Mientras los extremos calores, temporales, piedra y sequía siguen golpeando sobre las posibilidades de la cosecha 2010/11, la suba internacional de los precios agrícolas logra aún mantener los ingresos por exportaciones que puede esperar la Argentina en cifras similares, o algo superiores, a las del año pasado.
Naturalmente, ese monto de divisas que hoy todavía se podría ubicar alrededor de los 28.000 o 30.000 millones de dólares (de los cuales casi el 85 por ciento corresponde a los granos), está al menos 10.000 millones de dólares por debajo de lo que, en forma demasiado optimista, anunciaban algunos funcionarios académicos cuando ubicaban la cosecha en bastante más de 100 millones de toneladas, y especulaban con que éste sería uno de los caballitos de batalla del año electoral, incluso, para debilitar así las eventuales demandas de la mesa de enlace.
La realidad y el clima echaron por tierra las exageradas aspiraciones de los funcionarios, hasta ahora, con mermas de, al menos, 20-25 millones de toneladas, aunque para algunos la diferencia es más abultada, ya que para hoy ubican las nuevas cifras en apenas 70-73 millones de toneladas finales, con sólo 40-43 millones de soja, muy lejos de los 55 millones o más de la oleaginosa anunciados a principios de la campaña.
Y esto, sin duda, además de la incidencia global en la economía por el menor ingreso de divisas respecto de las esperadas, tiene otro impacto para el gobierno por la disminución en las cuentas fiscales debido a las retenciones (menos para exportar = menos para tributar), lo que algunos temen que en un año de elecciones podría disparar la posibilidad de un nuevo aumento en el controvertido gravamen. Esto, sin embargo, se enfrentaría con la postura legislativa de un grupo importante que buscaría eliminar o, al menos, disminuir significativamente la alícuota del gravamen, prácticamente inexistente en buena parte del mundo.
El caso es que desde el 24 de agosto del año pasado, cuando cesaron definitivamente las facultades delegadas, el Poder Ejecutivo debe acudir al Congreso para lograr la autorización de modificar los impuestos. Y las retenciones lo son.
Eso complicaría una eventual suba de las retenciones pero, además, hay varios proyectos de ley para recortar el impuesto, en muchos casos hasta su eliminación. Y si bien el año pasado no se lo logró llevar finalmente al recinto (se alcanzó la aprobación de la comisión de Agricultura), se descarta que en el próximo período legislativo se va a plantear la insistencia.
Los que están a favor de la medida hablan de la nueva suba extraordinaria en las cotizaciones de los granos que, por ejemplo, llevó al maíz a su segundo precio más alto en 20 años, según el analista Pablo Adreani. Eso “justificaría” que el campo hiciera un aporte mayor.
Los de la vereda de enfrente sostienen, a su vez, que los costos de producción aumentaron el último año un promedio de entre el 25 por ciento y el 28 por ciento (40 y 80 dólares por hectárea), según las cifras de Márgenes Agropecuarios. Pero también preguntan: “Y cuando los precios eran malos, o la cosecha fracasó, ¿quién vino a poner la diferencia?”.
Así las cosas, y más allá de los intentos de suba de algún funcionario, el tema de las retenciones va a ir cobrando temperatura legislativa después de marzo y a medida que se avance en los tiempos comiciales, y es más que probable que el asunto se politice mucho.
Es que, mientras para parte de la “oposición” bajar o recortar estos impuestos significa un fuerte condicionamiento al manejo de recursos del Poder Ejecutivo, no es menos cierto que, además, un porcentaje importante de legisladores de los partidos mayoritarios, que creen a su vez que pueden ser gobierno en el próximo ciclo, prefieren dejar las cosas como están y no prescindir de semejante monto (“caja”, en la jerga política), hoy ubicado en alrededor de 8.000 millones de dólares, aun con la caída de la cosecha. La movida incluye a algunos “agrodiputados”, lo que quedó muy claro en las discusiones de hace algunos meses.
Pero no son los únicos intereses en juego. De hecho, los recursos del Fondo Federal de la Soja, que involucran el 30 por ciento de las retenciones de la oleaginosa, ahora mermados por el achicamiento de la cosecha, también son “defendidos” por algunos gobernadores, aunque apenas representa un porcentaje mínimo de lo que sus provincias aportan en términos de producción, y sería inexplicable para ellos justificar ante sus propios contribuyentes.
En realidad, por los cálculos realizados ya el año pasado, si bien la eliminación de las retenciones representaría una disminución de ingresos para las arcas de la Nación, ocurriría exactamente lo contrario con los recursos provinciales, básicamente de los Estados centrales agrícolas como Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires o Entre Ríos, entre otros, que vía Ganancias y recaudación propia, sin mencionar inversiones directas de sus contribuyentes, recuperarían los ingresos que hoy salen de las provincias y que no vuelven, ya que no son coparticipados. De hecho, desde 2002, cuando se instauraron, hasta la fecha, fueron más de 50.000 millones de dólares los que aportaron los productores por retenciones, cifra que por lo tanto también perdieron las provincias y que distan de poder recuperar con el actual sistema.
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