El regreso del ex ministro de Seguridad Marcelo Sain a su anterior cargo director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA) está cada día más complicado. En un principio, el titular del MPA Jorge Baclini había dado luz verde, luego de que la Auditora General de Gestión, María Cecilia Vranicich, se declarara incompetente en la cuestión. El fiscal regional de Santa Fe Carlos Arietti apeló esa decisión y este lunes la Junta de Fiscales del MPA decidió apoyar a Arietti y le pidió a Baclini que instruya a Vranicich para que investigue las denuncias contra Sain.
La Junta de Fiscales del MPA se reunió este lunes en Rosario para considerar el recurso de apelación presentado por Arietti contra el decreto de la Auditora General de Gestión por el cual se declaró incompetente para intervenir como órgano disciplinario en las denuncias presentadas por el accionar de Sain, quien después de renunciar al Ministerio de Seguridad pidió el fin de su licencia para retomar funciones en su cargo anterior, al que accedió por concurso en 2018.
La decisión de la Junta de Fiscales fue por unanimidad y quedó plasmada en un acta que se rubricó al finalizar la reunión. En primer lugar, la Junta de Fiscales analizó si la resolución de Vranicich es apelable y decidió en sentido positivo. En tal sentido, la Junta resolvió que “es necesario reconducir el planteo como un recurso de reconsideración con apelación en subsidio”.
En segundo lugar, concluyó que “es el fiscal general como superior jerárquico del MPA (único superior de la Auditoría General de Gestión) el órgano competente para conocer del recurso en cuestión”.
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“La impugnabilidad de la resolución de la Auditoría General de Gestión y el órgano competente para resolver la impugnación no está expresamente regulado”, aclaró la Junta de Fiscales en el acta rubricada. “Se genera así un posible escenario de vacío legal que, en el presente caso y ante la hipótesis de una situación que podría causar un gravamen irreparable en el caso de que existiera una presunta arbitrariedad del acto administrativo, considerando que la decisión de la auditora (Vranicich) es una resolución negativa que dejaría sin potestad disciplinaria al MPA al declararse incompetente, y teniendo en cuenta además que, en tales supuestos, resulta saludable que se verifique la posibilidad de revisión del acto administrativo, amparada en principios republicanos de razonabilidad y control, máxime cuando se trata de una decisión formal; es que la Junta de Fiscales concluye que es necesario reconducir el planteo como un recurso de reconsideración con apelación en subsidio”, agrega el escrito.
“Las funciones asignadas por ley al fiscal general reconocen expresamente atribuciones propias de la autoridad máxima del MPA, quien, en consecuencia, ejerce aspectos de la superintendencia de la institución que habilitan a conocer en el recurso en cuestión”, finalizó la Junta de Fiscales.
Arietti vs. Sain
El fiscal Arietti se presentó ante la Auditoría General del MPA para denunciar una serie de irregularidades que tendrían como protagonista a Sain. Por un lado, lo responsabiliza por “los tratos crueles” en comisarías; además, por no garantizar “el principio de igualdad” en una licitación para la compra de armas; también por las “prácticas agraviantes sistemáticas” en el MPA y por incurrir en una “incompatibilidad” manifiesta como titular del Organismo de Investigaciones luego de haber ejercido como ministro de Seguridad.
Según consigna El Litoral, Arietti envió un extenso escrito de 32 fojas en el cual apunta contra Sain por las presuntas irregularidades durante su paso por el gobierno provincial y reclamó la destitución del ex ministro de su cargo de director del Organismo de Investigaciones. Fue tras la autorización de parte del fiscal general del MPA, Jorge Baclini, quien dio por terminada la licencia que tomó Sain en 2019 y lo autorizó para retornar a su cargo anterior.
En primera instancia, Arietti denunció a Sain por la “convalidación de tratos crueles, inhumamos y degradantes” a los detenidos en dependencias policiales del departamento La Capital. Se describe la recurrente situación de hacinamiento y superpoblación, y se concluye en que los alojados “exceden en un 200% las plazas existentes”. Se advierte la “falta de respuestas y acciones del Ministerio para morigerar la situación”, a pesar de los recurrentes hábeas corpus presentados.
El segundo punto sobre el que Arietti focalizó la denuncia es la compra de armas que impulsó el Ministerio de Seguridad. Allí le reprocha “haber violado los principios de igualdad, concurrencia y razonabilidad en el procedimiento de contratación pública”. El proceso había sido impugnado por una de las empresas participantes, BERSA, que entendió que el pliego se había confeccionado a “la medida” de la empresa israelí IWI. Desde el Ministerio de Economía se resolvió suspender la licitación, modificar el pliego y reprogramar la apertura de sobres. Según Arietti, Sain no garantizó como funcionario público los principios de “publicidad, igualdad, concurrencia y razonabilidad”.
Fin del capítulo: Marcelo Sain vuelve a la dirección del Organismo de Investigaciones del MPA
En tercer lugar, el fiscal regional de Santa Fe advirtió sobre una “conducta sistemática que trae como consecuencia la obstaculización del servicio a prestar por el Ministerio Público de la Acusación y puede afectar el cumplimiento de los objetivos y principios del Organismo de Investigaciones”. Arietti citó expresiones de Sain contra Baclini, cuando expresó que su actitud “dejaba mucho que desear” y lo responsabilizó de “gran parte de la crisis por la que atraviesa el MPA”; también contra el propio Arietti sobre quien dijo que “está más pegado al poder que a los problemas criminales y tiene una mirada palaciega de la justicia”; y en general, contra todos los integrantes del MPA, cuando sostuvo que “hay fiscales que deforman el concepto de flagrancia para no laburar”.
Por último, Arietti planteó la existencia de investigaciones penales preparatorias que lo tiene a Sain, sus colaboradores y otros funcionarios públicos de la provincia, como imputados o investigados. Ello constituye un motivo de impedimento y una incompatibilidad actual para ser director del Organismo de Investigaciones.
Sin licencia
La semana pasada, el MPA dejó sin efecto la licencia sin goce de sueldo en la dirección del Organismo de Investigaciones que se le otorgó a Sain para que pueda asumir, en diciembre de 2019, como ministro de Seguridad de la provincia.
La Jefa de Oficina de Asesoría Legal y Técnica del MPA, Sabrina Sánchez, se comunicó formalmente, el 31 de marzo, con el ex ministro para informarle que el fiscal general Jorge Baclini dejaba sin efecto la licencia concedida a Sain mientras durara su desempeño en el gabinete provincial.
En el documento se menciona las denuncias presentadas por el diputado Pablo Farías en contra de Sain, la Cámara de Diputados y Diputadas y el presidente de la Comisión de Juicio Político, Joaquín Blanco, pero se apela a las facultades del fiscal general de levantar la licencia anteriormente otorgada al ex ministro. También se remite el documento a la Corte Suprema de Justicia.
La suspensión de la licencia le permite a Sain regresar a sus funciones en el Organismo de Investigaciones del que fue su director tras ganar el concurso en 2018.
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