Los estados norteamericanos se enfrentan a una escasez de barbitúricos para llevar a cabo sus ejecuciones y no tienen otra opción que recurrir a productos no homologados, con el temor de los condenados a morir padeciendo dolores insoportables.
Dos hombres fueron ejecutados el miércoles en Texas y Arizona con una inyección de una dosis letal de un anestésico para animales, que había sido fabricado por una empresa farmacéutica no homologada a nivel federal.
Los dos condenados habían llevado –sin éxito– este tema ante la Justicia, en una instancia frente a la Corte Suprema, argumentando que esa preparación no había sido ensayada ni aprobada y que temían que les hicieran sufrir un “castigo cruel”, prohibido por la Constitución.
La cuestión ha estado desarrollándose desde el menos 2011, cuando Estados Unidos dejó de producir los fármacos utilizados desde la introducción de las inyecciones letales en los años 80.
Los estados que aplican la pena de muerte “se encuentran en un callejón sin salida”, explicó Deborah Denno, especialista en la inyección mortal en Estados Unidos.
Las administraciones de los Estados no logran aprovisionarse de pentobarbital, un anestésico utilizado para practicar la eutanasia en animales que fue adoptado para sustituir el cocktail anterior, y se encuentran, una vez más, sin suministros.
Su fuente de aprovisionamiento del producto, un fabricante danés, rechazó suministrarlo para ejecutar a prisioneros y un tribunal de Washington acaba de prohibir comprar sustancias no reguladas en Estados Unidos a laboratorios extranjeros.
Como resultado, la mayoría de los ocho estados que han realizado ejecuciones este año, entre ellos Ohio, Missouri, Texas, Georgia, Florida y Arizona, “han hecho cambios en sus procedimientos de inyecciones letales”, resumió Richard Dieter, director del Centro de Información de la Pena Capital.
Missouri adoptó por ejemplo el propofol, el anestésico que acabó con la vida de Michael Jackson, pero se vio obligado a devolver sus existencias tras las objeciones del fabricante alemán, que rechaza ser asociado con las ejecuciones.
Arrinconados por el agotamiento de sus reservas, la mayor parte de los estados acude a pequeñas empresas farmacéuticas que pueden personalizar los fármacos para sus clientes y que se encuentran bajo la autoridad del Estado y no de la ley federal que rige para los grandes laboratorios.
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