una mujer cuyo embarazo excede el plazo legal pero está determinada a abortar de todas formas va a desistir de su decisión? No debe olvidarse que entre que la mujer nota un retraso, confirma que está embarazada, y toma finalmente la decisión de abortar, el plazo de tres meses transcurre rápidamente. Es probable que, siguiendo los preceptos de la ley uruguaya, en el hospital al que concurra la mujer alguien del personal sanitario le comunique, por ejemplo, que su gestación excede en algunas semanas el plazo legal y que por lo tanto no se le podría realizar el aborto solicitado. Hipótesis 1: la mujer decide entonces volver a su casa y continuar con el embarazo; no es fácil imaginar cómo se lo explicará a su hijo en algunos años. Hipótesis 2 (quizás la más probable): alguien, acaso personal del mismo hospital, le sugiere que a unas pocas cuadras de allí “se lo pueden sacar” por algunos pesos pero “sin papeles”, es decir, sin dejar registros de ningún tipo. “Como se hacía antes”, podría agregar la hipotética persona de solidaria sugerencia.

Pero es un hecho que en los países en donde se ha legalizado el aborto “hasta la 12ª semana del embarazo” ello no elimina los clandestinos, por la sencilla razón de que superado ese plazo si una mujer se decidió por eliminar al hijo que lleva en su vientre lo va a hacer y, cómo no, siempre habrá una mano “solidaria” dispuesta a ayudarla, por una módica suma de dinero.

Y dado que la legalización del aborto por el sistema de plazos, es decir que hasta determinado momento del embarazo se lo puede interrumpir sin problemas, no evita la realización masiva de los clandestinos por fuera del sistema de salud, de ello se sigue que tampoco desaparecen las muertes de mujeres que habiendo consentido la realización del aborto, lo hicieren en pésimas condiciones de higiene. Pero esta otra realidad inocultable no forma parte del discurso abortista y mucho menos de la agenda de las autodenominadas organizaciones feministas, que jamás recogen el guante en estos “detalles”.

Consecuencia de lo anterior es que en los países que décadas atrás comenzaron con esta legalización por plazos y adoptaron la arbitraria línea de las 12 semanas (¿con qué criterio decide el Estado que quien tiene 12 semanas y un día es una persona que puede vivir y, en cambio, a quien tiene 11 semanas y seis días se lo trata como un montón de células eliminables?) finalmente terminan legalizando cualquier aborto en cualquier momento del embarazo, consagrando así un presunto derecho absoluto de la mujer, no ya a disponer de su propio cuerpo sino sobre un cuerpo enteramente ajeno.

Es poco probable que la solución al drama del aborto pase por desconocer que se realizan y que a raíz de ello mueren mujeres junto a sus hijos. Pero es un mito afirmar que su legalización erradica la realización de abortos clandestinos y disminuye la consecuente mortalidad materna.

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