La Afip anunció que cerró un año increíble. En momentos de crisis internacional, logró aumentar la recaudación tributaria en más de 13 por ciento, aseguró el titular del organismo, Ricardo Echegaray.
Con estos datos, sin embargo, y cuando para este año la perspectiva es aún mejor ya que se espera que los ingresos superen más de 15 por ciento las cifras de 2009, el problema fiscal continúa. Mientras que la recaudación crece impulsada por la inflación y los aportes que antes iban a las Afjp y hoy, ya nacionalizadas, llegan al Estado, el gasto público crece a razón de 30 por ciento, por encima de todas las recomendaciones. Y las últimas decisiones en materia económica no parecen tendientes a controlarlo.
El tema del fuerte crecimiento del gasto público es el fondo del conflicto que comenzó a vivirse la semana pasada en el Banco Central, con el alejamiento momentáneo de Martín Redrado, y ya antes incluso, con el Decreto de Necesidad y Urgencia que intenta crear el Fondo del Bicentenario compuesto con unos 6.500 millones de dólares de reservas del BCRA.
Los economistas coinciden en que el uso de ese dinero esconde las dificultades de financiamiento para 2010, en parte por haber engrosado el gasto. Y las sospechas son que en un año de campaña electoral, se utilicen aún más discrecionalmente los fondos públicos que durante los últimos años.
El problema más grande, como explica el economista Nadin Argañaraz del Iaraf, es que “hay una dificultad creciente de sostener su financiamiento sin crear condiciones negativas para la estabilidad y los niveles de actividad económica”.
Este economista realizó un análisis del gasto en los últimos años. Entre los resultados puede apreciarse que luego de alcanzar un máximo en 2001, la devaluación del peso y la caída de las posibilidades de financiamiento bajaron el gasto en 2002 (considerando el consolidado de Nación y provincias).
El tamaño del Estado, así, creció del 2002 al 2009, prácticamente 50 por ciento, pasando del 22 por ciento del PBI al 33 por ciento del PBI en el último año. Significa que en promedio, el tamaño del Estado creció a un ritmo anual de casi el 7 por ciento en este lapso.
Según se muestra en el trabajo del Iaraf, el Gobierno nacional mantuvo constante su participación hasta 2005, momento a partir del cuál el gasto crece a alta velocidad. Al final del período habría terminado aumentando su tamaño por encima del gasto provincial.
¿Cómo fue posible? Argañaraz explica que la contratara del gasto público es la presión tributaria (actual o futura), según si existe disponibilidad de financiamiento voluntario. “Tarde o temprano un nivel de gasto público debiera ser financiado con el pago de impuestos por parte de los contribuyentes. La imposibilidad de endeudamiento voluntario de los últimos años hizo que la presión tributaria debiera crecer casi al mismo ritmo del gasto, dejando las fuentes de financiamiento Intra-sector público internas como medios para manejar los vencimientos de deuda que iban ocurriendo”, asegura. De hecho, el crecimiento de la presión tributaria consolidada Nación-Provincias también creció un 50 por ciento respecto a la economía en los mismos 7 años.
Algunos datos generales muestran hacia donde estuvo dirigido el gasto en los últimos años. El que más aumentó (en términos de la economía) es la inversión real directa. Explicó casi la cuarta parte del aumento del tamaño del Estado en los últimos 7 años. Le sigue el gasto en personal, con prácticamente otra cuarta parte. Los subsidios al sector privado explican casi la quinta parte del aumento. La seguridad social va en cuarto lugar con algo menos de la sexta parte.
El gobierno encuentra argumentos para todos los incrementos y de hecho, así mencionados son comprensibles. Inversión pública necesaria en época de crisis que paraliza la privada, aumento a los salarios de estatales cuando hay inflación, subsidios para que no aumenten las tarifas de servicios públicos, son algunos de ellos.
Pero, como se vuelve atrás de este avance impresionante en el gasto. ¿Es sostenible el financiamiento del nivel de gasto existente? Para Argañaraz, “excepto la inversión real directa, el resto de gastos tienen una alta dosis de inflexibilidad y es ahí donde aparece el peligro de que si se pretende disminuirlos deba tener que recurrirse a vías indirectas como lo es una devaluación de la moneda, con consecuencias negativas tanto económicas como sociales.
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