El acuerdo con Irán para la indagatoria de cinco acusados por el atentado a la Amia genera incertidumbre en el propio gobierno sobre el resultado del proceso y encierra una trama de internas, pero en simultáneo implica la profundización del rumbo asumido en la política exterior argentina.
En primer lugar, la decisión de Cristina Kirchner fue tomada en medio de dudas crecientes sobre la investigación realizada por el fiscal especial Alberto Nisman, quien avanzó sobre la “pista iraní” del atentado y postergó la “pista siria”.
El 25 de octubre de 2006, los fiscales Nisman y Marcelo Martínez Burgos acusaron el gobierno iraní de planificar el atentado y al Hezbollah de ejecutarlo. Según la investigación de la fiscalía, Argentina fue elegida como blanco del ataque tras la decisión del gobierno de Carlos Menem de suspender un acuerdo de transferencia de tecnología nuclear a Irán.
La pista siria apuntaba a ciudadanos de ese país que aparecen profusamente en el expediente por el atentado y que el ex presidente Menem habría intentado encubrir.
De alguna manera, la presidenta volvería sobre sus pasos: cuando hace más de diez años encabezaba –como senadora– la Comisión Bicameral Especial de Seguimiento de los Atentados a la Embajada de Israel y la Amia consideró que Irán no era culpable de esos hechos y creía en la pista Siria.
Ahora, el gobierno mira con recelo a Nisman. Cree que el fiscal tiene relación directa con la embajada estadounidense, que junto con Israel están pendientes del avance de la pista iraní a partir del delicado papel que juega Teherán en el tablero internacional.
El fiscal se mantuvo en silencio. Una vez que el memorándum de entendimiento firmado por los cancilleres Timerman y Ali Akbar Salehi sea aprobado por el Congreso debería viajar junto al juez Rodolfo Canicoba Corral para indagar a los acusados. En la Cancillería, algunos dudan sobre si querrá ir a Teherán.
Relaciones Internacionales
No puede dejarse de lado el contexto internacional en el que se celebró este acuerdo.
La Argentina busca ampliar su comercio internacional y sus redes políticas luego de los conflictos con los países desarrollados y los centros financieros.
Falta de acuerdo con el Club de París, planteos de Estados Unidos, Europa y Japón ante la OMC por restricciones al comercio, distanciamiento con España por Repsol y moción de censura del FMI por las estadísticas del Indec forman parte de ese combo.
En ese marco, el acercamiento a la República Islámica se ajusta con la búsqueda de nuevos socios comerciales en países con altas tasas de crecimiento en África o Medio Oriente, como Angola o Azerbaiyán, pero que a su vez acumulan cuestionamientos internacionales por la calidad de sus instituciones.
Irán también ve en Latinoamérica un puente para quebrar el aislamiento político y comercial al que es sometido por su plan nuclear que vuelve más peligrosa su hostilidad hacia Israel.
Además, busca que los precios de sus alimentos se mantengan bajos en medio de una creciente devaluación de su moneda.
El gobierno kirchnerista restringió las importaciones de crudo de Teherán –pese a que podrían serles de utilidad– para cumplir con las sanciones aplicadas en el marco de las Naciones Unidas pero en los últimos años multiplicó los volúmenes de venta de productos agropecuarios a esa nación.
Las exportaciones al país persa aumentaron 234 por ciento desde que Cristina Kirchner asumió en 2007 y 1.000 por ciento respecto a 2005 cuando el comercio era nulo a causa de las fricciones por el caso Amia.
Interna comunitaria
El propio canciller Timerman desconoce si la indagatoria de cinco acusados –eran seis, uno murió– entre los que se encuentra el propio ministro de Defensa iraní, Ahmad Vahidi, arrojará luz sobre los reales responsables del atentado que causó la muerte de 85 personas y dejó 300 heridos en 1994.
De todos modos, según afirmó en público y privado, es un camino que permite avanzar sobre una causa que está trabada en la negativa iraní a extraditar a los acusados.
Timerman estuvo durante una hora y media explicándoles a los dirigentes de la Amia y la Daia, y a miembros de las organizaciones de familiares de las víctimas del atentado, los alcances del acuerdo. Garantizó que las “circulares rojas” de Interpol para la detención de los acusados siguen vigentes y que el procedimiento en Teherán no invalidará lo hecho por la Justicia argentina.
En esa reunión también se coincidió en que uno de los dos juristas internacionales que propondrá la Argentina para la “Comisión de la Verdad” que supervisará el proceso es el ex juez español Baltasar Garzón. Los familiares también propusieron a Mario Grossman, jurista chileno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y veedor en el juicio por Amia.
Al término del encuentro, los presidentes de la Amia y Daia y los familiares apoyaron el acuerdo, pero con el correr de las horas el presidente de la Amia, Guillermo Borger, comenzó a reclamar precisiones: primero pidió que se redacte un anexo del acuerdo para que sea aprobado por el Congreso y luego que se revise todo el entendimiento.
La trama de relaciones del gobierno con la dirigencia de la comunidad judía es compleja. Hace poco apoyó y celebró el triunfo de Julio Schlosser, un hombre de buena llegada al Ejecutivo, en las elecciones en la Daia sobre el macrista Claudio Avruj.
Ahora prevé una situación parecida en la Amia, que tiene elecciones en abril. Según la visión de los funcionarios kirchneristas, Borger está presionado por los rabinos Sergio Bergman –legislador macrista– y Samuel Levin, representante de la minoría ortodoxa. Para esa elección, el apoyo oficial será para Luis Grynwald, representante del sector no religioso.
Mientras tanto, las víctimas de la Amia siguen esperando que se haga justicia.
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