Por Mariángeles Guerrero / Especial para El Ciudadano
El gobierno de Javier Milei abre una nueva etapa de movilización para los feminismos. El cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad es una de las pocas promesas de campaña del gobierno de ultraderecha que en ningún momento se puso en cuestión. Para el área de Salud, en tanto, al cierre de esta nota y a escasas horas de la asunción presidencial, aún no hay nombres ni avances en materia de transición. En este marco, activistas de la ciudad de Santa Fe expresan su visión sobre los tiempos que se avecinan.
Al respecto, la militante Virginia Liponezky reflexiona: “Lo que Milei pone en duda es el derecho a tener derechos”. Y alude a las expresiones contrarias a la Ley de Interrupción del Embarazo y a la Ley de Educación Sexual Integral sostenidas desde el espacio político del presidente electo. “Cuando el aborto voluntario era ilegal, era una de las principales causas de muertes maternas”, recuerda.
En las últimas horas se conoció una carta abierta del Consejo Federal y del Consejo Asesor Ad Honorem del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. En ella se indica que, según la encuesta de prevalencia e incidencia de violencia, una de cada dos mujeres atravesamos alguna de las formas de violencia en el ámbito doméstico. También consigna que, cada año, se reciben más de 500.000 denuncias en comisarías de todo el país por violencia de género e intrafamiliar. E indica que el femicidio es la principal causa de muerte violenta de mujeres: dos de cada tres mujeres asesinadas en Argentina lo son por razones de género.
Para quienes integran el Consejo Federal y el Consejo Asesor, “la respuesta a esta problemática no puede recaer sólo en el sistema de justicia”. Al respecto, alegan que “son necesarias políticas de abordaje integral que incluyan la prevención, el fortalecimiento de la autonomía económica, el acompañamiento psicosocial a víctimas de violencias y familiares, el acceso a la justicia y la reparación”.
Sobre la eliminación de esa cartera ministerial, Liponezky argumenta: “Implica un recorte presupuestario y muestra la importancia que un Estado le da a las problemáticas de las mujeres y diversidades. Si no tenés presupuesto, podés tener las mejores leyes pero caen en bolsa rota”.
A las expresiones contrarias a los derechos conquistados y al cierre del Ministerio de las Mujeres, se suma la falta de perspectivas de una política sanitaria para los próximos años. Los insumos necesarios para la garantía de la salud sexual, la prevención de las enfermedades de transmisión sexual y de los embarazos no deseados en las provincias dependen en gran medida del ministerio nacional. La degradación del Ministerio de Salud impactará también en la vida concreta de mujeres y LGBTIQ+.
“Poner al mercado en el centro es perverso”
Liponezky es productora de La Verdecita, una organización feminista que produce desde hace 20 años verduras y frutas agroecológicas en el cordón hortícola de la ciudad capital. La situación del sector es crítica por el impacto de la sequía de los últimos años y, en las últimas semanas, por el inicio del fenómeno El Niño, con lluvias e inundaciones que perjudican los cultivos. “A la crisis climática se le suma la peor de las variables: la falta de políticas públicas para el sector”, afirma la militante.
La agenda del gobierno nacional en materia productiva se avizora fuertemente desregulada y con una política favorable a los grandes sectores del agronegocio, cuyo modelo se basa en la contaminación con agrotóxicos y en la expulsión de pequeños productores del campo. Las familias que trabajan la tierra y que producen verduras para el mercado interno, como las que integran La Verdecita, no están en la agenda del nuevo Gobierno.
Sobre este punto, Liponezky afirma: “Poner al mercado en el centro es perverso: por sentido común y racionalidad, el eje tiene que ser la sustentabilidad de la vida”. Con ejemplos concretos, la militante explica qué es poner la sustentabilidad de vida en el centro. “No tener en cuenta políticas públicas para los hijos e hijas de las familias productoras, que por más que amen el campo están deseando como nunca irse de ahí porque ven lo que sufre su familia; que se sigan construyendo loteos sin pensar dónde se va a producir la comida; que retiren una línea de colectivos cuando el 90 por ciento de las pasajeras somos mujeres o que saquen una luminaria pública que hace a nuestra seguridad en un barrio periférico es no poner el eje en la sustentabilidad de la vida”, grafica.
