Y un día llegó. Con un acuerdo que llegó casi sobre el filo del año –sólo resta una sesión y transcurrirá una semana antes de Navidad– el oficialismo logró abrir paso en el Concejo al proyecto oficial de presupuesto 2015 y al reajuste de la Tasa General de Inmuebles, que en el camino fue perdiendo peso hasta quedar en la mitad de lo tabulado originalmente, pero a modo de compensación incorporó una redistribución más progresiva en el esquema tributario de la ciudad. Con esas modificaciones el oficialismo logró articular al cierre de esta edición 15 votos entre los 24 ediles del Palacio Vasallo para la modificación de la ordenanza impositiva y uno más, 16, para las cuentas municipales, ordenanza de las ordenanzas, la ansiada mayoría que le había sido esquiva hasta anoche.
Traducido a números, lo aprobado significa que los contribuyentes no afrontarán el año que viene un aumento escalonado del 78 por ciento en promedio sino de menos de la mitad, e incluso más cercano a la tercera parte: 29 por ciento es el número que finalmente dio el esperado “sí” por parte de dos sectores de la oposición y un monobloque.
En contrapartida, el menor aumento en la TGI se sostendrá con uno mayor en el Derecho de Registro e Inspección que abonan los comercios. Pero éste no será para los pequeños, sino para los grandes contribuyentes, pensado hasta casi a medida del sector financiero, entre otros pocos. Se trata de los grandes ganadores del sinuoso año que termina, y que arrancó con una devaluación y su consecuente desbarajuste: con aumentos en las alícuotas del orden del 35 por ciento, se espera que logren sostener hasta un 9 por ciento del presupuesto municipal para el año próximo, equiparando el menor sacudón de las boletas de la TGI.
De igual modo, algunos ediles marcaron que aún así subsistía una rajadura sin tapar: el presupuesto presentado por la secretaria de Hacienda, Verónica Irízar –que en la mañana de ayer, una vez más, caminó hasta el Palacio Vasallo para afinar el lápiz con ediles opositores– habla de casi 7.186 millones de pesos, un 49 por ciento más que los números calculados para 2014. Pero el estimado de algunos ediles de mayores ingresos por TGI y Drei, cubriría sólo un 40 por ciento más. La diferencia era anoche una incógnita.
Con todo, el proyecto de presupuesto y la modificación para aumentar la TGI resultaron aprobadas por los ocho concejales de la alianza oficialista –los socialistas Manuel Sciutto, Viviana Foresi Miguel Cappiello y Miguel Zamarini; los radicales Daniela León y Martín Rosúa; el demoprogresista Aldo Poy y el arista Carlos Comi–; los integrantes del macrobloque del Partido del Progreso Social y el Frente para la Victoria –Héctor Cavallero y Lorena Giménez con Norma López y Roberto Sukerman– y dos de los tres miembros del bloque Radical, María Eugenia Schmuck y Sebastián Chale, quienes a la par de incorporar modificaciones de su autoría tomaron mayor distancia del titular de la bancada, Jorge Boasso. El decimoquinto voto fue el del veterinario Carlos Cossia, del Peronismo Solidario. Y el decimosexto, de Fernanda Gigliani, del bloque Iniciativa Popular, que no acompañó los tributos pero sí el presupuesto.
Y aunque no votó a favor, Boasso logró una modificación clave, a la que otros opositores se plegaron y el oficialismo cedió: el artículo que permitía al Ejecutivo disponer para rentas generales partidas no ejecutadas de fondos específicos, quedó eliminado.
Saldado uno de los temas que más dolores de cabeza le dieron al oficialismo –los números del Ejecutivo expusieron a sus ediles a un cascoteo permanente– y sin chances de tratar el otro, el boleto urbano, los concejales cerraron la sesión para abrir otra, la de elección de autoridades. El resultado fue la ratificación de Zamarini como presidente del Cuerpo Legislativo, Norma López como vicepresidenta primera, y María Julia Bonifacio, del PRO, como vice segunda.
Pero la hoja de ruta no estaba terminada, y una vez cerrada esa sesión se abría otra, la primera de las dos de prórroga, para tratar los temas que quedaban pendientes. Uno de ellos era la suspensión de la aplicación de la ordenanza de cocheras, que obliga a una adecuación.
