Un Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual condenó a la provincia de Santa Fe a pagarles a los familiares de dos reclusas muertas hace cinco años tras un incendio de la Alcaidía de Mujeres, algo más de 800 mil pesos por privación de la vida –pérdida de chance–, daño moral e intereses, cifra que se eleva a más de 1.200.000 por intereses y costas a los abogados. En la resolución, los jueces destacaron que “conociendo la autoridad responsable de la alcaidía lo altamente inflamable de los colchones y otros elementos que se encontraban en la celda, debió extremar las condiciones de seguridad en lo que se refiere a la prevención de un posible incendio, fuera o no intencional”. Además, los magistrados tuvieron en cuenta que no había extinguidores en el penal, que debieron ser buscados en la comisaría 4ª, ubicada al lado. “Las mujeres fallecidas se encontraban bajo custodia del Estado provincial, quien tiene la obligación de asegurar la integridad psicofísica del detenido, proteger su salud y su vida”.
En el fallo, los jueces Horacio Allende Rubino, Stella Martínez de Rista y Luis Raimundo, integrantes del Tribunal Colegiado Extracontractual Nº 6, entienden que quedó probado que “la Provincia no ha prestado regularmente el servicio penitenciario”, por el siniestro ocurrido el 21 de junio de 2005, por el cual fallecieron las reclusas Mónica Cristina Hernández y Yanina Elizabeth Borda.
El incendio se desató a las 15 del martes 21 de junio de 2005, en la celda 4 de la Alcaidía de Mujeres, ubicada en La Paz 450, donde convivían tres internas. A esa hora, la mayoría de las 26 mujeres alojadas en el penal comenzaron a gritar pidiendo ayuda.
Según la investigación, en el lugar no había matafuegos, por lo que varias de las guardias de la Alcaidía fueron hasta la comisaría 4ª, ubicada junto al penal en busca de ayuda y extintores. Minutos después, varios policías, entre ellos el propio jefe de la dependencia, llegaron hasta el lugar con dos extintores. Cuando el incendio fue sofocado, se encontraron con las tres internas tiradas en el suelo, dos de ellas con heridas graves.
Mónica Hernández estaba tirada junto a los barrotes, con casi todo el cuerpo quemado, por lo que fue llevada de inmediato al Hospital de Emergencias, donde murió horas después. Yanina Borda, embarazada de cinco meses, con el 40 por ciento del cuerpo con quemaduras, fue trasladada al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde murió tres días después (su bebé en gestación había perecido el día anterior). En tanto, la tercera presa, Natalia Ruiz, de 19 años, estuvo internada más de un mes y fue acusada de provocar el incendio, pero luego se descubrió que la misma era inocente.
La investigación determinó que quien inició el fuego fue Yanina Borda –quien por esos días estaba deprimida– y que el mismo fue intencional, pero ella fue sobreseída por prescripción de la acción penal, ya que falleció en el siniestro.
Pese a esto, el Tribunal Colegiado Extracontractual Nº 6 determinó que el Estado santafesino permitió que las detenidas tuvieran en su poder productor inflamables, y que no pudo impedir que se produjera el incendio por la falta de elementos de seguridad.
El fallo, emitido con fecha 5 de agosto, condenó a la Provincia de Santa Fe a abonar a Milagros, C., una de las hijas de Mónica Hernández la suma de 167 mil pesos, más intereses y costas a los abogados de ambas partes, por algo más de 110 mil pesos. El mismo dictamen se dio para Paola D., otra hija de Mónica (de padre diferente).
También resultaron beneficiados los padres de Yanina Borda, a quienes se les abonará 213.500 pesos y Priscila, hija de la joven fallecida, a quien se le abonarán $ 254.000. En este caso, los honorarios profesionales de las partes fueron fijados en alrededor de 205 mil pesos. Dichas cifras, a las que se deben sumar intereses, condenan al Estado santafesino a pagar más de un millón doscientos mil pesos por el fatal incendio.
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