José Urtubey, uno de los vicepresidentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), advirtió ayer que si el gobierno nacional aplica reformas a la ley de Abastecimiento esa entidad recurrirá a la Justicia para tratar de frenar su implementación, por considerar que es “inconstitucional”.
“Si se sanciona una norma de este tipo, recurriremos a la Justicia”, alertó el dirigente, sobre la intención del gobierno de aplicar más controles a la comercialización de bienes y servicios en un intento por frenar la inflación.
En declaraciones radiales, Urtubey explicó: “Tenemos una observación sobre la ley de Abastecimiento, porque podría ponerle límites a la rentabilidad de las empresas. Y eso sería inconstitucional”.
“Por eso, si se sancionan las reformas recurriremos a la Justicia, porque consideramos que sería anticonstitucional”, enfatizó el empresario.
Para sectores empresarios, avanzar con esa iniciativa representaría “el fin de la empresa privada argentina”“.
Los principales puntos de rechazo al proyecto son el establecimiento de márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles mínimos y máximos para “todas y cualquier” etapa del proceso económico.
También la posibilidad de que la autoridad disponga la continuación de la producción de bienes y la fabricación obligatoria de estos con niveles o cuotas mínimas. La potestad de requerir y secuestrar toda documentación contable o comercial. La obligatoriedad de publicar precios de los bienes y servicios producidos y prestados.
Las sanciones por incumplimiento van desde multas, clausura, inhabilitación, decomiso y, en caso de reincidencia, clausura definitiva para quienes eleven injustificadamente los precios, revalúen existencias, acaparen materias primas y productos, nieguen o restrinjan arbitrariamente la venta de bienes o una prestación de servicios, discontinúen el abastecimiento normal y habitual de una zona o ramo comercial, o no produzcan bienes con precios máximos y mínimos a los márgenes de utilidad fijados.
También les preocupa la amenaza de que las multas sean aplicables tanto a las personas jurídicas como a los directivos. Estas deberán ser primero pagadas y después, recurridas.
Estas facultades podrán ser ejercidas por la Secretaría de Comercio o por las provincias, con el referendo de la autoridad nacional.
Otras voces en contra
La Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) manifestó ayer su “rechazo” al proyecto de ley de Abastecimiento porque “atenta contra principios constitucionales” y advirtió que, de progresar, la iniciativa inhibirá la inversión privada.
La entidad conducida por el dueño del banco Macro, Jorge Brito, consideró en un comunicado de prensa enviado a los medios que la intervención del Estado en el mercado interno “atenta contra principios constitucionalmente consagrados como el de libre empresa y la propiedad privada”.
“Este tipo de iniciativa trae como consecuencia efectos totalmente opuestos a los perseguidos, ya que la intromisión del Estado en áreas y funciones que no son de su competencia termina por inhibir la inversión privada, desabastecer los mercados y promover la aparición de mercados ilegales con precios superiores a los regulados”, aseguró.
En el mismo sentido, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, advirtió ayer que la iniciativa “es altamente riesgosa” para las empresas.
“El instrumento, tal cual está diseñado, le va a permitir al gobierno tomar el control de cualquier empresa privada y esto es altamente riesgoso”, alertó el empresario.
Came pide por las Pymes
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) afirmó ayer que el proyecto de reforma de la ley de Abastecimiento “no se diferencia sustancialmente de las atribuciones que anteriormente se otorgaban a la secretaría de Comercio Interior en la materia”. En ese marco, la entidad que conduce Osvaldo Cornide planteó la necesidad de salvaguardar los derechos de las pymes en las nuevas leyes que regulan las relaciones de consumo y de defensa de la competencia.
Came, a través de un comunicado de prensa, sugirió que, “a fin de salvaguardar los derechos de las pymes”, el proyecto debería incluir un nuevo artículo “que prevea que para ejercer las acciones que la ley otorga a la autoridad de aplicación” se tengan en cuenta “la dimensión económica de la empresa, negocio o explotación”.
La oposición fustigó la iniciativa del kirchnerismo y la consideró “un disparate”
Referentes de los principales espacios de la oposición criticaron ayer la reforma a la ley de Abastecimiento que impulsa el kirchnerismo. El titular del Partido Socialista, Hermes Binner, indicó que cree en “la mano invisible del mercado” y que el proyecto de ley es “un disparate”.
“Es un disparate. Hay una responsabilidad indelegable del Estado: es velar por una macroeconomía que ayude a creer que es posible salir adelante. Generar una posibilidad cierta de inversión y desarrollo que son vitales para la construcción de una Argentina de nuevo tipo”, afirmó Binner.
Y agregó: “Creemos todavía en la mano invisible del mercado porque es la que en definitiva sigue en la historia, con las décadas y sigue presente como una forma de seguir arreglando las cuestiones”.
Para el ex gobernador de Santa Fe, el Ejecutivo nacional debe “asegurar una tasa de inversión, un valor del dólar, una emisión monetaria previsible, un déficit fiscal controlable, unas reservas que nos ayuden a apalancar el desarrollo del país”.
Por su parte, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, advirtió que “no es atacando empresas la forma de cuidar el trabajo de la gente”.
Para Massa, “está bien que se tengan herramientas de defensa del consumidor, pero la ley de abastecimiento tiene una serie de errores que pueden producir más daño”.
“No es atacando pequeñas, medianas o grandes empresas, como se va a defender el trabajo en este momento, al contrario. El desafío del Estado tiene que ser tomar cada una de las cadenas de valor y revisar dónde tiene alta presión tributaria”, señaló Massa.
En declaraciones a la prensa, el diputado opositor consideró que “este es un tiempo en donde el esfuerzo lo tiene que hacer el Estado y no aumentar la presión y aumentar el intento de injerencia del Estado sobre la actividad de la economía”.
Por la UCR, el titular del bloque de diputados nacionales, Mario Negri, evaluó que, “como no pueden arreglar lo que en años vienen desarreglando y tapando, creen que el mercado es el único responsable de los males, y el mejor remedio que encontraron es el control político de la economía”.
“El populismo y los tecnócratas del mercado siempre tienen un punto convergente, que es dejar a un costado los problemas de la gente”, sostuvo el radical.
En tanto, el diputado de la Unión Celeste y Blanco, Francisco de Narváez, afirmó también que una norma de este tipo “creará mayor incertidumbre”. “Esta ley crea mayor incertidumbre. No es un problema de estadísticas”, enfatizó De Narváez.
Por el PRO, el titular del bloque de diputados, Federico Pinedo, sostuvo que el proyecto “es un delirio” y advirtió que “de aprobarse se producirá mayor inflación, más recesión y más desempleo”.
“Que un funcionario del gobierno pueda decidir qué producir y qué no, cómo hacerlo y fijar el precio de un bien, es un delirio”, afirmó el legislador y sostuvo que la iniciativa “es contraria al artículo 42 de la Constitución Nacional”.
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