“La reforma de la Constitución de Santa Fe es necesaria”. Maximiliano Torricelli, abogado especializado en derecho público de nuestro medio, se muestra convencido sobre el proceso de cambio de la Carta Magna local y cree que el tema debe estar en la agenda de los próximos dos años de gestión de los funcionarios que asumirán en menos de un mes. La falta de instalación del tema en el común de los ciudadanos podría promover la pregunta de si es imprescindible este cambio. Un viejo adagio de los juristas que abrevaron en las fuentes romanas asegura que nada es tan imprescindible en el derecho como aquella materia que puede someterse a esa pregunta. El resto, debe ser calificado como imposible.
La ley fundamental de esta provincia va a cumplir 50 años en 2012. En los términos cronológicos comparados podría argumentarse que la norma es joven. Y lo es. Sin embargo, la lozanía jurídica no garantiza eficiencia. Vale la pena buscar algunos argumentos que sirvan para contrarrestar a las voces que, bajo el pretexto de “lo que importa”, esconden la intención de mantener privilegios y, por qué no, ámbitos de la comodidad conservadora.
Los derechos
“El recurso de amparo en Santa Fe, por ejemplo, sólo prevé la protección de los derechos de libertad y no contempla los de prestación. Es importante que una reforma los contemple”, afirma Torricelli. Dentro del primer rubro se encuentran las más básicas garantías que tienen que ver con la integridad física y moral. Los segundos, son los que suponen acciones positivas del Estado para asegurar condiciones mínimas de subsistencia digna como la salud, la seguridad social o la jubilación y el acceso a las condiciones de defensa ante el estado. El mismo profesional reconoce que nuestro texto es moderno y hasta más generoso que la Carta Magna nacional, pero cree que pensar en tabiques constitucionales podría detener alguna apetencia de los gobiernos de restringir derechos por simples leyes. “Este mero tópico justifica ya el debate”, concluye.
Y podrían seguirse agregando otras cuestiones. Así, si bien es cierto que la delegación de facultades es materia del funcionamiento orgánico del Estado, el constitucionalista se encarga de resaltar que evitar estos mecanismos implica preservar los derechos individuales de los ciudadanos garantizados por la división de poderes. Lo propio con la prohibición de decretos de necesidad y urgencia, apunta el joven abogado.
Mayor participación
Como lo hicieron en este mismo diario sus colegas Iván Cullen y Domingo Rondina, Maximiliano Torricelli cree que la democracia semidirecta merece ser contemplada. “Pero con el recaudo de que sea claramente operativa y no quede en letra muerta como en la Constitución Nacional”, señala el especialista. Es bueno recordar que en el Pacto de Olivos de 1994 se filtraron algunos mecanismos que la corporación política se encargó de sepultar en el olvido. Así, la iniciativa popular de normas con una cantidad de propuestas ciudadanas, la consulta popular tanto motorizada por las autoridades como por los electores y la muy polémica revocatoria popular o “recall” aparecen en casi todos los estudios de los constitucionalistas locales.
Este último instrumento supone pensar en que los ciudadanos desencantados por la gestión de un funcionario votado puedan someterlo a una rescisión de mandato anticipada. ¿No sería oportuno para la calidad de la democracia que los representantes de los estados federales, más cercanos y próximos que los que residen en la Capital Federal, sepan que incumplir una promesa tiene la posibilidad de una sanción del votante antes de la próxima elección?
Ni qué hablar de los casos de audiencias públicas con rango constitucional que permitan conocer y hacer valer las opiniones en casos, por ejemplo, de prestaciones de servicios públicos, aumentos de precios como hoy se está viviendo con la inconsulta propuesta de “tarifazo” de servicios elementales, legalizada por una mirada de exasperante aceptación en los supuestos órganos de control (sic) de los mismos. Permítase la digresión en forma de pregunta, pero ¿alguien puede entender que el Ente Regulador de Servicios Sanitarios ponga sin más la firma al pie de un aumento de 138 por ciento y suponga que representa a los ciudadanos comunes?
Una o dos cámaras: ésa es la cuestión
Torricelli cree que el debate sobre la unicameralidad del Poder Legislativo es secundario. De lo que se trata es de “garantizar un sistema con representación proporcional que respete la cantidad de ciudadanos y su pertenencia en regiones en uno o dos cuerpos. Es indistinto”. El mismo letrado no descarta un sistema de elección de los legisladores a través de un sistema de circunscripción uninominal que implique dividir al territorio de Santa Fe en tantos espacios de electorales como cargos a cubrir. Esto garantizaría la proximidad del votante con el elegido y la pertenencia a cada una de las regiones de la vasta superficie santafesina.
De lo que está convencido Torricelli es que hay que agilizar el proceso legiferante que, a simple vista, suma tedio y mora.
Autonomía, sí; más impuestos, no
Nadie duda, a estas alturas, del derecho a una ciudad como Rosario a darse la estructura de gobierno y gestión. Si las comunas y los municipios son la base de la democracia de proximidad, el sostener una ley como la que las rige en nuestro territorio es, cuanto menos, un anacronismo.
Es muy oportuno tomar la advertencia que formula este constitucionalista a la hora de definir la situación tributaria. “En nuestro país no hay limitaciones a las dobles imposiciones”, señala Torricelli. “De no mirarse con cuidado este aspecto, se corre el riesgo de sumar más tributos sobre los mismos hechos imponibles que nazca de la nueva autonomía municipal y que, por ejemplo, graven como el Derecho de Registro e Inspección, los Ingresos Brutos y otros a la misma situación fiscal”, consigna el especialista. O sea, más impuestos so pretexto de independencia orgánica municipal.
La permanencia en el poder
Fue el veterano constitucionalista Iván José María Cullen el que dijo en estas páginas que la reelección del gobernador suele ser un “cuco”. Su colega Torricelli prefiere proponer evitarla pensando en la experiencia desde 1983 a la fecha con escasos atisbos de perpetuación en el poder. Sin embargo, se muestra dispuesto a discutirlo.
Sería bueno recordar que ocho años de gobierno lucen demasiado si se los mira con el prisma del actual orden constitucional. Sin embargo, si se refuerza la participación popular, se garantizan los modos de democracia semidirecta y se apuesta a una evidente madurez que supo parir, por ejemplo, la boleta única electoral, modelo para otros estados provinciales, la reelección puede ser una chance de continuidad de gestión para el caso de buenos gobiernos.
En suma, una nueva Constitución acorde a los tiempos de hoy. Nada menos.
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