Silvio Waisbord (*)
La pandemia muestra una paradoja esencial de la comunicación pública contemporánea: la expansión de oportunidades para la expresión y la crítica dificulta la existencia de normas comunicativas y epistemológicas comunes que hagan posible la emergencia de discusiones y acuerdos sobre bienes públicos.
Las fracturas revelan enormes dificultades para enfocar problemas colectivos sobre principios comunes de comunicación y conocimiento legítimo. Asimismo, refleja la puja entre una visión orientada hacia el bien común y el negacionismo de la salud pública mezclado con un individualismo exacerbado.
El cuestionamiento de la experticia sanitarista no solamente refleja el caos epistémico de la posverdad (Holst & Monlander, 2019). Ilustra los problemas comunicativos para el ejercicio de la razón pública en la consecución de bienes comunes.
Los desafíos no se limitan a los problemas de la modernidad tardía diagnosticados por Jürgen Habermas y otros críticos: la colonización de la razón pública por lógicas mercantiles y partidarias, más el dominio tecnocrático sobre voluntades ciudadanas y voces alternativas.
A estos problemas se suman ecologías comunicativas con quiebres epistemológicos y esferas públicas predispuestas a la desinformación.
La posibilidad de la razón colectiva enfrenta oportunidades y peligros (Jasanoff & Simmet, 2017), en tanto cualquier institución que produce conocimiento esencial sobre problemas públicos – la ciencia, el periodismo, las organizaciones de la sociedad civil y las agencias oficiales— puede ser cuestionada por lógicas de sentido desprendidas de verificación empírica o documentación.
Cuando no existe consenso sobre normas de racionalidad y acción comunicativa, la experticia enfrenta dudas y oposición armada de opiniones, convicciones y dogmas. Esto es preocupante en tanto cualquier proyecto para la resolución de problemas colectivos, como la pandemia o la crisis climática, demandan acuerdos comunicativos que posibiliten diálogos, diagnósticos y soluciones con significativos apoyo y consenso.
La pandemia sugiere que, lejos de facilitar la racionalidad como recurso colectivo, la situación de posverdad propicia el irracionalismo.
Entiendo el irracionalismo como “el asombro pagano sobre fuerzas ilimitadas e ininteligibles, la mística de la sangre y la raza, la abrogación de la responsabilidad individual y el anti-intelectualismo” (Lowenthal, 1987, p. 42).
El irracionalismo limita el conocimiento a lo inmediato y existente y resiente el intelecto (Adorno, 2000). Niega la posibilidad del conocimiento del mundo.
Como fenómeno político, el irracionalismo se opone a las instituciones de la experticia basada en el modelo científico. Desecha el pensamiento crítico. Perpetúa el caos en tanto rechaza la búsqueda de consensos de conocimiento. Fomenta el nihilismo. Aprovecha la incertidumbre propia de la ciencia para polarizar temas públicos. Desvirtúa la búsqueda de la “verdad” como una cuestión puramente subjetiva. Descarta la necesidad del diálogo en la diferencia.
La pandemia ilustra los peligros del irracionalismo político que rechaza la razón pública como proceso colectivo de reflexión y decisión y saberes técnicos/científicos indispensables para enfrentar problemas comunes.
Su resurgimiento en el escenario político-comunicativo actual, especialmente asociado a la extrema derecha y los populismos y sus espacios mediáticos, refleja las dificultades para enfrentar problemas de bienes comunes.
¿Cuáles condiciones reducen las posibilidades que la posverdad y el irracionalismo político dinamiten la resolución de problemas comunes?
Aunque es temprano para sacar conclusiones sobre correlaciones entre desempeño nacional en controlar la pandemia y variables múltiples (políticas, económicas, sistemas de salud, socioeconómicas), la evidencia disponible sugiere que una menor polarización política (especialmente en países con mayor calidad de gobernanza) posibilita acuerdos basados en recomendaciones sanitaristas con significativo apoyo público.
