Guillermo Correa
El año pasado cada 14 horas murió un trabajador durante el desempeño de sus tareas. Así lo reveló el relevamiento, el segundo a nivel nacional que realiza el espacio Basta de Asesinatos Laborales, que será presentado este viernes. Según confirmó la entidad, los decesos, que escalaron a 500 anuales, se produjeron por “causas evitables”, por trabajar en condiciones precarizadas.
“En esta ocasión se redobla el esfuerzo y el desafío: no sólo se relevaron con mayor exhaustividad los asesinatos, sino que se logró incluir buena parte de aquellos perpetrados sobre trabajadoras y trabajadores no formales, a la vez que se comenzó a trabajar con casos de enfermedades laborales”, marcó la organización en un comunicado.
El Informe se elaboró a partir de los datos relevados por el Observatorio que la organización puso en marcha en 2018 para realizar el recuento de los “mal llamados accidentes laborales”.
A mitad de diciembre de 2018, BAL emitió el Primer Informe Anual de Asesinatos Laborales, tras haberse formado reuniendo a compañeras, compañeros y familiares de trabajadoras y trabajadores que murieron en sus puestos de trabajo.
“El planteo es claro: las muertes en los puestos de trabajo se deben a la reducción de costos en salud y seguridad por parte de las empresas, la desidia en el control por parte del Estado y la complicidad de las burocracias de los sindicatos. Por esta razón, el espacio plantea que, si pudieron evitarse, no son accidentes, son asesinatos”, marcó entonces el espacio a modo de declaración fundacional.
En realidad, las reuniones y colaboraciones habían comenzado antes: “El 9 de septiembre de 2016, sólo en la ciudad de Buenos Aires, fueron víctimas de asesinatos laborales los trabajadores David Ramallo, de la línea 60; Diego Soraire, del Inta, y Richard Alcaraz en una obra en construcción en Villa Crespo. A raíz de estos casos comenzó a tomar forma el espacio Basta de Asesinatos Laborales, que convocó a familiares y compañeros y compañeras de trabajo de las víctimas para exigir justicia por esas «muertes invisibles»”, destacó la entidad en formación.
“Poco a poco comenzaron a sumarse otras organizaciones de trabajadores/as cansados/as de ver morir compañeros/as por la negligencia patronal –como el caso de los Municipales de Avellaneda, quienes cuentan con 4 muertes en los últimos años–”, destacaron miembros de BAL, cuya finalidad es clara: “Luchar y exigir justicia para las víctimas, visibilizando las muertes laborales y creando espacios de formación en materia de condiciones de trabajo”.
Así lo había hecho en Rosario, a menor escala y especialmente focalizado en el sector de la construcción, el trabajador Narciso Canteros, que con su organización Manos a la Obra impulsó el cumplimiento de condiciones de seguridad cuando las obras en construcción en la ciudad habían sido escenario de una sucesión de víctimas fatales que alcanzó una docena en 2010, en pleno boom inmobiliario.
A una década de que Santa Fe implementara una comisión tripartida de Estado, empresas y trabajadores, que en dos años redujo prácticamente a cero los siniestros laborales en el sector local de la construcción, BAL empuja el tema a nivel nacional y general, tras cuatro años de deterioro de los puestos laborales y condiciones salariales en casi todos los sectores. La urgencia planteada por el espacio es que, en el colectivo laboral, las muertes tienen un índice superior a todas las otras, incluyendo siniestros viales.
Emblemas
El primer informe de BAL desglosó las cifras generales de fallecidas y fallecidos por rama de actividad, por zona geográfica y por franja etaria. Uno de los datos que surgió como general es “la fuerte tendencia a la precarización laboral a la que está sometida la franja más joven de los/las trabajadores/as, así como también las ramas de la construcción y el transporte, las más afectadas por los mal llamados accidentes laborales”.
El primer informe también incluyó casos emblemáticos de muertes laborales como las de Sandra y Rubén en una escuela de Moreno, provincia de Buenos Aires, al explotar una garrafa, y los 9 trabajadores pesqueros del buque Rigel, en Mar del Plata, entre más. Uno de los casos retratados aparte también fue el de Fabián Tomasi, muerto por la exposición a los agrotóxicos en la empresa Molina, en Basavilbaso, Entre Ríos, tras años de padecimientos crónicos.
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