El gobierno nacional puso en marcha un plan para que las empresas distribuidoras de energía eléctrica se pongan al día con las deudas que mantienen con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), tras las restricciones y normativas que se aplicaron a partir de la pandemia de coronavirus.
La Secretaría de Energía de la Nación formalizó el régimen especial de regularización de obligaciones acumuladas hasta el 30 de setiembre de 2020 por las distribuidoras de energía eléctrica con Cammesa, a través de la resolución 40/2021 publicada el viernes 22 de enero en el Boletín Oficial.
También se determinó un régimen especial de créditos para aquellas distribuidoras, administraciones o empresas provinciales distribuidoras de energía eléctrica que, al 30 de setiembre de 2020, no tengan deuda o su nivel sea considerada dentro de valores razonables con Cammesa o con el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
La regularización se hará hasta en cinco años con un semestre de gracia y una tasa de interés que será de la mitad de lo que cobra el MEM.
En el caso de la Empresa Provincial de Energía (EPE) de Santa Fe, la deuda acumulada a lo largo de 2020 es de 15.356 millones de pesos. Su presidente, Mauricio Caussi, anunció días atrás que mientras la empresa negocia el pago de la deuda con Cammesa no habrá aumentos de tarifas en la provincia de Santa Fe.
Transición
La decisión de ordenar el mercado eléctrico se oficializó un día después de que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) anunciara el inicio del proceso de análisis, discusión y determinación de una nueva tarifa residencial, industrial y comercial de la energía eléctrica.
Esta tarifa debería comenzar a regir a mediados de marzo próximo y será de transición hasta que concluya la nueva Revisión Tarifaria Integral.
En marzo del año pasado, con la llegada de la pandemia al país y la decisión del gobierno de ir a un aislamiento preventivo, se dispuso que las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, entre otras, no podían disponer la suspensión o el corte de los mismos a los usuarios de sectores vulnerables, jubilados, pensionados, beneficiarios de otras pensiones y planes sociales, monotributistas sociales y de las categorías más bajas, y empleadas domésticas.
Las distribuidoras entonces no podían cortar el suministro en caso de mora o falta de pago de hasta tres facturas consecutivas o alternas, en una primera instancia, que en diciembre último se extendió a siete.
Comenzó la discusión sobre la “tarifa de transición” del servicio de electricidad
Esto generó que a partir de marzo de 2020 se produjera un incremento de la morosidad de los pagos de la facturación emitida por el Organismo Encargado de Despacho (OED) en su calidad de administrador del MEM por parte de las distribuidoras.
La resolución actual de Energía destacó que “resulta necesario establecer un procedimiento especial para la normalización de la cadena de pagos en el MEM evitando riesgos de desabastecimiento, acompañando la producción y el empleo, garantizando el derecho al acceso a la energía eléctrica y redundando en una mejora de la calidad de vida por parte de los ciudadanos”.
En este marco se determinó adoptar los regímenes de regularización de las deudas y de créditos creados por el artículo 87 del presupuesto nacional 2021, para que las distribuidoras eléctricas puedan refinanciar sus deudas históricas, “ya sean por consumos de energía, potencia, intereses o penalidades”.
En este sentido, se resolvió que los créditos del Tesoro Nacional que reciba cada empresa podrán ser equivalentes hasta cinco veces la factura media mensual del último año de la compañía o al 66% de la deuda existente con Cammesa.
El resto del pasivo deberá ser pagado en hasta 60 cuotas, con seis meses de gracia y una tasa de interés equivalente a la mitad de la vigente en el MEM.
Provincia por provincia
La deuda de todas las empresas distribuidoras del país con Cammesa, de acuerdo con su último informe de cobranza, alcanza los 142 mil millones de pesos. Los montos mayores les corresponden a las distribuidoras del Área Metropolitana de Buenos Aires: Edesur, con 20.800 millones; y Edenor, con 18.000 millones de pesos.
Le siguen la Empresa Provincial de Energía (EPE) de Santa Fe, con 15.356 millones de pesos; Electricidad de Misiones (EMSA), con 12.623 millones; la chaqueña Secheep, con 10.000 millones; Electricidad de Mendoza (Edemsa), con 9.813 millones; la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), 6.758 millones.
En Chubut, la Dirección Nacional de Servicios Públicos y las cooperativas Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Rawson, Sarmiento y Trelew, acumulan en conjunto una deuda que supera los 12.000 millones de pesos.
En tanto que Cooperativa Bariloche, Energía San Juan y Empresa Jujeña de Energía (Ejesa) son las únicas distribuidoras de todo el país que están al día con Cammesa.
Mientras la EPE negocia su deuda con Camessa, las tarifas eléctricas seguirán congeladas
La Secretaría de Energía destacó que “con el objeto de disminuir el impacto de la situación, el Estado realizó aportes del Fondo Unificado al Fondo de Estabilización para permitir saldar las acreencias de los agentes del MEM en plazos y formas compatibles con el contexto actual”.
Además, puntualizó que “el tratamiento que se debe adoptar con las distribuidoras con el objetivo de regularizar las obligaciones debe incorporar las particularidades de cada una de las empresas prestadores del servicio público de distribución eléctrica y su área de concesión, para otorgar una solución de sostenibilidad de la deuda a la vez que se garantice la calidad del servicio público de energía eléctrica”.
En Santa Fe
Mientras la EPE negocia su deuda con Camessa, las tarifas eléctricas en la provincia de Santa Fe seguirán congeladas. Así lo confirmó el pasado 7 de enero el titular de la empresa, Mauricio Caussi: “Si llega a haber un ajuste tarifario, de ninguna manera va ir en contra de las posibilidades de los santafesinos, sino que se realizará con criterios de diferenciación que nos coloque en mejores términos de eficiencia y equidad”.
No obstante, el funcionario provincial señaló que hay retrasos tarifarios que llegan hasta un 80% en algunos casos, debido al desfasaje producido por los aumentos de los insumos con los que trabaja la EPE. Por lo cual, la empresa evalúa un nuevo cuadro tarifario a futuro, aunque Caussi evitó dar mayores detalles al respecto.
“Decidimos concentrar la deuda con Cammesa porque claramente fuimos deficitarios. Estamos trabajando para hacer uso del artículo 87 del presupuesto, para tener un alivio. No nos olvidemos de que, durante los últimos años, sobre todo en el gobierno macrista, se benefició a Edenor y a Edesur y se relegó a empresas como la EPE”, sostuvo el titular de la empresa pública santafesina.
“Estamos conformes por cumplir la promesa de sostener las tarifas. Lo hicimos durante todo el 2020 en un contexto de mayor exigencia por la pandemia”, dijo Caussi.
“Cuando miramos los números, si nos comparamos con Entre Ríos y Córdoba, que son provincias vecinas y comparables, las tarifas como mínimo están entre un 10% y un 40% por debajo. Pero en otros casos, como en los consumos de 3500 o 4000 kilovatios para arriba, bimestrales, la diferencia llega hasta un 80%”, agregó el titular de la EPE.
El funcionario reconoció que en Santa Fe “tenemos un atraso tarifario importante. Nuestros insumos y equipamientos se incrementaron el año pasado entre un 50 y un 100%. Esos aumentos se dieron en los componentes importados. La realidad es que estamos cada vez más ajustados. Cada vez es más difícil sostener esta situación tarifaria. No obstante, la decisión política del gobernador (Omar Perotti) es de alineamiento con la que lleve adelante el gobierno nacional”.
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