El gobierno santafesino anunció ayer un nuevo régimen tarifario para los más de 1.400 clubes que existen en la provincia, que desde marzo se vieron muy afectados por la suba del costo de la energía. Desde el primer día de este mes el grueso de esas entidades cuentan con una bonificación en el consumo que llegará al 50 por ciento. Sólo las más grandes y de alta demanda (apenas 22 en todo el territorio, que reciben una facturación mensual) tendrán un descuento menor, del 30 por ciento.
El anuncio lo realizó el propio gobernador Miguel Lifschitz ayer al mediodía en la sede local de Gobernación ante la presencia de gran cantidad de dirigentes y referentes de entidades deportivas locales.
El mandatario dio a conocer allí la modificación de un decreto provincial (4202) sancionado en 2013 por su antecesor, Antonio Bonfatti, que fijó una tarifa diferencial del servicio eléctrico a favor de asociaciones civiles y entidades sin fines de lucro en las que se practiquen disciplinas deportivas.
Aquella norma determinó una bonificación del 50 por ciento en la tarifa de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) para los clubes que consumían hasta 4.000 kilovatios bimestrales.
En ese marco, la Casa Gris decidió ahora ampliar ese beneficio con un nuevo descuento del 50 por ciento en el registro de cada medidor que tenga el club. Hasta ahora la bonificación se aplicaba sobre un solo artefacto.
En tanto, ya no habrá tope alguno al consumo y la mejora se aplicará directamente sobre la factura sin tomar en cuenta promedios anteriores.
A la par, el descuento del 30 por ciento será para los clubes que tienen una facturación mensual (es decir, no cada 60 días como el resto) por su alta demanda. En este caso la medida involucra a 22 instituciones. Entre ellas se encuentran, por ejemplo (y entre otras), las que desarrollan futbol profesional como Rosario Central, Newell’s, Unión, Colón y Atlético Rafaela.
Según explicó ayer Pablo Catán, secretario de Desarrollo Deportivo, el monto devengado en bonificaciones al consumo de energía en 2015 fue de 3.200.000 pesos. Mientras que con la aplicación del nuevo decreto el aporte del gobierno provincial en subsidios superará los 20.000.000 millones al año.
Aquellas entidades que no estén registradas (a raíz de que no cuentan con personería jurídica) podrán hacerlo ahora a través del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia.
La idea de esa cartera es colaborar y flexibilizar los requisitos para que pueda ampliarse el beneficio. A la vez, la administración santafesina pondrá a disposición equipos técnicos para asesorar a los clubes que lo requieran a fin de que puedan producir un ahorro de energía.
Con todo, el beneficio no se limita a las localidades atendidas por la EPE, ya que los otros prestadores (cooperativas o gobiernos locales) pueden adherir al sistema y beneficiar a los clubes de sus localidades.
Se estima que son alrededor de 900 las entidades que tributan a la EPE.
En su discurso, Lifschitz no dejó pasar la ocasión para “pegarle” al gobierno nacional y la política de quita de subsidios que está implementando.
“Si bien todos preveíamos un aumento de las tarifas, que estaban retrasadas, nadie supuso que iba a ser imprevisto, sin aviso ni tiempo para que las empresas y entidades pudieran reacomodar su funcionamiento”, señaló.
“Fuimos los primeros en hacer este planteo ante el gobierno nacional –recordó luego-, logramos mejorar algunas cuestiones para algunos sectores, pero no con el alcance que pretendíamos y considerábamos necesario. Por eso, decidimos llevar adelante nuestras propias medidas”.
Una medida bien recibida
En líneas generales, el anuncio que entregó ayer Lifschitz fue bienvenido y dejó conformes a los presidentes que asistieron a la sede local de Gobernación. Todos coincidieron en que la medida traerá alivio a las tesorerías. Es que los aumentos de luz que venían recibiendo en las facturas puso en jaque a varios clubes.
