Candela Ramírez
Después de más de cuarenta años, Norma se reencontró con su hija Betiana, a quien había visto por última vez cuando apenas tenía unos meses . No es el único caso: en Argentina se estima que por lo menos tres millones de personas no conocen su verdadera identidad. No son causas vinculadas al terrorismo de Estado, época en la que la dictadura robaba bebés sistemáticamente. Son casos donde se obligó a madres a entregar a sus hijos o se las engañó y ocurrieron antes, durante y después de la dictadura. En Santa Fe, desde 2016 más de 400 personas se presentaron en el área de Derecho a la Identidad de la Secretaría de Derechos Humanos provincial para solicitar información sobre su origen o familia biológica.
Cuando Norma fue mamá por primera vez, todavía era adolescente. Fue en Rosario, a finales de los setenta. Necesitaba trabajo y consiguió uno: tenía que cuidar una casa y los chicos de esa familia. En realidad, no le pagaban pero le daban techo y comida. A Norma le dijeron que era muy joven y en referencia a su bebé le preguntaron “¿por qué no la das?”. Respondió: no. Le dijeron que era una mujer linda y que seguro alguien la iba a mirar, entonces le preguntaron de nuevo ¿por qué no la das? Respondió: no. Dijo que no muchas veces hasta que dijo que sí a algo: a que cuiden a su hija en el Hogar de Huérfano, de calle Laprida al 2100, durante dos semanas hasta que ella fuera a visitarla. Cuando fue, su bebé no estaba más.
Norma y su hija Betiana se reencontraron en junio de 2022. Su historia es una más dentro del amplio universo de adopciones irregulares y casos de apropiación de menores en Argentina. En la provincia de Santa Fe, la secretaría de Derechos Humanos a través del área de Identidad tuvo un rol protagónico para la resolución de la búsqueda. Su trabajo no busca perseguir el delito, sino, de alguna manera, reparar y que las personas encuentren su verdad familiar.
Hay varios delitos que involucran el caso de Norma y Betiana: violencia de género -física y económica-, apropiación de menor, sustitución de identidad y complicidad judicial.
Norma no nació en Rosario, sin embargo sabe muy poco sobre su origen. Sabe esto: vino con su mamá y hermanos desde Chaco, su mamá cirujeaba y vivieron un tiempo al lado de las vías del tren hasta que una mujer se la llevó a vivir con ella. No volvió a verlos ni tampoco a su papá a quien recuerda poco.
“Infancia marginal, adolescencia marginal”, sentencia Norma cuando lo cuenta hoy. En algún momento de su adolescencia, conoció a quien luego sería el padre de Betiana. Ella era menor y un juez dio permiso para que se casaran. Tenía 17 años cuando quedó embarazada, se ocupaba de las tareas del hogar en la casilla donde vivía con su marido que trabajaba todo el día en una carnicería. Era su garantía de estabilidad económica pero cada vez que regresaba, la maltrataba y la golpeaba. Las golpizas eran tan fuertes que hasta los vecinos llegaron a denunciarlo con la Policía, pero sólo conseguían que lo demoren unos días en la comisaría. Si bien Norma le tenía miedo, no tenía dónde ir. Poco tiempo después del nacimiento de Betiana, él las llevó a una pensión, les dejó algo de dinero y desapareció. No lo vieron nunca más.
Norma empezó a ir a la puerta de la Jefatura policial a pedir ayuda y a veces recibía alguna limosna de quienes pasaban por la calle. Una de esas veces, una mujer le preguntó qué hacía, por qué estaba allí con la bebé. Norma le contó y la mujer -“muy fina”, recuerda- le ofreció un arreglo: le daría techo y comida a cambio de ocuparse de las tareas de su casa y de sus hijos pequeños. Norma aceptó.
Los comentarios sobre su bebé no tardaron en llegar: “¿por qué no dejás a tu bebé en una canasta en la casa de una familia que la pueda mantener?”. Ésta y otras versiones de la misma pregunta se hicieron moneda corriente hasta que lograron convencer a Norma de que sería una buena idea dejar que cuiden a su bebé -por entonces, anotada con el nombre Alicia, no Betiana- por un tiempo en el Hogar de Huérfano, donde Norma podría visitarla hasta que pudiera ahorrar unos pesos.
