“Estoy indignado porque se me juzga anticipadamente”, se quejó ayer el ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva durante una conferencia de prensa en la sede del Partido de los Trabajadores (PT), horas después de que la Policía Federal allanara su vivienda de la ciudad de San Pablo y lo llevara hasta una comisaría para tomarle declaración por la denuncia de que recibió dádivas de empresas comprometidas con la trama de corrupción de Petrobras. “Pasé por muchas cosas, pero hoy me sentí un prisionero en mi país”, lamentó el líder del partido gobernante y subrayó: “No le debo nada a nadie ni le tengo miedo a la Justicia”.
El operativo sucedió ayer, después de que medios de difusión brasileños amplificaran un reportaje publicado por la revista IstoÉ, según el cual el senador Delcidio Amaral acusaba a la actual presidenta Dilma Rousseff y a Lula de interferir en las decisiones judiciales que condenaron a importantes empresarios en la causa anticorrupción. El propio Amaral desmintió horas más tarde la existencia de un supuesto acuerdo de delación firmado por él y afirmó desconocer el origen y la autenticidad de los documentos a los que aludía la publicación.
Lula denunció que el operativo realizado en su domicilio de San Pablo sólo buscaba ofrecer un “espectáculo” a los medios de comunicación, ya que, si un juez quería escucharlo, sólo necesitaba enviarle una notificación, y agregó que si encuentran “un solo real desviado” se alejará del PT.
“Si el juez Sergio Moro (a cargo de la causa conocida como Petrolao) o la Fiscalía querían escucharme, sólo necesitaban mandarme un oficio porque yo nunca me negué a prestar declaraciones”, advirtió el líder ante cientos de militantes del PT reunidos en la sede central del partido.
“Lamentablemente, creo que estamos viviendo un proceso en que la pirotecnia vale más que cualquier cosa. Vale más el show mediático que la investigación seria, responsable, que debe ser hecha por la Justicia, por la Policía y por la Fiscalía”, dijo Lula.
Más adelante calificó la actitud de la Fiscalía como “muy grave” y con una clara motivación política. “De cualquier forma nada de eso disminuye mi entusiasmo (con la lucha política). Por el contrario, ellos encendieron aun más la llama dentro de mí”, aseguró, aunque reconoció que se sintió “íntimamente herido” por el trato recibido.
El fiscal Carlos Fernando dos Santos Lima, a cargo de la investigación, afirmó que la Fiscalía optó por obligar a Lula a comparecer a una comisaría en lugar de citarlo en una fecha determinada para evitar manifestaciones.
El representante del Ministerio Público justificó la indagatoria al ex presidente en los indicios “bastante significativos” que probarían que el ex mandatario pudo haberse beneficiado de los desvíos de dinero de Petrobras.
Según Dos Santos Lima, el Instituto Lula y una sociedad usada por el ex jefe de Estado para cobrar sus conferencias recibieron alrededor de 30 millones de reales (unos 7,5 millones de dólares) en donaciones, provenientes de las cinco empresas más implicadas en los desvíos en Petrobras. “Las donaciones pueden ser hechas por diversos motivos, pero tenemos que investigar si eso tiene alguna relación con los desvíos de Petrobras”, se defendió el fiscal.
A través de un comunicado, la fiscalía del estado de Paraná aseguró que “hay evidencias de que el ex presidente Lula recibió valores oriundos del esquema Petrobras por medio del envío y reforma de un apartamento tríplex y de una finca en Atibaia, de entrega de muebles de lujo en las dos propiedades y de almacenaje de los bienes por una empresa de transporte”.
La Policía Federal, mientras tanto, informó que 200 agentes y 30 auditores cumplieron durante la jornada 44 mandatos judiciales (33 de búsqueda y aprehensión y 11 de conducción coercitiva) en Río de Janeiro, San Pablo y Bahía.
La operación formó parte de la indagatoria de crímenes de corrupción y lavado de dinero vinculados con la trama que desvió más de 2 mil millones de dólares de Petrobras, y no incluye órdenes de prisión.
“Intentan desestabilizar el orden democrático” en Brasil
“En Brasil se ha avanzado un paso más en el proceso de desestabilización institucional que pretende perpetrar un sector del Poder Judicial, la Policía Federal, los monopolios de prensa y las fuerzas políticas que han sido derrotadas en las últimas elecciones nacionales”, denunció en un comunicado el secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), Pablo Gentili.
“Una desestabilización del orden democrático que tiene un objetivo principal: impedir que las fuerzas progresistas sigan gobernando el país y, especialmente, acabar definitivamente con el Partido de los Trabajadores y con su figura más emblemática, el ex presidente Lula. Esto es lo que está en juego y es esto lo que explica una multiplicidad de acciones judiciales, denuncias de la prensa nunca demostradas, insultos, amenazas, ataques públicos y una persistente ofensiva parlamentaria por parte de las fuerzas más conservadoras y reaccionarias”, añadió.
“Se trata de criminalizar y de responsabilizar al PT y a su presidente honorario de actos de corrupción, usando hechos que la Justicia aún investiga como si fueran parte de un plan organizado desde el propio centro neurálgico del poder; esto es, los mandatos presidenciales de Lula y Dilma Rousseff. Encontrar una conexión entre ambos mandatarios y los hechos de corrupción analizados por la Justicia es la gran obsesión y, quizás, la única carta que hoy tiene la derecha brasileña para volver al poder, destruyendo los avances democráticos Lo que está en juego es el futuro de Brasil como nación democrática”, consideró.
“Obviamente, la oposición tiene todo el derecho de aspirar al poder. Pero, después de 30 años de democracia, ya debería haber aprendido que la única forma de hacerlo es por el voto popular. Pero no lo aprendió. Después de su última derrota electoral pretende volver al poder por la vía de un golpe judicial o de un impeachment, cuya fundamentación jurídica y política no es otra que la necesidad de despojar al pueblo de su mandato soberano”, señaló el secretario de Clacso.
Se alzan más voces contra el “linchamiento mediático”
El secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, se solidarizó ayer con Luis Inácio Lula da Silva y consideró que el ex mandatario brasileño “está siendo sometido a un linchamiento mediático que afecta su derecho a la presunción de inocencia”, escribió Samper en su cuenta de Twitter. Por su parte, la presidenta Dilma Rousseff, por ejemplo, consideró innecesaria la operación policial, mientras que el diputado federal Francisco Lopes la calificó de golpista y peligrosa. Los gremios agrupados en la Central Única de los Trabajadores anunciaron, por su parte, la creación de un Frente Amplio en Defensa de Lula, y llamaron a todos los movimientos democráticos de Brasil a sumarse a esa iniciativa.
“Fue ilegal y arbitrario”
“La violencia practicada hoy (por ayer) contra el ex presidente Lula y su familia, contra el Instituto Lula, la ex diputada Clara Ant y otros ciudadanos ligados al ex presidente es una agresión al Estado de Derecho que afecta a toda la sociedad brasileña”, dijo el Instituto Lula en un comunicado.
La acción de la Policía “es arbitraria, ilegal e injustificable, además de constituir una grave afrenta a la Corte Suprema”, agregó.
Lanzando gritos y coreando consignas, decenas de manifestantes se agolparon en la sede de la policía donde Lula declaró durante unas tres horas, algunos para apoyarlo y otros para repudiarlo, y varios se enfrentaron a golpes.
En tanto, líderes sudamericanos como Nicolás Maduro de Venezuela y Evo Morales de Bolivia rechazaron ayer el proceso judicial al que fue sometido Lula.
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