Patricio de Mayo / Especial para El Ciudadano
La fuga hacia adelante
2022 fue para el gobierno un año plagado de inconvenientes. Puede decirse que esta ha sido la tónica de todo el mandato de Alberto Fernández pero el año en curso combina la prolongación de la crisis económica con serias dificultades políticas.
El gabinete, corrido por las circunstancias, retocó el organigrama y cambió varios protagonistas para resolver el tembladeral ocasionado por la escasez de dólares. Sin embargo, la salida intempestiva de algunos funcionarios todavía resuena en las críticas de varios integrantes del Frente de Todos.
Este es el caso del tándem Kulfas-Guzmán, señalado como el responsable directo del estado caótico de las cuentas públicas. A Kulfas se lo culpa de facilitar la salida de dólares del central promoviendo permisos de importación innecesarios. El ajuste fiscal, dicen en el kirchnerismo, es la consecuencia del “festival de importaciones”.
Las impericias de Guzmán se relacionan con la negociación de la deuda y la emisión de títulos en pesos. La obsesión del ex ministro por el equilibrio fiscal y el escamoteo de información sobre exigencias y desembolsos del organismo terminaron de estallar cuando en junio pegó el portazo.
En cuanto a los vencimientos en pesos, selló compromisos para toda la segunda parte de 2022 y de 2023. Hasta el mes de su renuncia, el monto total de deuda era de 25 mil millones de dólares (su valor se calcula en pesos). En la etapa final de su gestión, como no conseguía extender los plazos, las renovaciones se hacían con tasas de interés cada vez más elevadas y en menor tiempo.
En la dinámica de discusión que asume la coalición, las críticas generalmente se esperan desde el kirchnerismo, sin embargo, en el entorno de Massa las responsabilidades de los ex funcionarios se predican como el evangelio.
Conforme a la hoja de ruta y el perfil de varios integrantes de su equipo, no parece que tengan grandes diferencias con el ajuste fiscal de Guzmán o las facilidades impositivas de Kulfas. Se los acusa como una forma de justificar la severidad del ajuste actual.
La deuda en pesos se ha convertido en un escollo importante que el gobierno está obligado a resolver permanentemente. Cuando Massa asumió la conducción de los asuntos económicos ofreció a los acreedores locales un bono dualizado para superar la presión de los vencimientos. En pocos días logró lo que Guzmán no había conseguido en meses.
Los títulos que vencen en agosto, septiembre y octubre de 2022 extendieron sus respectivos plazos a junio, julio, y septiembre de 2023 por un total de 2 billones de pesos.
Pero desde entonces el título se ajusta por inflación o por dólar oficial.
De este modo cambia un bono en pesos con tasa fija, expuesto a la devaluación o al proceso inflacionario por otro que le da todas las seguridades al acreedor poniéndolo al resguardo de la volatilidad del mercado.
La semana pasada la operatoria fue la misma. Los vencimientos que quedaban para la última parte del año fueron desplazados a junio y septiembre del año entrante. Con esto el monto que asume el Tesoro es cada vez mayor ya que lejos de cancelar deuda, implementa un mecanismo de ajuste que acumula compromisos en el futuro inmediato.
Massa acaba de cumplir 100 días en el ministerio de Economía. Mientras diseña políticas de precios buscando morigerar los guarismos inflacionarios, posterga vencimientos de deuda local hacia adelante para reducir las posibilidades de conflicto en la recta final del año.
“Camine, señora. Camine”
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec para el mes de octubre arrojó 6,3% y es el cuarto más alto de los últimos 12 meses. Sólo lo superan los meses de julio (7,4%), agosto (7%) y marzo (6,7%) de este año. La variación más alta se registró en comunicaciones (12,1%) mientras que en alimentos y bebidas el incremento es de 6,2%.
Los números llegan casi una semana después del lanzamiento de “Precios Justos”. En el programa el Estado nacional, las empresas proveedoras de bienes de consumo masivo y los supermercados acordaron mantener durante los próximos cuatro meses precios constantes en 1700 productos de los rubros alimentos, bebidas, lácteos, entre otros.
