¿Golpe institucional o acción anticorrupción ejemplar? La operación Lava Jato, que persigue un monumental esquema de coimas en Petrobras y que se está derramando a otras áreas del Estado brasileño, aparentemente “loteadas” por el gobierno del Partido de los Trabajadores y sus socios, genera pasiones encontradas. Sus defensores esperan que derive en la renuncia o destitución de Dilma Rousseff; sus detractores la describen como un inaceptable chantaje judicial destinado a revertir lo que el voto popular viene consagrando desde octubre de 2002.
Aproximarse a la cuestión obliga a poner la lupa en el magistrado que lleva el caso, el juez federal de Curitiba Sérgio Moro, el hombre más aclamado en pancartas y consignas en las manifestaciones del domingo por la salida de Dilma. ¿Héroe o villano?
Tiene 43 años, aspecto cuidado, formación de posgrado en Harvard y es considerado uno de los principales especialistas de su país en lavado de activos y delitos contra la administración pública.
No suele dar entrevistas, pero no se priva de defender sus polémicos procedimientos.
Mientras, disfruta de las ovaciones que le dedican brasileños de clase media en sus apariciones públicas o privadas; la simple concurrencia a un restorán desemboca en un homenaje espontáneo. Gracias a Lava Jato (literalmente “lavado a chorro”, pero a la vez otro nombre para los lavaderos de autos, ya que toda la pesquisa comenzó en uno de ellos), su futuro es una enorme promesa.
Sus adversarios, que harán foco en su figura en la marcha que realizará el PT mañana, dicen que sigue la pista del dinero, pero que demora artificialmente el procesamiento de altos funcionarios porque sabe que eso le haría perder la causa a manos del Supremo Tribunal Federal (corte suprema). Así, mientras él alega que quiere tener todas las pruebas antes de dar ese paso, sus críticos afirman que le da largas al asunto para provocar la derrota del PT en las elecciones de 2018, en particular la de Luiz Inácio Lula da Silva, su presunto blanco final.
Además, le achacan actuar con espectacularidad, estigmatizando a simples imputados con la amplia publicidad que da a sus procedimientos y con la filtración de meras sospechas a la gran prensa.
Más importante todavía, aseguran que hace uso y abuso de la prisión preventiva para extorsionar con una pena de facto a los acusados, de modo de convertirlos en delatores deseosos de un trato benigno a la hora de las condenas.
Su finalidad, cierran, no es judicial sino política y pasa por acabar con el sector de la clase política que viene gobernando Brasil en favor de los más pobres. ¿Es así?
Las claves de las acciones del juez Moro no son un misterio, ya que él mismo las anticipó muchos años antes de que emprendiera, junto con un grupo de fiscales federales, la operación Lava Jato. Todo surge con claridad de un artículo que publicó en la Revista del Centro de Estudos Judiciários (julio-septiembre de 2004), titulado “Consideraciones sobre la operación Mani Pulite”. En el mismo, Moro analiza la ofensiva judicial que liquidó lo que se llamó Tangentopoli”, la ciudad de las coimas, en la Italia de principios de los años 90. El foco del magistrado no es ingenuo, ya que lo lleva a concluir que las condiciones están maduras en Brasil para una limpieza semejante.
En el texto, Moro no oculta que la finalidad de una operación tal, posible sólo por la acción de lo que denomina “jueces de ataque”, no fue solamente combatir la corrupción en Italia sino “rediseñar el marco político”. Para ello, menciona tres elementos que se combinan en una dinámica virtuosa: prisiones preventivas, delación premiada y divulgación amplia.
Según el autor, la presión de la opinión pública es central para contrarrestar los reflejos defensivos de una clase política contra las cuerdas. La pérdida de legitimidad de ésta, dice, debe ser estimulada con prisiones e informaciones filtradas si se pretende ir a fondo. En el caso italiano, su modelo para Brasil, “la deslegitimación, al mismo tiempo en que tornaba posible la acción judicial, era alimentada por ella”, sostiene.
Según Moro, los crímenes contra la administración pública conllevan “artificios complejos” y la prisión preventiva es la herramienta para convertir a acusados de menor envergadura en delatores y llegar así a los peces gordos.
Dijimos que, además de las prisiones preventivas y la delación premiada, el tercer vértice de sus acciones es la divulgación. Ésta, refiere en el artículo mencionado, fue clave en la operación caso Manos Limpias. “Tan pronto como alguien era detenido, detalles de su confesión eran vehiculizados en L’Expresso, en La Repubblica y en otros diarios y revistas simpatizantes”, recuerda. Hoy, el juez brasileño hace avanzar sus operativos en fases sucesivas que numera (ya superó las 18) y que, al modo de una telenovela en capítulos, exhibe redadas espectaculares en varios estados que terminan con la captura de sospechosos y con la filtración de sus posteriores confesiones a los grandes medios.
“Las prisiones, confesiones y la publicidad conferida a las informaciones obtenidas generan un círculo virtuoso, en el que consiste la única explicación posible de la magnitud de los resultados”, explica.
“En Brasil se encuentran presentes varias de las condiciones necesarias para la realización de una acción judicial semejante”, decía Moro hace once años. Hoy aplica el modelo que tanto lo cautivó.
Sus métodos implican una torsión polémica de los códigos y los usos legales, que sus simpatizantes justifican en base a los resultados.
Desde lejos no se siente la pasión que lleve a justificar ningún abuso. Con todo, aunque el PT y sus aliados políticos y empresariales, acosados desde hace meses por un escándalo sin fin que ya mutó en crisis institucional, hacen bien en denunciar esas demasías, aún deben una explicación por hechos que, evidentemente, acontecieron en gran medida y que dañarán por mucho tiempo en Brasil la causa progresista que dicen defender.
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