El socialismo volvió a la carga por la reforma de la Constitución provincial. Pese a la negativa expresa del PJ, que quiere debatir el tema recién después de las elecciones de 2011, socialistas, radicales y el resto de las fuerzas que integran el Frente Progresista lograron acordar las líneas básicas que debería contemplar la reforma y el mensaje del Ejecutivo –que no contempla la reelección de gobernador y vice– está listo para ser enviado a la Legislatura.
El jefe de la bancada de diputados socialistas, Raúl Lamberto, señaló una contradicción que ya había sido puesta en relieve por el gobernador Hermes Binner: “En la cuna de las constituciones tenemos una Constitución provincial atada con alambre”. Una alusión sobre lo paradójico que resulta que Santa Fe, cuya capital fue sede de todas las convenciones constituyentes desde 1853 a 1994 –la única excepción fue la reforma de 1949–, cuente con una de las cartas magnas más viejas del país: data de 1962.
Lamberto disertó en las jornadas de Derecho Público organizadas por el Centro de Estudiantes de Derecho de la UNR y allí insistió en la necesidad de reformar la Constitución de la provincia. “La Constitución actual ha sido rebasada por la realidad. Muchas instituciones modernas se incorporaron a las instituciones provinciales mediante decretos o leyes, que constituyen decisiones infraconstitucionales modificables por otras disposiciones contrarias” dijo.
Y luego las enumeró. Primero habló del nombramiento de los magistrados de Corte Suprema de Justicia y del procurador general, que se realizan en base al decreto 18/07 del 11 de diciembre de 2007: uno de los primeros que firmó Binner a su llegada a la Casa Gris; allí se incluyó la cláusula que obliga a la autolimitación del gobernador en los nombramientos.
Luego recordó que el Consejo de la Magistratura es un organismo modificado dos veces por decreto desde la asunción del Frente Progresista: el 26 de diciembre de 2007 y el 30 de diciembre de 2009. También la designación de vocales del Tribunal de Cuentas se rige, en la actualidad, por decreto: el 3067 del 18 de diciembre de 2008. Allí se establece que el consejo de selección de vocales del Tribunal de Cuentas se hará por concurso de oposición y antecedentes.
Otro de los aspectos que el oficialismo quiere dejar incorporado en la nueva Constitución es el que tiene que ver con las atribuciones del procurador de la Corte Suprema. La ley orgánica del Poder Judicial le otorga funciones al procurador como cabeza del Ministerio Público, integrado por fiscales y defensores. Pero tras la sanción de las leyes complementarias del nuevo Código Penal –la del Ministerio Público de la Acusación y la del Servicio Público de la Defensa– se modificaron las atribuciones del procurador y el socialismo considera que ese cambio debe quedar asentado en la Constitución de modo que no pueda modificarse por ley.
En esa misma línea también buscarán dejar incorporadas en la Carta Magna las nuevas instituciones de la Justicia Penal: la Fiscalía General y sus respectivas fiscalías regionales y el Servicio Público de Defensa, que también quedó estructurado con un defensor provincial y cinco defensores regionales. En ambos casos, los órganos tienen autonomía funcional y autarquía financiera. Por ello se le quitaron esas funciones al procurador, lo que generó un fuerte cruce entre el actual funcionario –Agustín Bassó– y el Ejecutivo provincial.
Por último, Lamberto señaló que la Defensoría del Pueblo también es una institución creada por ley –la número 10396 de 1991– que, en la actualidad, no está incorporada en la Constitución provincial. “A esto debemos agregar la opción de incorporar competencias autonómicas (para los municipios) mediante sanción legislativa, cuando el artículo 123 de la Constitución reformada en 1994 establece que cada provincia dictará su propia Constitución asegurando la autonomía municipal”.
Lamberto agregó: “Las decisiones administrativas y legislativas mencionadas denotan un esfuerzo de la actual administración para incorporar las instituciones o mecanismos modernos, respetar el bloque de constitucionalidad dispuesto en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y adecuar la parte orgánica de la Constitución provincial a los dispuesto en la reforma de 1994”.
“Para evitar esta precariedad y otorgar una seguridad institucional que nos deje al margen de los vaivenes o cambios políticos, necesitamos modificar la Constitución de nuestra provincia”, concluyó el diputado socialista. Y citó a Ignacio Copani: “Alguien diría que en la cuna de las constituciones tenemos una Constitución atada con alambre”.
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