Norma recuerda ese día. Recuerda la monja que la despidió con la bebé en sus brazos, la ropa que tenía puesta y el arrepentimiento que siente desde el momento en que volvió por ella y no estaba.
Inmediatamente fue a denunciar la situación a Tribunales Provinciales, en el Juzgado de Menores, donde la atendió el propio juez que no hizo más que preguntarle qué tenía realmente para darle a su hija y le informó que su bebé estaba en un lugar donde tenía “cuna y paredes pintadas de rosa”.
Norma hoy se pregunta: “Si había instituciones de madres solteras, ¿por qué no me lo dijeron? Yo en el colegio aprendí a tejer, bordar, lavar”.
Después de sus insistencias ante la Justicia, la mandaron a la Iglesia del Buen Pastor, donde estuvo detenida -era menor, por lo que la figura no era “detención” pero sí fue mandada allí por un juez- durante casi cuatro años. Al poco tiempo de ser liberada, fue mamá otra vez y detuvo la búsqueda de su hija por un tiempo porque le daba miedo que le pase algo parecido.
Complicidad judicial
Las funcionarias Lucila Puyol, secretaria de Derechos Humanos provincial, y Sabrina Acosta, a cargo del área de Identidad, coinciden en que en este y otros casos de los que se vienen ocupando hay una completa complicidad judicial a lo largo de las décadas -previo, durante y post dictadura-: los jueces no solo sabían de la existencia de adopciones irregulares sino que en muchos casos las garantizaron.
“La familia que adoptó a Betiana lo hizo de buena fe, no la inscribió directamente como propia como ha pasado en tantos casos. Betiana siempre supo que era adoptada y su familia siempre la acompañó. Lo que pasó creo que tiene que ver con la estigmatización y el prejuicio social. Los jueces de menores eran los mismos jueces que en dictadura entregaron bebés”, expresó Puyol en diálogo con El Ciudadano.
Además, planteó que “con la figura del patronato creían que eran los dueños de los niños, que sabían lo que a los chicos les hacía bien que era tener una casa con todo rosa, con todo celeste”.
En octubre de 2022, la Municipalidad de Rosario presentó la campaña “Mi historia, mi derecho” que busca visibilizar el derecho a conocer la propia identidad. Se trató de un trabajo de colaboración con la Provincia.
Si bien el robo de bebés fue una práctica sistemática ejercida desde el Estado durante la última dictadura, entre 1976 y 1983, los impulsores de estas búsquedas entienden que se trata de un delito que se comete en Argentina desde hace décadas.
Justamente la secretaria de Género y Derechos Humanos, Mariana Caminotti, había expresado durante la presentación de la campaña: “La apropiación de niñas y niños durante la última dictadura militar se montó sobre una estructura del tráfico de bebés que permitió y naturalizó esta práctica”.
“Anotar como hijo biológico un bebé es una apropiación y eso sucedió y sigue sucediendo lamentablemente. Muchísimas personas viven gran parte de su vida sin saber la verdad. También aquí se reúnen las historias de muchas madres a las que les fueron robados sus bebés, o se vieron obligadas a entregarlos, o que por diferentes circunstancias fueron separadas de ellos al nacer”, puntualizó.
También en octubre de 2022, en Buenos Aires, se presentó el Programa Nacional de Identidad Biológica a cargo de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad -Conadi-. Esta herramienta, creada por Abuelas de Plaza de Mayo para encontrar a las nietas y los nietos apropiados durante la última dictadura cívico militar, amplía su margen de actuación y permite acompañar a quienes buscan conocer su origen biológico, aún cuando sus fechas de nacimiento no coinciden con este período histórico. El Banco Nacional de Datos Genéticos, que trabaja codo a codo con ambos organismos, tiene actualmente 10 mil muestras que dieron negativo, puntualizó Puyol.