Exentos
Antes de zambullirse en el fuerte debate por el presupuesto, el Concejo acompañó la iniciativa de los ediles Carlos Cossia y Miguel Zamarini que beneficiará a unos 30 mil contribuyentes, todos adultos mayores, que quedarán exentos del pago de la TGI.
La iniciativa del edil del peronismo solidario y su par socialista deja fuera del pago de la contribución a los hogares que perciban hasta dos jubilaciones mínimas. Hasta ahora tenían el beneficio los hogares con ingresos de una jubilación mínima más una pensión del 75 por ciento de aquel haber. Ahora el beneficio alcanzará a matrimonios mayores y “a personas de la tercera edad con bajos ingresos” que hoy pagan la tasa. “Requiere de un pequeño esfuerzo del municipio que indudablemente traerá aparejado un alivio para personas que realmente lo necesitan”, explicó Cossia.
Bonfatti habló y desató la guerra del boleto
“La provincia no puede disponer de fondos que son de todos los santafesinos para solventar el transporte de una ciudad”, marcó el territorio el gobernador Antonio Bonfatti.
El jefe de la Casa Gris puso así límites a la dirección que estaba tomando la discusión en el Concejo Municipal por el nuevo valor del boleto, en el que ediles de distintas bancadas apuntan a la ausencia del Estado provincial en la ecuación, cuyo resultado es un costo de boleto de 5,68 pesos. Pero en ese marco, el posicionamiento del mandatario, además de cosechar réplicas entre ediles de la oposición, también pareció torpedear los avances en el Palacio Vasallo, que con dificultad giraban alrededor de una tarifa de 5 pesos para el pasaje urbano. Ayer todo había quedado empantanado a tal punto que el oficialismo volvió a su propuesta original: para que se factible el mantenimiento del sistema, un boleto a 5,70 pesos.
“Basta con hacer demagogia con cuestiones importantes como tasas o impuestos. Es muy fácil hacer demagogia desde la oposición”, había disparado Bonfatti ante consultas periodísticas, dejando en claro que el Ejecutivo nada va a hacer hasta que no se defina la ley de Obras Menores, que está en manos de la Cámara alta en el Congreso provincial.
La incorporación de Rosario y Santa Fe en el Fondo de Obras Menores, sumada a una liberalización parcial de sus usos –estrictamente fijados– permitiría alimentar el Fondo Compensador del Transporte y al menos menguar la suba en el pasaje local. Pero la ley no está, y Bonfatti no quiere ni hablar de hacerlo por decreto. Y las réplicas no se hicieron esperar. “Abandonar a la ciudad que condensa el 40 por ciento de los usuarios de transporte público de la provincia y dejar que suban las tarifas mientras se sostiene un sistema antiguo y deficiente, lo único que logra es seguir bajando gente del colectivo”, sostuvo el justicialista Diego Giuliano. Y volvió a mencionar el caso de Mendoza, “uno de los boletos más baratos del país”, con un financiamiento tripartito del sistema –Nación, provincia y municipio– como ejemplo de su reclamo: “Con una contribución de 100 millones al sistema de Rosario, menos del 0,2 por ciento del presupuesto provincial, los números locales cambiarían rotundamente”.
En casi similar sintonía se pronunciaron los concejales Norma López y Roberto Sukerman, que apuntaron contra la “llamativa falta de razonabilidad y solidaridad” de Bonfatti.
“No solo desconoce con esas manifestaciones la realidad de una metrópoli como Rosario sino que atenta contra cualquier principio de razonabilidad distributiva y solidaria donde para el sostenimiento del transporte público aporte el usuario, la Municipalidad y la Nación, siendo la provincia la única que no lo hace”, puntualizaron los integrantes del bloque del Frente para la Victoria.
Ambos ediles afirmaron que “el Estado nacional aporta millones de pesos para subsidiar el transporte”, alcanzando la mitad del sistema. “No lo escuchamos a Bonfatti diciendo que esto es injusto con otras provincias ni tampoco defender el bolsillo del usuario para encontrar formas de financiamiento”, se quejaron los ediles.
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