Si la política fuera lineal en Venezuela, debería haber allí rápidamente un referendo revocatorio del mandato de Nicolás Maduro, instituto establecido en la Constitución chavista de 1999. El presidente, todo lo indica, podría perderlo y la oposición debería zurcir de apuro sus divisiones para preparar una campaña electoral que esta vez sí podría ganar. En tal caso, comenzaría una transición compleja, en la que antichavismo y chavismo deberían cohabitar, el primero atrincherado en los poderes Ejecutivo y Legislativo; el segundo en la Justicia, el poder electoral, las Fuerzas Armadas y en la mayoría de los estados y municipios. Pero nada es lineal allí.
Desde el triunfo de la Mesa de la Unidad Democrática en las legislativas de diciembre del año pasado, que le dieron una amplia mayoría en la Asamblea Nacional, el conflicto no ha dejado de escalar.
La mayoría opositora hizo jurar a tres diputados por Amazonas que estaban acusados de fraude, de modo de asegurarse la estratégica mayoría calificada de dos tercios, acto que fue invalidado por el Tribunal Supremo de Justicia.
Luego, el TSJ suspendió parte del reglamento interno de la Asamblea, lo que, a medida de los deseos de Maduro, limitó al cuerpo en temas sensibles como el levantamiento de la inmunidad de sus miembros y la mecánica de los debates.
Más tarde, en marzo, el Supremo declaró inconstitucional la Ley de Amnistía, hecho que mantiene entre rejas a Leopoldo López y otros políticos.
Luego, el TSJ invalidó una enmienda constitucional destinada a reducir el mandato presidencial.
La pelea por el reglamento interno, que la conducción de la AN considera su resorte constitucional, terminó en un fallo del Tribunal Supremo que directamente anuló todo lo tratado en siete sesiones que la legislatura unicameral realizó entre abril y mayo. Más relevante aún, el Consejo Nacional Electoral, tan copado por el oficialismo como la alta corte, le dio largas a todos los pasos de tramitación del referendo revocatorio, de modo de forzar su dilación para el año que viene. La puja no es menor: si se hace antes del 10 de enero, cuando se cumple la mitad del mandato, y Maduro pierde, habría nuevas elecciones. Si es más tarde, el vicepresidente lo completaría hasta 2019, con lo que el chavismo entregaría a Maduro pero no el poder.
En medio de esta pelea de poderes, el mandatario lidia con un rechazo del 70%, una economía que perderá entre 2015 y 2016 un 17%, una inflación que cerraría este año en un 700% y escasez en el 80% de los productos básicos. Encerrado, eleva la apuesta y asegura tener ya preparado un pedido a la Sala Constitucional del TSJ para eliminar la inmunidad de todos los diputados.
¿Qué legislativo pretende el madurismo? Uno que no puede sesionar con su propio reglamento, que no puede sancionar leyes y que sea el único del mundo al que una amnistía se le declara inconstitucional. Uno en el que sus diputados puedan ir presos.
En lo que entiende como una lucha a muerte por la supervivencia de la revolución, el presidente venezolano elimina incluso el único argumento de peso que le quedaba al chavismo como base de su legitimidad: ganar elecciones. Todas las polémicas, locales e internacionales, por la propensión del régimen a jugar al fleje de la legalidad, y muchas veces dos metros afuera, quedaban relativamente conjuradas ante aquella evidencia. Pero ahora, al revés que el Hugo Chávez de 2004, rehúye el paso por las urnas.
Maduro se refugia en la denuncia de un golpe en ciernes. Tiene razón en que el grueso de la oposición tuvo un rol en los lamentables hechos de 2002, algo tan cierto como que el propio chavismo surgió de una asonada militar en 1992. Pero yerra en su lectura de la realidad, ya que en la MUD hay dos sectores claramente diferenciados y hasta enfrentados entre sí: radical uno; moderado y que aprendió de los viejos errores (vaya uno a saber si por convicción u oportunismo) otro.
Con su decisión de quemar las naves y de clausurar la vía política, el presidente actúa como un bombero pirómano y no deja de darles justificaciones a los que afirman que la ruptura es el único curso de acción posible.
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