La Cámara de Diputados se aprestaba anoche a convertir en ley el proyecto de reapertura del canje de deuda, que contempla los mismos beneficios de la reestructuración concretada en 2010 y que en su momento permitió ampliar hasta el 93 por ciento el nivel de aceptación de bonistas con títulos en situación de default. La iniciativa, que permite ingresar en la reestructuración de la deuda a los bonistas que no aceptaron hasta ahora la propuesta argentina, contó con el apoyo del bloque del FpV y otras fuerzas aliadas.
El proyecto enviado hace tres semanas por el Ejecutivo para la reapertura del canje de deuda suspende la vigencia de la denominada ley Cerrojo –que impedía abonar a quienes no hubiesen entrado a los canjes anteriores– y establece que la nueva convocatoria se realizará en “términos y condiciones financieras” similares a la operación concretada en 2010.
El artículo segundo del proyecto establece que los “términos y condiciones financieros que se ofrezcan no podrán ser mejores que los ofrecidos a los acreedores en el decreto 563/10”, en referencia a las condiciones de los bonos del canje 2010.
Otro artículo importante, el número 7, suspende la vigencia de la ley Cerrojo y el cierre del canje lo deja supeditado a la decisión del Congreso, para dar vía libre a la operación que oportunamente realizará el Ejecutivo. Se trata de un artículo clave, de cara al juicio que la Argentina enfrenta en Nueva York, donde la Corte Suprema estadounidense deberá decidir si toma o no el caso.
El texto sostiene que quienes deseen participar deberán renunciar a los derechos que les correspondan como sentencias o laudos, o acciones legales iniciadas o que pudieran realizarse a futuro en relación a los títulos susceptibles de canje. Además del oficialismo, se pronunciaron a favor –aunque con disidencias– los legisladores de otras bancadas, como la UCR, el Frente Peronista, el Frente Renovador y el PRO.
En contra lo hicieron los bloques que componen el FAP (GEN, socialismo, Frente Cívico de Córdoba y Unidad Popular), la Coalición Cívica y otros bloques minoritarios. En el inicio del debate, el miembro informante del oficialismo, Carlos Heller (Nuevo Encuentro), señaló que con la sanción de la ley de reapertura del canje el gobierno “tiene las herramientas para terminar con la reestructuración” de la deuda que cayó en default a fines de 2001 y reivindicó la política realizada por el Ejecutivo porque se “reafirmó la soberanía”.
Advirtió sobre el accionar especulativo de los fondos buitre y señaló que si no se revierte el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York tendrá “repercusiones negativas no sólo sobre la Argentina, sino sobre el sistema financiero internacional”. El diputado kirchnerista Roberto Feletti consideró que la reestructuración fue “exitosa” y rechazó la decisión de la Justicia de Estados Unidos que aceptó el reclamo de un fondo buitre que representa el 0,45% de los acreedores”.
Por su lado, el diputado y candidato a senador de Unen Fernando “Pino” Solanas dijo: “Estamos ante la legitimación del mayor fraude que es la deuda externa y nosotros no vamos a permitir los actos ilegítimos que se iniciaron hace 30 años”.
Corte yanqui pone plazos
La Corte Suprema de Estados Unidos decidirá el 30 de septiembre si acepta el caso de Argentina contra los fondos especulativos, informó ayer el tribunal en su sitio web. La Corte debe resolver si se pronuncia sobre un fallo adverso a la Argentina, que le obligaría de quedar firme a pagar 1.470 millones de dólares a fondos buitre que compraron la deuda en default y a precio de remate.
Los fondos favorecidos son NML Capital y Aurelius, que rechazaron otras reestructuraciones y litigan contra la Argentina. En total, el 93 por ciento de los tenedores de deuda se plegó al canje por bonos con quitas de 67 por ciento del capital.
El fallo en Nueva York es visto como un mal antecedente para los procesos de reestructuración de deudas soberanas por analistas de mercado y organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional.
El Congreso argentino votó anoche, con apoyo oficialista y opositor, una ley para abrir un tercer canje para el 7 por ciento de la deuda en default. El origen del diferendo es la moratoria declarada por un efímero gobierno de una semana en 2001, por 81.800 millones de dólares.
Desde 2005 Argentina abonó 173 mil millones de dólares de su deuda. La deuda argentina asciende actualmente a 197 mil millones de dólares.
El gobierno abre la billetera para el Bonar VII
El gobierno giró 2.070 millones de dólares para pagar hoy el vencimiento de capital e intereses del Bonar VII –el más alto del año– y pretende así dar una señal de cumplimiento de sus obligaciones, en un mes que será clave en la batalla legal con los fondos buitre.
El giro de los fondos, que se efectivizará hoy, se efectuó el mismo día en que la Corte Suprema de EE.UU. anunció que el 30 de septiembre decidirá si acepta tomar la demanda entablada contra la Argentina por los bonos que no entraron a los canjes de 2005 y 2010. En el mismo contexto, la calificadora Standard & Poor’s decidió bajar la nota de los bonos argentinos, en señal de apostar a un default del país.
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