Los fiscales de Delitos Complejos Matías Edery y Luis Schiappa Pietra continúan desentrañando el raid homicida que le atribuyen a Mauricio Jesús Laferrara, un joven oriundo de barrio Plata, considerado brazo ejecutor de las órdenes de Esteban Alvarado en lo que comienza a develarse como una guerra contra la banda Los Monos. Este lunes, Laferrara escuchó por videoconferencia el pedido de prisión preventiva en su contra, formulado desde una sala de los viejos Tribunales de Pellegrini y Balcarce, luego de que se evaluara que su seguridad corría peligro si era trasladado para presenciar la audiencia. Para los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación, la evidencia que compromete al imputado, hijo de un viejo hampón enemistado con el clan Cantero, es sobrada y por ello pidieron el plazo máximo de ley previo a un futuro juicio. La jueza Valeria Pedrana valoró el caudal probatorio y aceptó el pedido fiscal.
A sus 23 años Mauri Laferrara, según una versión apodado Caníbal, tiene la ficha de antecedentes condenatorios en blanco, pero ya se ganó un lugar en la historia de la crónica policial como un gatillero de sangre fría. El miércoles en una extensa audiencia los fiscales enumeraron la evidencia que lo ubica como autor de –por ahora– seis crímenes resonantes.
Como dio cuenta El Ciudadano en ediciones anteriores, estos son la triple ejecución de Granadero Baigorria de abril de 2018, donde murieron Gerardo “Abuelo” Abregú y los hermanos José “Grasita” y Ezequiel “Parásito” Fernández, trío que según la hipótesis fiscal, tenía la tarea de atentar contra Alvarado, pero éste se anticipó a la jugada y pagó 250 mil pesos a Laferrara para que los neutralice. Otro es el secuestro de Cristian Enrique en Cabín 9, quien apareció desfigurado y muerto en noviembre pasado, al parecer en represalia por intentar matar a Jorge Laferrara, el padre de Mauri. La imputación sigue con el rapto y homicidio del prestamista Lucio Maldonado, por el que también está acusado Alvarado como instigador, quien habría tenido un diferendo con la víctima por un negocio inmobiliario. Además Mauri junto a su primo Ángel “Rastrillo” Bini, un policía en disponibilidad, está acusado de participar en un ataque a balazos a la distribuidora de su propio tío César “Manco” García que terminó en el crimen de Cristian Belis y varios heridos, entre ellos el Manco, quien quedó hemipléjico: una teoría es que no le quiso vender su local al Esteban y por eso fue atacado. También acusan a Caníbal de ser parte de una asociación ilícita con varios estamentos comandada por el propio Alvarado, con pasado en la piratería del asfalto y que, según la fiscalía, erigió un imperio económico y patrimonial a base de actividades delictivas con fachada legal y complicidad policial.
Declaraciones de testigos reservados, pinchaduras telefónicas, mensajes de celulares secuestrados, grabaciones de cámaras de vigilancia, peritajes de armas y estudios forenses componen la evidencia de la Fiscalía contra Mauri y Rastrillo. “Investigamos homicidios que se dan en el marco de organizaciones criminales; son delitos netamente del fuero provincial”, le contestó Schiappa Pietra al abogado defensor Ezequiel Torres, quien solicitó que la causa sea remitida al fuero federal. El letrado expuso que su defendido no participó de la saga criminal y que las muertes se dieron en torno de “disputas narco”. Pero ese planteo no hizo mella en la resolución de la jueza Pedrana, que cerró la audiencia dictando la prisión preventiva y rechazando el planteo de incompetencia. Laferrara quedó alojado en Piñero, donde también está Alvarado.
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