Para el fiscal general de la provincia, Julio De Olazábal, al proyecto que pretende desfederalizar delitos menores vinculados al narcotráfico “hay que trabajarlo en serio” ya que, en la actualidad, las provincias “no están preparadas” ni para investigar ni para perseguir a las bandas que trafican drogas.
Si bien no rechazó de plano la iniciativa –que el jueves obtuvo media sanción del Senado provincial y que ahora estudiará la Cámara de Diputados–, De Olazábal se mostró muy cauto. “Hoy las provincias no pueden investigar causas menores de drogas. Si la Legislatura está convencida de esta propuesta, tendrá que dedicar fuertes recursos para hacerlo seriamente”, opinó el funcionario judicial.
En su última sesión, el Senado dio media sanción a la adhesión de la provincia a la ley nacional 26.052. La propuesta, impulsada por el justicialista Eduardo Rosconi, representante del departamento Caseros, busca darle competencia de la Justicia provincial en el combate al llamado “narcomenudeo”.
El proyecto de Rosconi –al que luego adhirieron con sus firmas otros diez senadores del PJ– fue presentado hace quince meses, el 31 de mayo de 2012. Después de un largo debate en comisiones, el último jueves fue aprobado por unanimidad, ya que los representantes del oficialismo también se sumaron a la iniciativa.
El objetivo es desfederalizar los delitos vinculados a la venta y distribución de estupefacientes en menor cuantía. La intención, según Rosconi, es otorgar competencia a la Justicia provincial para que persiga “acciones delictivas donde se comercie, entregue, suministre y facilite drogas fraccionadas en dosis destinadas directamente al consumo, a los fines de cortar el camino de la venta de droga y buscar a los adictos para recuperarlos, no para meterlos presos”.
Ayer, el fiscal De Olazábal planteó algunas dudas sobre la viabilidad del proyecto: “Hoy la provincia no está en condiciones de investigar las causas menores de drogas. Para hacerse cargo de semejante empresa, debería fortificar mucho su presencia, su constitución en el campo de las investigaciones. No es un campo donde uno se pueda arriesgar a hacerse cargo y, luego, si uno fracasa, retroceder. Es un campo muy importante”.
Según el fiscal general, “a esta idea hay que meditarla mucho. Si la Legislatura está convencida que es la provincia la que tiene que hacerse cargo de la investigación, tendrá que dedicar fuertes recursos para que esa investigación se pueda hacer en serio. Pasar la responsabilidad de investigación sin recursos es arriesgarse a un fracaso muy serio”, argumentó.
“Investigar el narcotráfico tiene complejidades jurídicas además de las complejidades prácticas”, continuó el funcionario. “Inicialmente, le correspondería investigar el narcotráfico a las provincias, pero intervino la Nación porque es un tema muy complejo. Las provincias no están preparadas para investigar lo que se denomina el chiquitaje. Además, personalmente pienso que separar la investigación de lo que es una unidad (fabricación, comercialización y tráfico de drogas) no es conveniente”.
Sin desautorizar a los legisladores –oficialismo y oposición coincidieron en la votación–, el fiscal De Olazábal les pidió responsabilidad. “Yo comprendo a los legisladores. Ellos están soportando un reclamo de la ciudadanía. Pero creo que hay que volverlo a meditar. Si se llega a tomar esta decisión, hay que hacerlo en serio. Si no lo hacemos seriamente, nos va a ocurrir lo mismo que nos pasó cuando las escuelas pasaron a las provincias y todo se vino abajo”, concluyó el funcionario.
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