En el país del sí me acuerdo. Los orígenes nacionales e internacionales del movimiento de derechos humanos argentino: de la dictadura a la transición
Rubén Kotler (compilador)
Imago Mundi y RELAHO /2014, 224 páginas.
La Argentina tuvo su Nuremberg (el célebre juicio a los nazis tras la Segunda Guerra Mundial), pero tuvo una versión mejorada porque en nuestro país a la justicia se llegó con un empuje desde abajo, desde la propia sociedad, impulsada por grupos que la reclamaban y no el resultado de grandes potencias que lo incitaron. No fue tampoco una tarea sencilla; sin embargo, se conoce más acerca de lo que hicieron los grupos que lucharon por la justicia y la verdad de Capital Federal y La Plata, mientras que poco se conoce de lo que sucedió en el interior del país. En el libro En el país del sí me acuerdo, donde se agrupan varias historias, confluyen las investigaciones que en los últimos años se vienen llevando a cabo sobre la historia del movimiento de Derechos Humanos en Argentina desde una perspectiva local y regional. Los casos de Neuquén y Alto Valle, Santa Fe, Rosario, Córdoba, Avellaneda, Tucumán y sobre el exilio argentino en Barcelona, remiten a los comienzos de las organizaciones en esos lugares, plasmando las características locales de cada caso. Con motivo de la presentación del libro en el Museo de la Memoria de Rosario, los autores Marianela Scocco y Luciano Alonso reflexionaron acerca de sus trabajos para este material.
“Hay logros que son quizá menos directos pero no por eso menos trascendentales. Presentar este libro en el Museo de la Memoria, que es donde funcionó la sede del II Cuerpo de Ejército y donde los familiares (de desaparecidos) empezaron a reclamar y, por tanto, a conocerse la situación, es un logro del movimiento de Derechos Humanos en Rosario, que reclamó insistentemente por recuperar este lugar para la reconstrucción de la memoria”, expresó Scocco.
Orígenes
Imaginemos la situación, por más dura que sea. Durante la última dictadura cívico-militar, se llevaron gente, entraron en sus hogares, se movilizó el Ejército o, aún peor, fueron patotas de las fuerzas de seguridad que hicieron razzias descontroladas. ¿Qué había que hacer? Al creerlos raptados a sus familiares o compañeros muchos se paralizaron por temor. Otros muchos empezaron a romper esa barrera de terror y salieron a buscarlos. “En la ciudad de Santa Fe, las cuatro agrupaciones actuantes durante la dictadura son Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH)”, explica Alonso, quien reconoce que las primeras movilizaciones recibieron el apoyo de agrupaciones de izquierda, pero subraya que Familiares y MEDH no se ligaron a partidos. La organización de la primera surgió cuando fueron a reclamar por sus familiares desaparecidos a la Guardia de Infantería Reforzada, a la vez que parte de sus integrantes ya estaban militando el reclamo por presos políticos. En ese sentido, “Familiares se fue constituyendo entre 1977 y 1979, en vínculo con la misma organización de Rosario, aunque recién saldría a la calle en 1981”, aclara Alonso, que agrega: “En el caso del MEDH es más difícil todavía registrar su surgimiento, porque su acción se confunde con las actividades previas de pastores de las Iglesias Evangélica del Río de la Plata y Metodista Argentina”.
“En la ciudad de Rosario, durante la última dictadura militar (1976-1983), las personas que tenían familiares o amigos que se encontraban desaparecidos, y que se habían conocido en los ambientes a los que acudían en busca de sus seres queridos, empezaron a reunirse en distintas casas para unificar sus luchas ya en el año 1977. A principios de 1978, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre de Rosario les cede a este grupo las oficinas de planta alta en una vieja casona de cortada Ricardone 58. Allí se produjo la creación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y Gremiales de Rosario, aunque su existencia fue ignorada por los medios de comunicación locales hasta poco antes del final de la dictadura. Al mismo tiempo, algunas madres de detenidos-desaparecidos habían comenzado a tener contacto con las Madres de Plaza de Mayo en Buenos Aires, y viajaban periódicamente para sumarse a las primeras rondas y manifestaciones. Más tarde, ese grupo de madres que ya integraba Madres de Plaza de Mayo y otras que participaban de Familiares en Rosario organizaron y crearon las filiales locales, tanto de Madres como de Abuelas de Plaza de Mayo”, explica Scocco. En forma paralela, la investigadora social analiza: “A partir de 1979, comenzó a trabajar intensamente la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH). En 1982, tras la elección de una nueva Comisión Directiva, de la que participaron integrantes de Familiares, la APDH se trasladó a su nuevo local en las calle Corrientes 823”.
Complicaciones
La acción por justicia y verdad de los grupos de derechos humanos estuvo plagada de complicaciones. “Además de los aprietes y atentados del período transicional, cuando no estaba muy claro incluso qué se podía decir o hacer sin sufrir alguna represalia, los organismos de Santa Fe no se encontraron con un clima social y político propicio para el desarrollo de investigaciones y denuncias. Tanto el gobierno provincial como el municipal, ambos justicialistas, se negaron a la formación de una comisión investigadora legislativa o incluso a emitir comunicados de apoyo al juzgamiento de las cúpulas militares. La búsqueda de cuerpos no identificados, que fue una característica del período, se vio entorpecida por falsas denuncias, en las cuales los mismos miembros del poder judicial que estaban denunciados por su participación en la represión tenían a su cargo las investigaciones”, apunta Alonso.
Paradójicamente, mientras en el país se indultaba a los máximos represores, la década del 90 trajo buenas noticias para los derechos humanos en Santa Fe. “Para la década de 1990, esa situación comenzó a cambiar, sobre todo porque la gestión provincial de Jorge Obeid comenzó a dar algún apoyo a grupos de ex detenidos en la búsqueda de información sobre los desaparecidos. Para 1998 un accidente fortuito, en el cual el juez federal Víctor Brusa atropelló con una lancha a un aprendiz de guardavidas sin asistirlo, permitió ponerlo en entredicho y comparar su accionar como secretario en la época de la dictadura con su mala conducta posterior. Es toda una definición sobre las limitaciones con las que se encontró el movimiento santafesino el que Brusa haya sido destituido por ese episodio y no por los crímenes de lesa humanidad que luego lo llevarían a la cárcel”, relató Alonso.
Archivos
Otro problema fueron los archivos. Scocco subrayó “la casi inexistencia de archivos así como de fechas de constitución de los organismos”. Gran parte del material se sabe que fue sustraído en el famoso robo en los Tribunales provinciales de Rosario el 8 de octubre de 1984.
“Ana Moro –continuó– contó la historia de un archivo que tenía Madres y que terminó bajo agua luego de que tuvieran que trasladarlo a un galpón porque no podían seguir pagando el alquiler del local. Cuando comencé esta investigación, fue imposible que mis entrevistados, integrantes de Madres de Plaza 25 de Mayo y de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y Gremiales de Rosario, pudieran ubicar fechas precisas para la constitución de dichos organismos en Rosario. Los protagonistas recordaban que había sido en el momento de la transición, ya en democracia. A raíz de esta preocupación, Ana Moro encontró un día entre sus archivos personales una carta escrita a mano enviada por Madres donde se invita a la inauguración de la sede de la filial. En ella se expresa textualmente: «Desde enero de este año las Madres de esta ciudad iniciamos una nueva etapa de nuestra lucha formando la delegación Rosario de Madres de Plaza de Mayo»”. La carta pertenecía a su madre, que integró la agrupación y estaba fechada en 1985.
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