Ana Laura Píccolo
Hace cuatro meses, un fiscal federal de Rosario pidió la indagatoria de los directivos de Aguas Santafesinas SA (Assa) en el marco de la causa que investiga una denuncia penal por contaminación y atentado a la salud pública que se basa en un dato alarmante: que la empresa vuelca todos los días cerca de 350 millones de litros de efluentes cloacales al curso del río Paraná sin tratamiento previo. Sin embargo, hasta ahora ningún ejecutivo fue citado a declarar. El juez Carlos Vera Barros declinó su competencia federal por segunda vez en una decisión polémica que está siendo revisada por la Cámara de Apelaciones. Mientras se resuelve ese tecnicismo jurisdiccional, la cuestión de fondo quedó paralizada. Para la querella se trata de una dilación más que atenta contra el ambiente y brinda un oscuro manto de protección a las grandes compañías.
Riesgo ambiental
A mediados de diciembre, el fiscal federal Claudio Kishimoto solicitó la indagatoria de los directivos de la empresa de servicios públicos Aguas Santafesinas SA en un escrito donde acompañó resultados de estudios oficiales realizados en la zona de la planta de Recepción Emisario Sur, ubicada en Ayolas y Circunvalación.
Informó el funcionario judicial que los camiones atmosféricos descargaban a diario un volumen aproximado de 350 millones de litros de efluentes cloacales e industriales “en forma deficiente y sin tratamiento”, contaminando el curso del río Paraná de un modo “peligroso para la salud, el suelo y el agua”.
Esgrimió el fiscal federal que los peritajes de corroboración realizados entre septiembre de 2018 y octubre de 2021 por la División de Medio Ambiente de la Policía Federal y la Prefectura Naval Argentina “evidenciaron que el sector se encuentra contaminado con un claro escenario de riesgo ambiental”.
Pero el pedido de Kishimoto quedó trunco. El juez federal Carlos Vera Barros declinó su competencia en la causa y por segunda vez argumentó que la investigación debería continuar en el fuero provincial.
Su decisión fue cuestionada por la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, querellante en la causa. Según el abogado ambientalista Fabián Maggi se trata de una “aberración jurídica que violenta la razón y toda lógica, pero además deja en absoluto estado de desprotección al ambiente y a la salud pública”.
En diálogo con El Ciudadano, Maggi dijo que están acostumbrados a “este tipo de actitudes dilatorias en los trámites judiciales” pero resaltó que esta vez se trata de un caso de extrema gravedad: “Hablamos de una contaminación de magnitud enorme que ocurre en la provincia de Santa Fe, a escasos 100 metros del límite interprovincial con Entre Ríos, siendo que además el cauce recorre diversas provincias hasta desembocar en el río de la Plata y, pese a ello, el juez Vera Barros se declara incompetente porque dice que no tiene acreditada la interjurisdiccionalidad”.
Maggi sumó a sus cuestionamientos que el magistrado “ya se había declarado incompetente en la misma causa y por ello el expediente fue remitido al fuero provincial”.
En esa oportunidad, dijo Maggi, el fiscal del Ministerio Público de la Acusación Matías Ocariz “realizó una serie de medidas probatorias donde pudo acreditar con imágenes satelitales, fotografías y otros elementos que la contaminación que se sospecha es de carácter interjurisdiccional y por eso el expediente volvió al fuero federal sin ningún tipo de oposición por parte del juez Vera Barros”.
No obstante, cuando el fiscal federal Claudio Kishimoto reunió las pruebas suficientes y solicitó la indagatoria de los directivos de Aguas Santafesinas SA, “nuevamente y de manera arbitraria el juez Vera Barros se declara incompetente generando así una nueva demora, quedando impune la conducta penalmente reprochable de los directivos de la empresa y el ambiente en general en total desprotección”, reprochó Maggi.
Mientras tanto “no se dictó ninguna medida cautelar que evite el vuelco de esos efluentes cloacales e industriales al río Paraná y tampoco ninguna medida que obligue a la empresa a emprender un rápido tratamiento de esos desechos como lo establece la ley”, detalló el abogado.
La decisión de qué fuero es competente para continuar con el curso de la investigación está ahora en manos de la Sala A de la Cámara Federal de Rosario, a cargo del juez Fernando Lorenzo Barbará, quien este lunes recibió el escrito de expresión de agravios por parte de la querellante.
Maggi dijo que tienen “buenas expectativas de que salga favorable” y mencionó el antecedente de “una causa hermana” en relación con la investigación de la empresa productora de herbicidas Atanor SCA por su accionar ilegal en la ciudad bonaerense de San Nicolás.
En esa causa también sortearon varios obstáculos judiciales para determinar su competencia jurisdiccional hasta que se estableció que era federal, y recién el mes pasado, a diez años de la denuncia por contaminación, los ambientalistas lograron interponer un recurso de amparo ambiental por el vertido ilegal de residuos peligrosos al río Paraná.
En ambos casos se referencia a la ley nacional 2.797 que exige un tratamiento eficaz de purificación para verter residuos cloacales e industriales a los ríos del país, y que está vigente desde 1891.
“Esto refleja que el problema de la crisis ambiental no es la falta de leyes sino la aplicación eficaz por parte de los jueces”, reflexionó Maggi.
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