A 24 horas de que se produjera el ataque balazos contra el frente del edificio del Concejo Municipal, hubo un nuevo atentado ayer por la madrugada contra tres fachadas cercanas a la sede del edificio del Ministerio Público de la Acusación (MPA), ubicado en Montevideo al 1900. Las autoridades, tanto de la cartera de Seguridad a nivel provincial y nacional junto a los funcionarios judiciales, lo atribuyeron a grupos mafiosos.
Esta última balacera es la cuarta que se registra con características similares en estos últimos diez días: el 10 de diciembre pasado ocurrió la misma situación con el frente del Centro de Justicia Penal, de Mitre al 2800, y en los Tribunales provinciales de Balcarce y avenida Pellegrini, que se suman a los 12 impactos que recibió el edificio del Concejo Municipal anteayer y que llegaron a una veintena desde mayo pasado, donde también atacaron ex viviendas de magistrados e investigadores que tuvieron intervención en la denominada megacausa Los Monos, que terminó con altas penas para los cabecillas.
A partir de esta situación, el MPA creó la Unidad Fiscal de Gravedad Institucional. En ese marco, el fiscal Regional Patricio Serjal, acompañado de los fiscales Matías Edery, Miguel Moreno y Aníbal Vescovo, dio una conferencia donde indicó que el último ataque se registró a las 0.40 de ayer cuando dos personas que se movían en motocicleta tiraron al menos siete disparos con una pistola calibre 9 milímetros que impactaron en tres fachadas linderas. Para los fiscales, la modalidad es la misma que las anteriores.
Una de las hipótesis que los funcionarios judiciales no descartaron sobre el motivo de las balaceras al Concejo al edificio del MPA es la reciente sanción de una ordenanza de los concejales rosarinos que llevó de 1.500 a 20.000 pesos las multas para los propietarios de remises truchos, que también endurece las sanciones para los choferes. “Es por los remises truchos del Casino, donde operan Los Monos”, dijo una fuente con acceso a la investigación de los ataques armados, para agregar que existe una línea de investigación sobre presuntas licencias de taxis que opera la banda de La Granada.
En la misma línea, la fuente sostuvo que “cuando les clausuramos el boliche, a las 24 horas hubo dos balaceras”. En referencia al cierre del boliche Fire, de bulevar Oroño y Uriburu, área de operación de la banda liderada por la familia Cantero, que fue cerrado por el municipio el 9 de diciembre pasado por diversas infracciones. Al día siguiente fueron baleados los Tribunales provinciales y el Centro de Justicia Penal.
El jefe de la banda, Ariel Máximo “Guille” Cantero, fue imputado en octubre pasado como autor intelectual de siete balaceras a edificios judiciales y domicilios particulares de jueces que participaron del proceso que encarceló a la cúpula de “Los Monos”. De acuerdo a la acusación, Cantero ideó y pagó por esos ataques desde la cárcel donde cumple condena a 22 años por homicidio y asociación ilícita, a la que se le sumó la sentencia de la Justicia federal a 15 años por tráfico de estupefacientes.
“Tuvimos una línea que ya se conoce (la de Los Monos) y que se formalizó en las imputaciones de octubre, no podemos descartarla, pero tampoco otras que estamos investigando y explorando”, dijo Serjal.Además, el fiscal Edery agregó: “Pedimos los diarios de sesiones del Concejo para ver qué temas se trataron y seguir posibles pistas”. Su par Moreno añadió que no descartan “que tengan vinculación con hechos anteriores, pero se están explorando nuevas líneas que se mantienen en reserva para no entorpecerlas”.
Recompensa de 2 millones
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe sumó su aporte contra las intimidaciones a las instituciones y ofreció una recompensa de 2.000.000 de pesos para distribuir entre quienes aporten datos útiles, relevantes y decisivos al esclarecimiento de los atentados perpetrados contra edificios públicos de la ciudad de Rosario entre el 10 y el 20 de diciembre. Se trata de los ataques cometidos con armas de fuego contra el Centro de Justicia Penal, el palacio Vasallo de Córdoba al 500, los Tribunales provinciales y la sede de la Fiscalía. Esta recompensa se suma al millón y medio ofrecido en mayo pasado tras los primeros ataques a las ex viviendas del juez Ismael Manfrín.
Quienes hayan sido testigos o cuenten con datos relevantes deben comunicarse a la línea gratuita 0800 444 3583, describió el comunicado del ministerio conducido por Ricardo Silberstein.
En el escrito se resalta que tanto la identidad de quienes brinden información como de quienes resulten adjudicatarios de la recompensa se mantendrán en secreto antes, durante y después de la investigación y/o el proceso judicial.
“Están desbocados”
El diputado del Frente Social y Popular Carlos Del Frade brindó su apoyo y dijo en declaraciones radiales a LT8: “Lo que pasó en el Concejo Municipal es inédito en la historia política argentina. No tengo memoria que en 35 años de democracia se haya producido una balacera en un Concejo Municipal y, mucho menos, en una ciudad como Rosario, de las características políticas, económicas, demográficas y sociales. Y lo de la Fiscalía Regional Rosario suma un elemento más de que están desbocados en esta intención de dar una especie de mensaje político”, manifestó y agregó que se comunicó con el gobernador para “ponerse a su disposición en lo que sea necesario”.
“Impunidad e inacción”
El diputado provincial de Cambiemos Federico Angelini manifestó su total repudio a los atentados ocurridos en las últimas horas. “El reiterado ataque a las instituciones demuestra la impunidad de los delincuentes y la inacción de las autoridades provinciales para garantizarnos seguridad a todos los santafesinos”, sostuvo el legislador.
“El gobierno provincial perdió la batalla contra las mafias, no sabe qué hacer con la inseguridad que recrudece en Rosario y Santa Fe. Claramente, han fracasado. Se los nota desbordados, sin saber bien qué hacer ante esta nueva ola de balaceras de mafias que, claramente, le están ganando la pulseada de poder”, expresó el referente de Cambiemos.
Comentarios