Luciana Mangó
Sandra Gobbo atiende el teléfono y pide disculpas por su tono de voz. Está disfónica. En los últimos días atendió a medios nacionales y de la región que se hicieron eco de su denuncia. Repitió una y otra vez la misma historia. Contó que vive en el campo desde los 18 años, que con su esposo Oscar Marinucci son la cuarta generación de campesinos que trabaja las tierras del fundador de la localidad de Bigand, que ya no cosecha maíz porque le quitaron 50 hectáreas y sólo le quedan las 8 donde está su casa y un terreno para criar chivos, lechones, corderos y gallinas. Que resisten todos los días el hostigamiento de la Fundación, creada por la última heredera de Bigand, para quedarse con sus tierras. Que la Justicia es desigual. Que el juez firmó el desalojo. Que no va a dejar de luchar. Que su lucha representa a la de otras familias campesinas del país. Que no son los Marinucci, que es el modelo extractivo.
“Fue un gran estallido”, dijo Sandra sin dejar de agradecer y hacerse un tiempo para responder a todas las preguntas. Sabe que la batalla es desigual pero va a darla hasta el final. En juego no está sólo su casa, sino su vida. “Mi vida pasa afuera con los animales, los curo si alguno está herido, los alimento. Vivo en contacto con la naturaleza y agradecida a la Pachamama”, contó.
Los Marinucci son la cuarta generación que trabaja las tierras que les alquilaba Víctor Bigand, el fundador de este pueblo del departamento Castellanos. El 27 de diciembre recibieron una orden de desalojo a pedido de la Fundación creada tras la muerte de la última heredera, que el juez de Cañada de Gómez Sergio Verdura firmó la semana pasada.
Ahora esperan el traslado a la jueza de Bigand para concretarlo. La familia es el último bastión de lo que ellos son apenas una muestra: la lucha de campesinos, pescadores y agricultores de todo el país por conservar un modelo agroecológico familiar contra los grandes negocios agroexportadores.
“Durante estos 17 años que llevamos con el juicio de desalojo pudimos comprobar cómo el Poder Judicial inclina la balanza hacia los poderosos. Somos sólo una muestra de lo que pasa con otras familias que terminaron cediendo por miedo o resignación. Quedamos resistiendo por el arraigo. Mi esposo nació acá y yo hace 42 años que pongo las manos en la tierra y estoy arriba del tractor. Represento a la mujer rural, que no acompaña, sino que elige trabajar la tierra”, explicó sobre su familia, la única de las casi tres decenas ya empujadas a retirarse que aún resiste.
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Tras la muerte de Mercedes Bigand, la última heredera y sin descendencia, las 3.500 hectáreas pasaron a manos de una Fundación creada para fines solidarios, sin afectar la situación de los campesinos. La entidad fue creada en 2005 pero con varias irregularidades: según denunciaron las familias, el abogado que hizo la sucesión se quedó con 810 hectáreas. Tampoco les permitieron acceder al testamento que establecía la supuesta administración de las tierras por parte de la Fundación, de la cual denuncian hostigamiento y amenazas para quienes trabajaron las tierras por casi un siglo.
El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe que resolvió que la familia Marinucci no estaba amparada por la ley provincial Nº 13.666 que impide los desalojos en la provincia, y ante la falta de reglamentación de la la ley nacional Nº 27.118 de reparación Histórica para la Agricultura Familiar la familia quedó desamparada.
En paralelo, los Marinucci interpusieron un recurso en la Corte Suprema nacional pero la semana pasada el juez de Cañada de Gómez, Sergio Verdura firmó el desalojo solicitado por la Fundación. “No tuvo en cuenta la posibilidad que la Corte revierta la situación sabiendo que la Fundación va a pasar por una topadora esta casa que tiene 100 años para sembrar soja. Le pedimos que ponga el corazón en sus resoluciones y entienda que genera jurisprudencia ya que hay campesinos, huerteros, pescadores de todo el país avasallados por poderes económicos”, dijo Sandra.
De las 58 hectáreas que tenía la familia, se quedaron apenas con 8 tras una primera orden de desalojo en diciembre de 2020. El 27 de diciembre de 2022, recibieron la orden del juez Verdura por la que debían abandonar la casa en un plazo de 15 días corridos. La fecha, tras la feria judicial, se cumplió el pasado 1° de febrero. “Verdura firmó el oficio, falta el traslado a Bigand y que la jueza de acá efectúe el desalojo”, aclaró Sandra.
La mujer denunció amenazas y hostigamiento hacia los campesinos para que abandonen los terrenos y cuestionó el accionar de la Justicia que no investiga a los integrantes de la Fundación, que funciona en Buenos Aires, ni el cumplimiento de los fines benéficos por los que se creó la entidad.
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En la Legislatura
Este jueves el despojo a los Marinucci volvió a resonar en la Legislatura provincial de la mano de un grupo de diputados que acompaña la lucha de los campesinos de Bigand: la Cámara baja pidió al Ejecutivo que intervenga de manera urgente ante esta nueva orden judicial de desalojo.
La diputada Dámaris Pacchiotti de Ciudad Futura, a quien acompañó Lucila De Ponti del Movimiento Evita, impulsaron la aprobación de una iniciativa en ese sentido.
Para la legisladora Pacchiotti, no es solo un conflicto entre privados, sino que se “inscribe en un problema de mucha mayor escala”. En los fundamentos de esta nueva iniciativa, recordó que en 2022 se presentó un proyecto de ley de expropiación (expediente 50.379) de esas tierras que se ha girado a las comisiones respectivas para su tratamiento en esta Cámara.
“A partir del acompañamiento continuo a esta familia que realizamos desde nuestras propias organizaciones, en conjunto con las muchísimas más que han acompañado la lucha durante todos estos años, organizaciones de la agricultura familiar, campesina, indígena, de trabajadores agrarios y pescadores, organizaciones sociales y ambientales, entre otros, hemos tomado conocimiento de que el juez de circuito de Cañada de Gómez donde tramita la causa de desalojo ha firmado el lanzamiento contra Sandra Gobbo y Oscar Marinucci a pesar de encontrarse pendiente la admisibilidad del recurso interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, dijo la legisladora.
“No se trata de un problema entre privados, sino que se inscribe en un conflicto de mucha mayor escala: son 3.500 hectáreas que en junio del año pasado fueron noticia en los principales diarios y portales de la provincia y el país a partir del intento de la misma fundación por cercar y alambrar una manzana lindera al cementerio de Bigand, que está en pleno litigio judicial. La comuna tuvo que destinar sus propios vehículos y máquinas para impedir el cercamiento, además de denunciar el hecho ante la Policía e informar a la población que se movilizó de inmediato e inició una vigilia que todavía se mantiene”, dijo Pacchiotti.
Por su parte De Ponti describió: “El desalojo está absolutamente guiado por una cuestión de codicia y de lucro. Sandra y Oscar explotan una pequeña parcela, resignaron a producir en lo que era su campo; ahora, simplemente pelean por esas pocas hectáreas en las que crían unos pocos animales. Probablemente su descendencia no se encargue de esa explotación. La Fundación, así y todo, no se detiene en su afán de impedirles que produzcan. Este reclamo está atravesado por una necesidad de justicia”, cerró.
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