“Para cubrir una vacante de juez, desde que se inicia el concurso pasan dos años. En el mejor de los casos, metiéndole palo y palo, se llega en un año y medio. Es una locura de tiempo”. El que habla es un camarista santafesino con trayectoria en Tribunales y se hace eco de un tema que da vuelta hace tiempo: el lapso que transcurre desde que se produce una vacante hasta que efectivamente se cubre.
Actualmente se habla de unas 200 si se mete en la misma bolsa fiscales, defensores, auditores de ambos, magistrados de todos los fueros y niveles, y jueces comunales, cuya designación desde hace unos años también pasa por el Consejo de la Magistratura.
Pareciera existir una base de consenso en que buena parte de esa demora se debe al tiempo que insume realizar los concursos de antecedentes y oposición para ocupar esos cargos.
Lo que se viene
El gobierno de Miguel Lifschitz parece dispuesto a encarar el asunto y escuchar propuestas.
Las conversaciones con distintos actores del sistema judicial, según fuentes calificadas, vienen desde antes de que asuma la Gobernación. Entre los magistrados, se dice que una de las interlocutoras más activas es una renombrada camarista santafesina.
Esas conversaciones ahora se intentan plasmar en un proyecto de decreto para modificar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.
El texto lo está elaborando el Ministerio de Justicia que comanda Ricardo Silberstein y, según una alta fuente de la Casa Gris, “en breve” verá la luz.
El objetivo es lograr designaciones con mayor premura, bajando los tiempos de los concursos, de los actuales dos años “a no más de 90 días”.
El borrador está guardado bajo siete llaves, entre otras cosas porque se asegura que nada se cerró de forma definitiva.
Lo concreto es que se avanza hacia concursos “exprés”. Se piensa en convocar a miembros del Consejo de Evaluación Técnica (es variable para cada concurso) para una labor de varios días continuos, que sería remunerada, para que tomen la evaluación de oposición y antecedentes de los postulantes e inmediatamente las corrijan (hoy esa etapa demora como seis meses).
También se busca la forma de simplificar y acotar plazos de impugnaciones, que en no pocos casos es otra razón por la que se extienden los plazos.
Otro aspecto central de la reforma que viene es el perfil de los candidatos a jueces y fiscales. Se pretende que tenga más peso la experticia y el conocimiento práctico que la acreditación de antecedentes del tipo cursos y títulos académicos.
Para esto se debe meter mano en el examen que se les toma a los candidatos. Los más críticos opinan que los que se toman actualmente son demasiados abstractos. Que mejor sería usar casos con prueba producida para evaluar cómo el aspirante valora las pruebas, “algo más parecido a lo que es el trabajo cotidiano de un juez cuando tiene que resolver”.
Composición y el futuro
Por otra parte, no se contemplan cambios en la conformación del Consejo de la Magistratura, aunque el tema no pareciera estar cerrado ciento por ciento. Ocurre que este es el dato esencial de la reforma que hizo el Frente Progresista cuando llegó al poder en 2007, pasando de un Consejo de la Magistratura con miembros estables a otros cuyos integrantes varían en cada concurso: salvo la Presidencia del Consejo, que recae en el secretario de Justicia o quien el ministro designe, los demás jurados se renuevan para cada concurso. Volver al anterior esquema sería disolver el espíritu de la reforma de 2007.
El último aspecto en cuestión es qué pasará con los concursos que ya están en marcha cuando la reforma entre en vigencia.
En principio no se piensa dar de baja aquellos en los que ya fueron tomadas las pruebas de oposición (no serían más de siete).
Para todo lo que viene después entraría a regir el formato de concurso exprés. Si es que finalmente Lifschitz estampa su firma al pie del decreto.
Un organismo que cambia según pasan los tiempos
El Consejo de la Magistratura fue creado por decreto por el gobernador Jorge Obeid en su primer mandato e inspirado en el organismo que a nivel nacional creó la reforma de la Constitución nacional de 1994.
Sin reforma constitucional acá, ese decreto significó un primer paso ante el ruido que estaba generando la designación de jueces desde el retorno de la democracia, fruto del enorme poder que la Constitución de 1962 le concedía al Poder Ejecutivo a la hora de designar jueces y fiscales. No sólo por la usual prerrogativa de designar magistrados, sino en que además le concede una mayoría automática en la Cámara de Diputados en caso de ganar la elección en esa categoría, lo que se traduce en mayoría en la Asamblea Legislativa que avala los pliegos. La marcada preocupación de los constituyentes por garantizar gobernabilidad, derivó en abusos y desequilibrios institucionales.
Horas después de asumir, el entonces gobernador Hermes Binner, el primero no peronista desde el retorno de la democracia, firmó el decreto que reformuló todo el Consejo de la Magistratura. Ya no hubo miembros estables representando al Ejecutivo, el Poder Judicial, las universidades, el Poder Legislativo y los colegios de abogados y jueces, sino que los jurados se integran para cada concurso.
Esa decisión tuvo como objetivo licuar el poder corporativo y político dentro del Consejo. Implicaba desarmar la estructura de poder que, aunque con variaciones, había moldeado el Poder Judicial desde 1983 hasta 2008.
El decreto de Binner autoexcluyó al Poder Ejecutivo en la designación de jueces, a la par que sacó a la Corte Suprema y los colegios de abogados y magistrados, dando paso a una selección de carácter técnico. Mientras el Ejecutivo pateaba la mesa y sacaba las sillas para que nadie se pudiese atornillar, ese diciembre de 2007 en la cena de fin de año del Colegio de Magistrados se cantó a los gritos la marcha “Resistiré”, casi como un grito de guerra contra el nuevo gobierno que las urnas habían puesto en el Poder Ejecutivo.
Con el Consejo de la Magistratura despejado y acentuado su perfil técnico, las tensiones políticas se trasladaron a la Legislatura, responsable de dar el aval a los pliegos que el Ejecutivo enviaba tras el proceso de selección. Y fue justo en un período extraordinario en cuanto a la cantidad de magistrados, fiscales y jueces comunales a designar por la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal y la reformulación de la figura de los antiguos jueces de paz.
Con la Asamblea Legislativa dominada por la oposición, Bonfatti debió contemplar los intereses de la mayoría Justicialista introduciendo microrreformas en las normativas. Así logró destrabar la pila de pliegos enviados y otros por enviarse que se acumulaban sin resolución.
Lifschitz ahora encara su propia reforma, como se dijo, con eje en la premura del proceso para cubrir vacantes y el perfil de los candidatos a seleccionar.
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