La Verdecita surgió como respuesta al hambre que había en los barrios de Santa Fe tras el estallido de 2001. Por eso Liponezky habla desde la experiencia cuando afirma: “En situaciones de crisis, las mujeres dejan de comer o comen menos para que coman más sus hijos”, indica. Y resume: “La sustentabilidad de la vida es que la vida sea el centro y pensar las políticas alrededor de eso. Si como Estado y como sociedad no se plantea interpelar las políticas extractivistas, estaremos totalmente en el lugar opuesto al modelo de un mundo posible”.
Las políticas de Milei no sólo prometen desfinanciamiento sino también panzas vacías, en un contexto de “estanflación” (recesión más inflación) anunciado por el propio presidente votado en noviembre. Ante esa situación, la militante y agricultora se prepara colectivamente para la resistencia: “Tenemos las calles, las plazas y las convicciones”.
Las vidas trans importan
En la última movilización con motivo del Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binaries, la Asamblea Trans de Santa Fe expresó una serie de demandas vigentes. Entre ellas, la necesidad de una reforma judicial transfeminista, educación sexual integral no binaria y no heteronormada, una red de profesionales con perspectiva de género y capacidad en atención integral a
la población travesti, trans y no binaria, el acceso a terapias y cirugías de modificación corporal/hormonal seguras y gratuitas de acuerdo a la Ley de Identidad de Género, y la implementación total del cupo laboral trans del 1 por ciento en la ciudad, la provincia y la Universidad Nacional del Litoral.
Gora Antara Ortiz, travo no binarie e integrante de la Asamblea Trans de Santa Fe, introduce: “El Estado es responsable de nuestra realidad material. Sin embargo, a menudo nos invisibiliza. Lo travesti queda representado únicamente por las mujeres trans en el imaginario social”. De cara al nuevo gobierno, anticipa: “Nos sentimos como el chivo expiatorio sobre el que se van a depositar las violencias”.
Durante el gobierno de Alberto Fernández, se resolvió por decreto la incorporación de la opción X, para las personas no se sienten identificadas con las opciones varón o mujer. Ortiz cuestiona: “Una X no representa ninguna identidad. Este tipo de políticas revela la ausencia de un compromiso y un diálogo real por parte del Estado con la comunidad trans en su amplio espectro”.
La falta de respuestas se da también en el ámbito de la salud: “El Programa Médico Obligatorio asegura una canasta básica de medicamentos e insumos, pero falta garantizar el 100 por ciento. Las cirugías no sólo se enuncian en términos binarios, sino que el acceso a las mismas está centralizado en los pocos profesionales con perspectiva de género que garantizan el acceso a la salud de la población trans masculina. Hay compañeres en lista de espera desde hace seis años”.
Estas faltas inciden directamente en las vidas trans. “No es lo mismo inyectarse nebido (un medicamento para el déficit de testosterona) cada tres meses que andar poniéndose gel de testosterona todos los días. Suele haber faltantes de testosterona, sobre todo en las obras sociales y prepagas, dejándonos a muches sin acceso a estas prestaciones básicas”.
Otro avance reciente en materia legislativa es la sanción del cupo laboral trans, que establece que en los los tres poderes del Estado, en los organismos descentralizados y en las empresas y sociedades del Estado existe la obligación de ocupar en puestos de trabajo a personas trans en una proporción no inferior al 1 por ciento de la totalidad del personal. “Esto no está sucediendo: no sólo no nos acercamos al 1 por ciento de la inserción en ninguno de los organismos, sino que además estamos perdiendo el foco del debate en cuanto a las modalidades de contratación y las funciones a desempeñar”, dice Ortiz.
Con deudas en la salud y grandes dificultades para tener trabajo en un contexto que se pronostica complejo desde el punto de vista económico, más que nunca resulta un deber ético que el Estado acompañe a una población cuya esperanza de vida es de entre 35 y 40 años.
“Si nos ponemos a pensar cómo afecta en el cotidiano trans un gobierno de ultraderecha, considerando que ya estamos sobreviviendo, es bastante desolador. Como población trans estamos bastante asustados, pensando en lo que se nos viene porque entendemos que probablemente tengamos menos acceso y aún menos garantías de derechos a las cuestiones básicas que garantizan nuestra existencia”, sostiene Ortiz.
