En el mes de junio, el Congreso de la Nación sancionó una nueva Ley de Defensa Pública que rige para el sistema federal y que pone la lupa en la protección de los derechos humanos de todas las personas y, en especial, “de quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad”. A nivel local, en lo que va de este año la Defensoría provincial no fue aceptada en ninguno de los casos de violencia institucional ocurridos en Rosario en los que se presentó como querellante. En diálogo con El Ciudadano, el defensor Gabriel Ganón sostuvo que en la provincia de Santa Fe todavía no hubo adhesión a la normativa nueva y que “hay que dar desde cero un debate que a nivel nacional está cerrado”.
De acuerdo con lo que indica la nueva ley, promulgada el 17 de junio pasado, el Ministerio Público de la Defensa es una institución de defensa y protección de derechos humanos que debe garantizar “el acceso a la justicia y la asistencia jurídica integral, en casos individuales y colectivos”. Asimismo, promueve “toda medida tendiente a la protección y defensa de los derechos fundamentales de las personas, en especial de quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad”.
En el caso particular de las víctimas de delitos, en su artículo 11 la ley especifica que la Defensoría General de la Nación establecerá un programa de asistencia técnica y patrocinio jurídico a quien solicite constituirse en el proceso penal como querellante particular o actor civil, y que por la limitación de sus recursos económicos o vulnerabilidad hicieran necesaria la intervención del Ministerio Público de la Defensa.
Sin embargo, según el defensor provincial Gabriel Ganón, Santa Fe está muy lejos de alcanzar los preceptos que establece la normativa. Incluso, en todos los casos de violencia institucional ocurridos en Rosario en los que la Defensoría provincial se presentó como querellante no fue aceptada.
“Hasta ahora no hubo adhesión provincial a la nueva ley, pero desde la Defensoría venimos trabajando desde estos principios a nivel jurisprudencial. Cuando se aprueba una ley nacional, la misma es un estándar para todas las provincias y nadie puede tener un peor derecho o una peor regulación. Es lo que se conoce como «el derecho al mejor derecho»”, explicó Ganón.
El problema en Santa Fe, según Ganón, es que pensar a la Defensoría como garante de los derechos humanos es un debate cerrado a nivel nacional, pero que a nivel provincial es necesario “dar desde cero”, porque en la Justicia existe “un criterio restrictivo, añejo y de poca internalización de los principios tanto de la Constitución como de los convenios internacionales”.
En este sentido, Ganón recordó el caso de dos hombres que fueron baleados por la Policía de Acción Táctica en Rafaela. En esa ocasión, la Defensoría Pública se presentó como querellante pero el pedido fue rechazado argumentando que “primero estaba la ley procesal y después la Constitución y acuerdos internacionales”.
“En la provincia, tanto en la formación universitaria como en la práctica profesional, este pensamiento está muy generalizado. En Buenos Aires, por ejemplo, este año se aprobó la obligatoriedad de la Defensoría Pública de representar a las víctimas de violencia institucional y creo que habría que avanzar en Santa Fe en la misma dirección”.
Casos en los que la Justicia dijo no
En lo que va de este año, la Defensoría Pública provincial se presentó como querellante en tres casos vinculados con la violencia institucional y en ninguno de ellos fue aceptada como tal. Las causas son las que investigan la muerte de Carlos Godoy, asesinado por policías la mañana del 24 de mayo en el puente Sorrento; Fernando David Dorado, el preso que fue encontrado ahorcado en la comisaría 3ª el 24 de junio, y el caso de una joven víctima de violencia de género (cuya identidad está preservada) que no fue atendida debidamente en la comisaría y en los Tribunales provinciales. Los casos están en apelación ya que desde la Defensoría reclaman el derecho de asistir a las víctimas.
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