Al igual que las ediciones anteriores (Precios Cuidados y Precios Máximos), el acuerdo será voluntario. Superado los cuatro meses de plazo, la eventual suba que se registre no debe estar por encima del 4%.
La fiscalización ante posibles variaciones en los precios corre por cuenta del consumidor que a través de una aplicación podrá escanear el código de barras de un producto y saber si está dentro del acuerdo.
En caso de que el producto esté por encima del precio fijado en la lista, el consumidor puede denunciar la suba y activar un proceso de auditoría a cargo de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de los Consumidores.
El programa puede tener algunas variaciones respecto a sus antecedentes, pero en rigor políticamente representa lo mismo. Insiste con que mediante la voluntad y el consenso se puede arribar a una desaceleración de los precios.
La medida se anuncia mientras los precios de bienes de consumo masivo crecen por encima de los costos de producción y el índice general de inflación, repercutiendo favorablemente en las utilidades de un puñado de empresas.
De los 1700 productos que forman parte del programa, previo a su anuncio, volvieron a registrar una suba cercana al 4% superior al promedio de octubre. El Centro de estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortíz (CESO) difundió el índice semanal de precios con un incremento del 2,3% en relación con la semana anterior.
A cambio del congelamiento, el gobierno ofrece acceso al mercado de cambio al valor del dólar oficial. Los supermercadistas, que durante todo el año movieron los precios de acuerdo a las cotizaciones paralelas, tendrán disponibilidad de dólares subsidiados para importar.
En caso de que el programa no tenga éxito, los think-tank de la devaluación que frecuentan el despacho del superministro vuelven a la carga por una política de shock administrada. Esta es la idea del viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, que aprovechó su visita al Simposio de mercado de capitales y finanzas convocado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas para acometer otro sincericidio. “Tiene que hacerse sabiendo que va a salir bien. Si sale mal, es un Rodrigazo”, dijo Rubinstein al ser consultado sobre las alternativas de reacomodar las variables macro a través de una megadevaluación. Si bien no precisó qué sería que una devaluación salga bien, se desprende la idea de un dólar alto para equilibrar el mercado de cambio a caballo de una transferencia fenomenal de recursos a exportadores y tenedores de dólares.
En el recordado programa “El parlamento de Lita”, su polémica conductora, Lita de Lázzari, recomendaba que para buscar precios y optimizar gastos era necesario recorrer supermercados y prestar mayor atención a la góndola. “Camine, señora. Camine”, acuñó de Lázzari. Ya no es necesario recorrer cadenas de supermercados para testear precios, el algoritmo resuelve con facilidad las recomendaciones planteadas por Lita. Pero frente a la embestida de los formadores de precios, antes y ahora, recae sobre los consumidores intentar denunciar la suba.
Los salarios no van al paraíso
Como la proyección inflacionaria del gobierno quedó atrasada durante 2022, las negociaciones salariales se activaron a partir de las cláusulas de revisión que los gremios previeron a principio de año. Varios sindicatos tomaron nota de la experiencia de 2021.
Con todo, el año arrancó con una pauta salarial de entre 50% y 60%, pero en la recta final del semestre para empatarle a la suba de precios, las discusiones se acercan a porcentajes mayores al 90%.
El Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) detalló la situación del salario en los últimos años y sus respectivas negociaciones paritarias actuales tanto en el sector público como en el privado.
El “Informe sobre situación del mercado de trabajo” publicado en octubre precisa que el salario mínimo, vital y móvil (SMVM) tuvo un deterioro real por encima del salario promedio. Sí durante el gobierno de Cambiemos cayó un 25%, durante 2020 se sumó una caída del 10% adicional.
En los últimos meses el Consejo del Salario firmó aumentos que llevaron el salario mínimo de $54.550 a $ 57.900. Sin embargo, los investigadores advierten que “para que el poder de compra no continúe deteriorándose será preciso volver a fijar aumentos en el mes de diciembre”.