Sin embargo, las posibilidades para la despolarización son complejas. La pandemia no necesariamente modifica los factores que explican la polarización política, sino que está presa de las mismas dinámicas que impulsan dicha polarización (Peruzzotti & Waisbord, 2021).
Asimismo, si los liderazgos demagógicos son parte central del problema de la desinformación, y considerando la importancia de la información oficial en ciclos informativos, los gobiernos que atienden a recomendaciones sanitaristas ofrece mejores condiciones.
Recordemos que la desinformación fundamentalmente “viene desde arriba”. Y es alimentada por elites políticas y medios que tienen un rol descollante en la generación de noticias más que por simples ciudadanos con conexión digital.
Sociedades con una tradición de sistemas públicos de radiodifusión y periodismo de calidad sumada a altos niveles de confianza ciudadana en las instituciones (incluidos los medios) están mejor equipadas para mitigar los efectos perjudiciales de la desinformación.
Estudios recientes sugieren que países con estas condiciones son menos proclives a sufrir los efectos tóxicos de la desinformación y la demagogia populista (Humprecht, Esser & Van Aelst, 2020). Tales condiciones no garantizan defensas frente a la mala información y la desinformación, pero son recursos para enfrentar distopías informativas articuladas en movimientos negacionistas y la propaganda oficial.
Es importante recordar que la desinformación está ligada no únicamente al irracionalismo, sino también a la lógica del poder reñida con la verdad. Hannah Arendt (2000) discute la oposición inherente entre verdad política y verdad filosófica. A diferencia de la filosofía, la política no persigue la verdad.
Si bien la verdad tiene un elemento coercitivo, el poder político obedece a impulsos diferentes que apuntan a la negación y la vulneración de la verdad. De ahí, que la política vea a la verdad como competencia, como una forma de discurso que elude los intentos de subyugarla, que escapa a la aspiración política de monopolizar la construcción de la realidad. El carácter coercitivo de la verdad desafía la obsesión de la política por coaccionar al espacio público alrededor de ideas desprovistas de realidad.
Queda pendiente entender mejor las condiciones políticas y comunicativas para enfrentar la posverdad y la desinformación que anima al irracionalismo político. La pandemia refleja las enormes dificultades de la comunicación pública para combatir la desinformación y otros problemas analizados.
Es claro que las dificultades actuales van más allá de la infodemia y puedan ser corregidas con información veraz según el paradigma científico.
En síntesis, la infodemia no debe ser entendida como la simple circulación de información errónea, sino que refleja los límites sociopolíticos y culturales de la ciencia sanitarista por imponer su experticia como única guía para tomar decisiones sobre la pandemia. Lo que aparece superficialmente como un déficit informativo, posible de rectificar, está ligado a batallas sobre sentido y poder.
Los problemas son múltiples: una situación estructural que facilita la constante disputa de la verdad, la inestabilidad de la autoridad de la experticia en salud pública, la competencia entre lógicas política, médica, económica y legal, y la desinformación empeñada en desdibujar las fronteras entre realidad y mentira.
No es obvio cómo superar estas complejas condiciones. Los problemas de comunicación pública son más profundos que lo que sugiere la idea de infodemia.
Es recomendable evitar el “pensamiento mágico” y recetas únicas. Sería equivalente a insistir con usar un martillo para resolver problemas eléctricos.
La infodemia es síntoma de desafíos comunicacionales y políticos: fracturas epistémicas, formas sofisticadas de desinformación digital, la disputa sobre la autoridad de los expertos, la polarización política y el resurgimiento del irracionalismo político. Enfrentar estos problemas requiere un análisis amplio, que entienda la des/información como objeto social y político, y que pueda guiar la imaginación práctica.
(*) Doctor en Sociología, Universidad de California (Estados Unidos). Licenciado en Sociología, Universidad de Buenos Aires (Argentina)
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