Agustín Aranda
Hace dos años 169 personas abrieron la puerta de sus casas y un policía les entregó una citación de la Justicia federal en Rosario. Les habían iniciado una causa por ser consumidores de droga de venta ilegal: cocaína, marihuana, metanfetamina, entre otras. Significaba que podían ir hasta dos años a prisión aun cuando los hayan encontrado con “una escasa cantidad y que demás circunstancias surja inequívocamente que la tenencia es para uso personal”, según define el artículo 14 de la ley 23.737 de 1989. Desde 2011, siempre según el último informe de Nación publicado en abril que abarca hasta 2016, los juzgados a cargo de Marcelo Bailaque y Carlos Vera Barros mandaron casi 200 citaciones por año a cuenta del delito de tener poco. No les importó que desde 2009 y por el fallo Arriola se despenalizó de hecho.
Este sábado en Rosario y distintas ciudades del país los usuarios de drogas de venta ilegal, cultivadores de marihuana, asociaciones de familiares y profesionales de salud vinculados al cannabis medicinal tratarán de que la Policía deje de tocar la puerta a los consumidores o los requise en tareas “preventivas”. Desde las 14 se reunirán en la plaza San Martín, de Dorrego y Santa Fe. Pedirán por una nueva ley de drogas que no penalice al uso personal, no habilite a la Policía a perseguir el autocultivo y que se cree un plan de prevención, asistencia y aborde la realidad del uso y los consumos problemáticos, entre otros puntos. El Ciudadano recuperó las opiniones de autoridades provinciales y municipales, y especialistas.
Cecilia Nieto. Titular de la Agencia de Prevención de Consumo y Tratamiento Integral de las Adicciones
“Apostamos a trabajar en la demanda y el acceso a la salud, no a penalizar el consumo. Hay que trabajar sobre la información para crear alternativas. No es una postura simple: si o no a una nueva ley de drogas. Primero hay que estudiar y tener datos cruzados con otras experiencias en otros países. En muchos casos los países que fueron por la despenalización lo hicieron a partir de diagnósticos que nosotros como país no tenemos. El mercado de la droga, el grande y el chico, es aún desconocido igual que los usos para parte del Estado. Los tres poderes tienen que cruzar la información y después discutir una nueva ley. Participé de la presentación de un proyecto de Alicia Ciciliani que planteaba antes que una nueva ley de drogas o la modificación de la actual crear un análisis de alternativas regulatorias en función de datos estadísticos de Argentina”.
Leonardo Caruana. Secretario de Salud Municipalidad de Rosario
“Es importante que avancemos en la problematización y discusión de nuevas leyes. La sociedad viene dando debates profundos y sobre paradigmas complejos. Como en el caso de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y la ley de Salud Mental necesitamos una evolución de iniciativas y nuevas formas de pensar. Como municipio avanzamos en La Estación (centro de prevención y tratamiento para consumidores) con la producción de información sobre consumo. Necesitamos tener indicadores que nos permitan evaluar los servicios y estar preparados para los debates que vengan. Decidimos no estigmatizar al consumidor ni hablar de la sustancia sino volver el foco sobre el sujeto. Nos interesa más el vínculo que establecen los sujetos con los objetos o las prácticas que la droga en sí. Es un trabajo que nos llevó a trabajar en prevención en un debate continuo con jóvenes, padres y dueños de boliches, y llevando la discusión adentro de las instituciones educativas. Queremos estar lejos de la penalización e intentar recuperar lo que puede hacer y vivir la persona. Trabajamos en reforzar una perspectiva de reducción de daños con las organizaciones para ser una alternativa asistencial integral”.
Emilio Ruchansky. Editor general de la revista THC y autor de “Un mundo con drogas” (2015).
“Lo más saliente de este año tuvo que ver con el cannabis medicinal. La ley no era lo que esperábamos, pero fue una ganancia política. Hay que transformarla en un triunfo jurídico. Hubo fallos como el de Salta (un juez permitió a una madre cultivar marihuana para el tratamiento de su hijo). Es un desafío porque el gobierno nacional no avanzó en hacer operativo el uso medicinal. Se sumaron asociaciones y organizaciones de Derechos Humanos de litigio estratégico para llevar adelante estas luchas como Asociación Pensamiento Penal (APP), Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y ADC. Desde que salió la ley de cannabis medicinal encontramos una puerta de ingreso y diálogo, pero hubo más detenciones de cultivadores. Sigue preocupante que hay personas presas por cultivar. Es claro que desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se trabaja en una línea prohibicionista y poco abierta al diálogo para una política alternativa de drogas que sea respetuosa de los Derechos Humanos. Un ejemplo fue la ministra Bullrich tildando a Holanda de narcopaís cuando tomó no la palabra del gobierno sino de la Policía que estaba en el medio de una pelea sindical con el Estado por más puestos de inspectores”.
Silvia Inchaurraga. Doctora en Psicología, directora del Centro de Estudios Avanzados en Drogadependencia y Sida de la UNR
“Los profesionales y los políticos aún tienen resistencia a ir a la marcha porque temen a la estigmatización aunque apoyan la causa y han estudiado sobre el fracaso de la guerra contra la drogas. El activismo y la apuesta a una reforma deben pensarse también con el rol que tenés en la sociedad. Es válido para todos los profesionales y trabajadores. Seguimos siendo pocos los profesionales. Una nueva ley debe contemplar todos los usos. Si alguien quiere usar marihuana o cocaína para pasarla bien no debe ser perseguido por la Policía, ni la obligación de un tratamiento. El uso medicinal ha sumado mucho, pero quizás quitó fuerza a la despenalización del resto de las drogas. Tenemos que pensar en que la lucha de todos los usos. Algo similar ocurre en los países andinos con la hoja de coca diferenciándose de la cocaína y se apoya en en la prohibición y penalización de otras sustancias. Queremos que se respeten los derechos de las personas sobre sus cuerpos y sus mentes a través de políticas legislativas en donde quede abolido la actuación represiva del Derecho Penal”.
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