La suerte de las paritarias en el sector privado no es muy distinta. Ya que entre diciembre de 2019 y junio de 2022 la mayor parte de ellos perdió poder adquisitivo. En algunos casos las reducciones fueron significativas y entre las negociaciones que tuvieron crecimientos por encima del nivel general de precios siguen estando por debajo del poder de compra de 2015.
En el sector público, consigna el informe de CIFRA, la revisión implementada hasta el momento tampoco revirtió el deterioro del gobierno de Macri y los años de pandemia durante la gestión del Frente de Todos.
Algunas provincias exhiben aumentos menores a la inflación de 2021 (Mendoza, Córdoba, entre otras), mientras que otras (Buenos Aires, Santa Fe, Neuquén y Formosa) lograron empatar o superar los precios en los dos últimos años.
En cuanto a la Administración pública nacional el acumulado logró superar la inflación de mayo (60%) y la renegociación paritaria de los últimos meses le empataría a la suba de precios hasta el inicio de la próxima negociación.
La contracara de esa caída se registra en el nivel de actividad económica, el uso de la capacidad instalada y la creación de puestos de trabajo en el sector privado. Los niveles de productividad se recuperan y crecen más allá de los límites impuestos por la pandemia.
Parte de esta realidad se expresó en el debate abierto sobre la posibilidad de incorporar una suma fija en el salario para recuperar algo de las pérdidas descritas. La Ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, ansiosa por la llegada del mundial, descartó rápidamente la propuesta y refrendó la herramienta paritaria.
A la resistencia ministerial y el encono patronal, se sumó el rechazo de la Mesa Nacional Político-Sindical Peronista. Gremialistas de la CGT como Héctor Daer, Carlos Acuña y Gerardo Martínez difundieron un comunicado aclarando que “los trabajadores no quieren aumentos por decreto” y que “la herramienta de negociación paritaria es el instrumento más idóneo para obtener mejoras salariales”.
Para los dirigentes de la CGT la implementación de la suma fija afecta negativamente a las diferencias de montos existentes entre categorías de convenio, lo que significa achatar el nivel salarial de los diversos segmentos. Prefieren un bono para fin de año antes que una suma que se incorpore definitivamente al salario mientras discuten el cierre paritario.
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) presentó el “Dossier sobre el debate de suma fija y paritaria” donde detalla el impacto en el poder de compra que implicaría la incorporación de una suma fija. El material ofrece cuatro escenarios de aumento salarial y los compara con distintos momentos de los últimos siete años.
Para los investigadores la suma fija achicaría la brecha abierta en el mercado de trabajo entre “el promedio de salarios de trabajadores y trabajadoras del sector privado y la mediana de estos (el punto donde se divide en mitades la cantidad de trabajadores)”
El material fundamenta sus posiciones en el efecto positivo que tuvo a fines de 2019 una medida similar. “Implicó una suma de tres mil pesos en enero de 2020 y de cuatro mil desde febrero de 2020 en adelante ¿Qué impacto tuvo? Una recuperación inmediata de 9% en términos reales en enero/febrero/marzo de 2020 respecto de diciembre de 2019”.
La propuesta sale al cruce de las posiciones que defienden los gremialistas nucleados en la CGT. Los investigadores toman como referencia las paritarias de algunos sectores y calculan en cuanto se reduciría la diferencia entre categorías a partir de la aplicación de la suma fija.
“Si se analiza el promedio de diferenciales salariales de tres gremios (Comercio, Sanidad y Alimentación), y considerando una suma fija de $13.850, se observa que, en promedio, se reduce el diferencial de categorías en 9,5%”, detallan desde CEPA.
El gobierno sigue sin asumir una posición comprometida con la recuperación salarial y espera el beneplácito de los sectores empresariales con los que entabla acuerdos de corto plazo y sin garantías sólidas.
En el estado actual de cosas, el poder de compra de los trabajadores y trabajadoras tendrá por delante un verano difícil. Satisfacer las necesidades de las festividades de fin de año y la recreación estival de los primeros meses de 2023 será un desafío.
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