Rodolfo Pablo Treber
Fundación Pueblos del Sur (*)
Especial para El Ciudadano
A comienzos de la semana, por decreto 692/2020 publicado en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) oficializó el aumento del 7,5% para jubilados y pensionados a partir de septiembre. De esta manera, el haber mínimo pasa a $18.129 y el máximo $126.897.
En la modalidad instaurada desde marzo del año en curso, los ajustes se dan de forma trimestral y desigual según el nivel de ingreso. De esta manera el gobierno busca, sin acrecentar sustancialmente el monto destinado a la seguridad social, otorgar mayor porcentaje de aumento aquellos que menos cobran y asegurar que supere a la inflación para las jubilaciones que representan cerca del 90% del total.
Lo que en teoría parece justo, no lo es tanto cuando observamos que ese 90% que percibirá un incremento superior al 21% (inflación enero/septiembre) corresponde a jubilaciones de hasta $45.000 mensuales. Por lo tanto, todas aquellas por encima de ese monto, que distan mucho de ser jubilaciones altas, sufrirán un ajuste real en el poder adquisitivo de sus ingresos.
Sin ingresar en mayor análisis sobre la última actualización, lo estrictamente cierto es que, tanto el futuro de los pibes, la educación, como las jubilaciones dignas, son denominadores comunes en la retórica de las campañas políticas y gobiernos de turno. Sin embargo, la realidad muestra que las frecuentes crisis económicas los encuentran como primeros perjudicados. En el permanente, y naturalizado, estado de urgencia sólo importa el hoy, el futuro queda para un mañana que nunca llega, y el ayer poco importa.
En cuanto al porvenir de la Patria, previo a la pandemia, el Indec registraba 1,9 millón de chicas y chicos indigentes y 6,7 millones en situación de pobreza. Las proyecciones realizadas en el primer semestre del año en curso, luego de la profundización de la crisis económica a causa del covid, indican un escenario aberrante: más de 8 millones de pibes pobres en tierras de abundancia.
Con nuestros viejos el panorama no es mejor. Haciendo un análisis simple pero profundo trataremos de dar luz sobre la principal causa de esta injusta realidad para aquellos que han aportado al país, con su trabajo, durante toda la vida.
El sistema previsional argentino nació a principios del siglo XX y surge como régimen de capitalización, donde cada trabajador aporta fondos para su jubilación individual. Los beneficiados de este sistema eran un porcentaje mínimo de la población y su resultado ampliamente desigual. Cuatro décadas más tarde, durante el primer gobierno peronista y de la mano de un exitoso desarrollo industrial que generó millones de nuevos puestos de trabajo, se expandieron los beneficiados del sistema jubilatorio al calor del crecimiento de los gremios. Para 1954 se decidió terminar con el injusto método instaurado y se estableció el sistema solidario de reparto donde la población económicamente activa, mediante sus aportes, sostiene aquellos que por edad o salud no están en condiciones de trabajar.
De esta manera, el total del pueblo en condiciones de trabajar sustenta, solidariamente, a sus jubilados. Así, se ata el ingreso a la producción nacional, obligando al gobierno de turno a generar trabajo en blanco, estable, para un aumento general de la caja de nuestras viejas y viejos. Así se reparten, de igual manera, épocas de bonanza y falta de empleo, y es posible la cobertura universal. Este derecho conquistado fue arrancado en la liberal década del 90 (privatización y regreso a la capitalización de los aportes) y recuperado en el 2008 (estatización y unificación del sistema previsional).
La propia historia muestra, de forma clara, causa y solución del problema. Sin embargo, en los últimos 44 años los sucesivos gobiernos, unos más otros menos, coinciden en que resulta imposible dar los aumentos que corresponden a nuestros jubilados. Ratifican con sus actos la realidad inconfesable de que han renunciado a su deber, como gobernantes, de dar trabajo, y han delegado la tarea al capital y al mercado global. Lo demuestra el hecho de que unos y otros, aunque simulen estar profundamente enfrentados, comparten que el déficit fiscal es lo que impide justicia en el sistema previsional… que para aumentar la caja de nuestros viejos deben aumentar impuestos o ingresar mayor cantidad de divisas… Reducen el conflicto a lo estrictamente monetario para ocultar el verdadero problema: la constante caída del trabajo formal.
Algunos datos que nos ayudan a pensar: los argentinos en condiciones de trabajar (Población Económicamente Activa) son 21 millones. Esta es la fuerza de trabajo que debería sostener solidariamente a 7 millones de jubilados. La cantidad de trabajadores formales en el primer trimestre de 2020 era de 8.862.000 personas. Cerca de 8 millones de argentinos trabajan en condiciones precarias y no aportan al sistema. Más de 4 millones de argentinos se encuentran desesperados entre desocupados y asignaciones sociales. Los trabajadores en blanco aportan el 35% anual de sus ingresos al sistema previsional, 14% por recibo de sueldo y 21% de IVA. A causa de la baja cantidad de aportantes, el monto recaudado alcanza para cubrir sólo la mitad de las jubilaciones actuales.
Por lo tanto, si se iniciara un proceso de industrialización y generación de puestos de trabajo genuinos a partir de la sustitución de la gran cantidad de importaciones a la fecha, se podría elevar al máximo la productividad social de la Argentina y alcanzar los 21 millones de trabajadores formales.
Con el aporte de la totalidad de la población económicamente activa bastaría un 27% de descuento para alcanzar el 82% móvil para todos los jubilados argentinos. No sólo se terminaría la injusticia para con nuestras viejas y viejos, sino, también, se reduciría el porcentaje de aportes del 35% al 27%, por lo que habría un aumento del poder adquisitivo del salario en todo el pueblo trabajador.
Como podemos ver, el problema no es técnico sino político. La única manera de lograr jubilaciones dignas es aumentar el nivel de empleo formal. La salida no es el ajuste ni la redistribución, es la industrialización. Gobernar es crear trabajo.
(*) treberrodolfopablo@gmail.com/fundacion@pueblosdelsur.org
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