Por otro lado, para las funcionarias provinciales es importante visibilizar que las madres también pueden impulsar esta búsqueda. En la mayoría de los casos quienes buscan son hijos o hermanos, las funcionarias creen que tal como Norma debe haber muchas mujeres más que pasaron situaciones similares y les cuesta acercarse por el estigma que puede recaer sobre ellas, el famoso “malas madres”.
Impulso de los organismos de derechos humanos
En el 82 y 83, Norma tuvo dos hijos más y no volvió a buscar rastros de su hija hasta que ambos cumplieron 18. “Tenía miedo que me vuelva a pasar lo mismo”, dice hoy. Volvió a los Tribunales Provinciales, acudió a Tribunales Federales, preguntó a periodistas y en 2013 se acercó por primera vez a la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia. Lo hizo porque por la tele escuchaba a mujeres como Hebe de Bonafini -presidenta de Madres de Plaza de Mayo, fallecida a fines de 2022- y Estela de Carlotto -presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo-. Hablaban de sus hijos desaparecidos y también de bebés que nunca vieron o que no vieron más: si bien hablaban de delitos cometidos por la dictadura genocida, algo de esas palabras y esa narrativa resonó en Norma para reimpulsar su búsqueda.
A Betiana, esas mismas mujeres y las campañas de estos organismos, también le llegaron a través de los medios: incluso su madre adoptiva la acompañó a hacerse los estudios de sangre del Banco Nacional de Datos Genéticos para ver si era hija de desaparecidos. El resultado dio negativo y eso la desanimó.
Eso ocurrió hace menos de cinco años, pero antes de eso su primera búsqueda había sido durante su adolescencia en los noventa. Fue al mismo juzgado de Menores que había ido Norma y el juez de entonces le mostró sus papeles y le dijo “tu historia empieza desde el momento de la adopción, antes de eso no hay nada, antes eras NN”.
Para Betiana eso fue una crueldad, “fue una apropiación de identidad, es muy difícil explicar mi historia a otros, que te digan ‘antes de esto no hay nada’”. Había sido su primera búsqueda que recién retomó cuando se hizo el análisis de sangre que dio negativo.
En la entrevista con El Ciudadano, Betiana subraya una y otra vez la palabra identidad y enumera situaciones en las que el desconocimiento de su origen biológico le supuso trabas o situaciones angustiantes: desde intentar armar su carta astral o hacer una consulta de biodescodificación hasta algo tan fundamental como conocer su historia clínica, algo que a ella como personal de salud siempre la mantuvo inquieta.
Formó su propia familia, estudió enfermería y hasta tiene nietos. Siguió con su vida hasta que un día de 2022, recibió un llamado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia a través de la funcionaria Acosta que le dijo: “Trabajo en el área de Identidad de Origen. ¿Esto a vos te dice algo?”. La respuesta de Betiana fue: “Me dice tantas cosas”.
Lo que siguió fue una serie de encuentros presenciales, actualización de la información con la que contaban y los correspondientes estudios de sangre para confirmar el vínculo.
Betiana no solo supo que Norma era su madre biológica sino también que no fue abandonada, que fue robada y que su madre siempre la buscó.
Mientras hablan Norma y Betiana, en su entrevista con El Ciudadano, van completando su historia entre las dos, se escuchan con atención y se hacen preguntas, intentan saldar algunas de las tantas incógnitas que las acompañaron por décadas.
“Yo decía ‘no puedo morir sin saber qué pasó con ella’ y después de tantos años Dios me escuchó”, dice Norma hoy, después de más de 40 años y con un hilo de angustia que intenta contener pero que recorre casi todas las oraciones que pronuncia en la entrevista.
Datos de contacto
- Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe Balcarce 1145 – Rosario – Horario de atención: de lunes a viernes de 8 a 14 horas. Tel: (0341) 4721466/67/68 – Línea gratuita 0800-555-3348
- Programa Nacional de Identidad Biológica Tel:. 011-5300-4140 y 11-2756-8330 / Mail: identidadbiologica@jus.gov.ar
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