Por ejemplo, el titular del Club Reflejos, ubicado en Empalme Graneros, Marcelo Antinelli, contó que esa institución solía pagar entre 800 y 1.200 pesos “como máximo”, mientras que tras el incremento recibió una factura con un 200 por ciento más. Es decir, superó los 3.200 pesos.
En tanto, desde el club Atalaya mencionaron que aún no pudieron abonar la última boleta y tienen temor por el corte del servicio. Allí pasaron de tener una tarifa de 11 mil pesos a una de 25 mil.
En la misma sintonía se expresaron desde Caova. “Teníamos en promedio entre 7 y 9 mil pesos pero ahora las facturas van de 21 a 23 mil”, dijo Miguel Dolce, el presidente de la entidad.
Gran concurrencia
Lifschitz se mostró ayer sorprendido ante la gran concurrencia de autoridades de distintos clubes de la ciudad. De las instituciones más importantes pudo verse en el auditorio, entre otros, al mandatario de Rosario Central, Raúl Broglia. Por el contrario, quien no asistió fue el flamante presidente de Newell’s, Eduardo Bermúdez.
Amparo contra los tarifazos
Los diputados Rubén Giustiniani y Silvia Augsburger (Bloque Igualdad y Participación del Frente Progresista) y Palo Oliver (UCR) presentaron un amparo colectivo contra las subas en las boletas del gas, en el Juzgado Federal Federal Nº 2 de la ciudad de Santa Fe a cargo del juez Franciso Miño, que también incluyó una presentación en los Tribunales Federales con asiento en la ciudad de Rosario.
“Tenemos incrementos de los cargos fijos que van del 335 por ciento al 1.291 por ciento, y aumentos por consumo que van desde el 970 por ciento al 1.671 por ciento de acuerdo a la categoría. Nos parece irracional e inconstitucional este tarifazo. Plantemos una cautelar para suspender este aumento y que se convoque en 30 días a una audiencia pública para que se discuta este tema”, explicó el diputado Rubén Giustiniani sobre los alcances del amparo colectivo.
De hecho, la medida pide que se declare la inconstitucionalidad de las subas en la tarifas del gas dispuestas por el Ministerio de Energía Nacional, que se abstenga la prestadora del servicio (Litoral Gas) de efectuar cortes en el suministro motivados en la falta de pago de los importes correspondientes a estos aumentos, reclama que se celebren audiencias públicas a fin de garantizar la debida participación constitucional de los usuarios en las modificaciones tarifarias y se disponga, a modo subsidiario, un tope judicial al aumento del servicio público del gas.
“El porcentaje de los aumentos es desproporcionado, además, con relación a la evolución de los salarios y de la inflación. Estamos hablando de un servicio público y como tal tarifas deben ser justas y razonables”, amplió Giustiniani, quien también detalló que en la presentación realizada en la Justicia Federal santafesina se plantean al menos once antecedentes judiciales a favor de los usuarios.
En el mismo sentido, la diputada Augsburger explicó que el tarifazo “es inconstitucional porque no se ha cumplido con el artículo 42 de la Constitución Nacional que exige la previa información a todos los usuarios del servicio público de gas para discutir los costos que justifican ese aumento”.
“Esta presentación es un paso más para hacer oír nuestros reclamos frente al atropello de un tarifazo en un servicio vital para todos los ciudadanos”, aseguró, por su parte, el diputado Fabián “Palo” Oliver.
En caso de una resolución positiva, las subas quedarían suspendidas y se beneficiarían a unos 620 mil usuarios de Litoral Gas, no sólo de Santa Fe sino también de parte de la provincia de Buenos Aires.
La presentación se da, asimismo, en el marco del proyecto de ley de Marco Regulatorio de los Servicios Públicos –presentado por Augsburger, Giustiniani y Oliver– que ya tuvo aprobación en la comisión de Derechos y Garantías y está en tratamiento en la comisión de Obras y Servicios Públicos de la Cámara de Diputados.
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