Ezequiel Nieva
En votación dividida, el Senado provincial dio media sanción este jueves a la Ley de Necesidad Pública que incluye la declaración de emergencia hasta el 31 de diciembre de 2020 en seis áreas: social, alimentaria, sanitaria, de las contrataciones públicas, financiera y de seguridad. Después de largas negociaciones, no hubo acuerdo entre el oficialismo y la oposición, por lo cual se cayó la posibilidad de lograr un texto de consenso, lo que vuelve incierto el futuro del proyecto en la Cámara de Diputados, donde el Frente Progresista tiene mayoría.
Votaron a favor del proyecto los 11 senadores del PJ presentes: José Baucero, Cristina Berra, Alcides Calvo, Marcos Castelló, Guillermo Cornaglia, Joaquín Gramajo, Marcelo Lewandowski, Rubén Pirola, Eduardo Rosconi, Osvaldo Sosa y Armando Traferri (no estuvo Ricardo Kaufmann). Se abstuvieron dos integrantes del bloque de la UCR (Leonardo Diana y Hugo Rasetto) y votaron en contra los otros cuatro radicales presentes: Rodrigo Borla, Orfilio Marcón, Felipe Michlig y Lisandro Enrico (tampoco estuvo en la sesión el senador Germán Giacomino).
Por las diferencias persistentes respecto del texto original, el bloque de la UCR elaboró su propio dictamen de minoría y, antes de la votación, el senador Michlig pidió que se adjunte al proyecto con media sanción para ser enviados en conjunto a la Cámara de Diputados. Allí comenzará el segundo capítulo de la batalla política entre el PJ y el Frente Progresista, cuya mayoría impuso su criterio a fines de diciembre y mandó al archivo el primer proyecto de emergencia enviado por el gobernador Omar Perotti. Ahora la situación no es la misma y los propios intendentes del Frente Progresista vienen reclamando la Ley de Necesidad para conseguir recursos para sus localidades. Final abierto.
El proyecto
A través de la Ley de Necesidad Pública, la provincia de Santa Fe adhiere a la ley de emergencia nacional sancionada en diciembre de 2019 por el Congreso a pedido del presidente Alberto Fernández.
Entre los principales puntos del proyecto que tuvo media sanción, el miembro informante del PJ (Alcides Calvo) consignó los siguientes:
* Un programa de emergencia alimentaria para el cual la provincial podrá tomar un crédito de hasta 2500 millones de pesos.
* Un programa de fortalecimiento sanitario, también por 2500 millones de pesos, para el sistema de salud pública.
* Un régimen de regularización de deudas que quedaron fuera de la moratoria impositiva vigente (tasa bromatológica, multas y servicios sanitarios, entre otros).
* Para saldar deuda flotante (con proveedores) y deudas con contratistas de obras públicas, la provincia podrá negociar un crédito de 6000 millones de pesos. Con esos recursos se ofrecerán a los acreedores “papeles negociables” (pagarés o cheques diferidos) para cancelar las deudas. De esa cifra, 1600 millones de pesos se destinarán a municipios y comunas. Con esa deuda se busca bajar el déficit financiero de 2019, que fue de 18.000 millones de pesos.
* Se faculta a la EPE a buscar mecanismos para refinanciar la deuda que mantiene con la mayorista nacional Cammesa, que asciende a 2700 millones de pesos.
* Para recomponer el Fuco (Fondo Unificado de Cuentas Oficiales), se autoriza a la provincia a tomar un crédito por 16.000 millones de pesos: un primer tramo de 8000 millones y luego dos tramos de 4000 millones previa autorización de la comisión legislativa de seguimiento.
* Ante la situación delicada de los municipios y las comunas, la mitad de las deudas que mantiene la provincia en concepto de Fondo de Obras Menores de 2018 y 2019 podrán destinarse a gastos corrientes.
* De la partida de Obras Menores de 2020 (1995 millones de pesos), los municipios y comunas podrán destinar el 25% para gastos corrientes.
* Se crea régimen transitorio de asistencia financiera a municipios y comunas por 3500 millones de pesos. De ese total, 300 millones corresponden a un programa de saneamiento financiero para los municipios de segunda categoría y comunas. Del resto (3200 millones), el 60% (1900 millones) se distribuirán entre Rosario (1400 millones) y Santa Fe (500 millones), el 30% para los municipios de segunda categoría y el 10% restante para las comunas.
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