Sin juicios a los represores no hay democracia
El discurso electoral del espacio de Javier Milei y Victoria Villarruel tuvo un marcado posicionamiento en contra de las políticas de memoria, verdad y justicia sobre los crímenes de la última dictadura. Con la lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, de las y los H.I.J.O.S. y de otros organismos de derechos humanos, con los Juicios a las Juntas, el Nunca Más y las movilizaciones populares que devinieron en el fin de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y en el inicio de los juicios de lesa humanidad a principios de este siglo, se tejieron las bases de la democracia reciente en Argentina. Es contra ese acuerdo que pretende avanzar el nuevo Gobierno.
Actualmente se desarrollan en Argentina 16 juicios orales de lesa humanidad. Valeria Silva, integrante de H.I.J.O.S. Santa Fe y directora de Memoria, Verdad y Justicia de la provincia hasta el 10 de diciembre, señala en relación a los mismos: “No sabemos qué va a pasar”. Y agrega: “Es algo que preocupa mucho porque costó mucho a la sociedad, muchos años de salir a la calle y de exigir los juicios a los genocidas después de los Juicios a las Juntas, las Leyes de Impunidad y los indultos. Este gobierno pone en peligro todas esas conquistas”.
En relación a los discursos que alientan la violencia institucional, la represión de la protesta y la estigmatización de la militancia, reflexiona: “Hay una simplificación de los responsables de todos los problemas. Siempre es una cuestión clasista, siempre están en la misma vereda los ‘responsables’. Antes eran los piqueteros, antes los subversivos y mucho antes los indígenas. El problema nunca son los empresarios que se llenan de plata, sino los que luchan. El poder necesita un enemigo interno, un responsable a quien echarle la culpa de todo”.
La lucha feminista está muy ligada a la lucha por memoria, verdad y justicia. Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo comenzaron, hace 46 años, a forjar un camino que es ejemplo y espejo para las militancias populares. Quizás por eso, tras el resultado electoral del 19 de noviembre, la primera y visceral respuesta colectiva fue salir a acompañarlas en la ronda que sostienen cada jueves en la Plaza de Mayo. “De alguna manera son heroínas en los derechos humanos, y son mujeres”, dice Silva.
La hija de Nilda Elías de Silva, militante asesinada en 1977 por la dictadura, reflexiona: “Pienso también en nuestras madres, las víctimas de la dictadura, esas mujeres que a lo mejor no se definían como feministas, pero que sin lugar a duda estaban enfrentando un poder machista y patriarcal”. Y expresa: “Yo creo que estas luchas siempre estuvieron hermanadas. La aparición de la ola violeta y de la marea verde fue un aporte sumamente importante para la construcción democrática de nuestro país. Seguiremos hermanadas en las luchas que tengamos que enfrentar”.
La universidad pública en riesgo
Mariana Carminatti es docente universitaria y secretaria suplente de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Litoral.
La militante expresa su preocupación por las políticas que promete el próximo Gobierno: “Ponen en peligro una universidad que tiene mucho para mejorar, pero que no ha dejado de ser el espacio de acceso para un montón de jóvenes de nuestro país que han tenido así la posibilidad de formarse en una universidad pública y gratuita”.
Si bien en campaña Milei habló de vouchers para reemplazar la educación pública, luego buscó matizar el tono de la propuesta repitiendo que la educación depende de las provincias. ¿Qué pasará entonces con la universidad, cuyo financiamiento sí depende del Estado nacional?
“Se repite el latiguillo de que la universidad no es gratuita porque la pagamos todos con nuestros impuestos. Si, por supuesto, de eso se trata. Pero que si además habría que pagar aranceles, sería una hecatombe”, critica Carminatti. Y suma: “Nos ha costado mucho, en las distintas crisis económicas, que les jóvenes puedan acceder a la universidad.
De cara a la movilización sindical de los próximos años, la militante considera: “No solo vamos a tener que defender los puestos laborales, sino que también vamos a tener que pensar con mucha inteligencia de qué manera se pueden ir encontrando salidas a los grandes problemas. Va a haber que trabajar mucho y en mucha confluencia con todos los sectores de las y los trabajadores, porque no es sólo la educación: la salud, todo está amenazado”.
De cara al futuro, vislumbra cómo será la próxima etapa en defensa de los derechos que el gobierno entrante pretende poner en cuestión: “Creo que es una tarea que nos debemos los gremios, todos los trabajadores y todas las organizaciones, tomando la tradición feminista de poder consensuar aún en la diversidad. Pensar cuáles son las maneras de encontrar respuestas y soluciones a esto que se viene”.
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