La Organización de Naciones Unidas (ONU) tratará el 9 de septiembre próximo un proyecto elaborado por el G-77 más China, a pedido de la Argentina, para regular las reestructuraciones de deuda y frenar el avance de los fondos buitre.
Así lo informó el canciller Héctor Timerman en una conferencia de prensa en Casa de Gobierno que ofreció junto al ministro de Economía, Axel Kicillof, donde precisó que se presentará ante la ONU la iniciativa para la redacción de la “convención multilateral para establecer un marco jurídico regulador de los procesos de reestructuración de las deudas soberanas”.
El proyecto será presentado en la Asamblea General de la ONU que se realizará el martes 9 de septiembre y el canciller prometió que en caso de lograr un voto favorable la convención para establecer un marco regulatorio para los fondos buitre debería ser escrita en menos de un año.
Timerman recordó además que el G-77 más China es un foro que agrupa a más de 130 países (“todo el Caribe, toda Sudamérica, todo África y toda Asia”, puntualizó) y destacó que si es aprobada en la ONU, “en menos de un año, la Argentina le habrá dado al mundo una forma de resolver de forma justa y equitativa, en base a lo que resuelvan todos los Estados, las reestructuraciones de deudas soberanas”.
Necesitará ratificación
De todos modos, cualquier convención que apruebe la ONU debe ser ratificada por cada país, por lo que se estima probable que los Estados Unidos evite hacerlo, como ya lo ha hecho con otras convenciones.
En definitiva, se trata de una estrategia del gobierno argentino para sumar otra presión internacional tras haber demandado a los Estados Unidos en la Corte de La Haya por considerar que el accionar de su Poder Judicial, tras el último fallo del juez Thomas Griesa, es “violatorio de la soberanía” argentina.
Al respecto, Timerman consideró que, “si Estados Unidos no acepta la convención que eventualmente apruebe la ONU, creará un serio daño a su credibilidad como sede financiera”, por lo que alentó a esa nación y a “los países de Europa” a que se sumen a la iniciativa.
Y recordó que si bien desde 2003 la ONU viene solicitando un marco regulatorio de estas características no se pudo avanzar “por las trabas que imponen otras naciones”, pero advirtió que en esta oportunidad, a partir del caso argentino, la situación cambió y más de “130 países han solicitado la necesidad de resolver los vacíos legales que existen”.
Por su parte, Kicillof destacó que si Naciones Unidas aprueba este proyecto sobre reestructuraciones de deuda “esto tomará características históricas”, y adelantó que la Argentina pedirá que esa iniciativa sea aplicada en forma “retroactiva” al caso que el país enfrenta con los fondos buitre.
“No queremos ser un ejemplo de estudio. Queremos que esta Convención se aplique al juez Thomas Griesa. Necesitamos medidas contra el juez”, afirmó Kicillof, en la conferencia en Casa de Gobierno.
Según explicó el ministro, la iniciativa, impulsada por la Argentina y presentada por el G-77 más China, prevé que si las dos terceras partes de los acreedores aceptan el canje el resto debe sumarse a esa decisión.
“Tiene que desaparecer de la faz de la tierra el accionar de los fondos buitre, que son parásitos del sistema financiero internacional a los que hay que erradicar”, enfatizó. En este sentido, Kicillof se quejó de que “el sistema judicial de Estados Unidos puso a la Argentina en una complicación inesperada” y afirmó que “un juez y tres millonarios están complicando las finanzas internacionales”.
Cambian reglas para evitar bloqueos buitres
La Asociación Internacional de Mercados de Capitales, que engloba a 457 bancos, anunció ayer cambios en sus reglas para tratar de evitar que una minoría de acreedores pueda bloquear acuerdos de canje de deuda, como sucede con la Argentina.
Así, esta entidad, cuya sigla en inglés es Icma, se anticipó al proyecto que tratará el 9 de septiembre próximo Naciones Unidas para intentar impedir que unos pocos bonistas puedan frenar una reestructuración de deuda exitosa.
“Los riesgos potencialmente adversos a nivel mundial del cese de pagos y la reestructuración de la deuda argentina demuestran la importancia de disponer de términos contractuales claros y sin ambigüedades en los bonos soberanos”, dijo el abogado de Icma, Leland Goss, según agencias internacionales de noticias.
La asociación –que agrupa a los bancos más importantes del mundo e inversores– emitió un comunicado en el cual consideró que los nuevos términos para las cláusulas de acción colectiva (CAC) y la cláusula pari passu, permitirán que las modificaciones aceptadas por una mayoría de tenedores de bonos sean legalmente vinculantes para todos los acreedores.
De este modo, la entidad aseguró que se logrará “una solución práctica al problema de las minorías de bloqueo”, tal como sucede con la Argentina, ya que con los canjes de deuda de 2005 y 2010 el 92,4% de los bonistas aceptó nuevos papeles de deuda, con quitas significativas y vencimientos a más largo plazo.
El 7,6% restante, entre los que se encuentran los fondos buitre, son los denominados holdouts, y aún mantienen bonos que cayeron en default en 2001.
Las nuevas disposiciones otorgan la posibilidad de que los países que reestructuran su deuda soberana sólo requieran de una aceptación global del 75% de los bonos para obligar a todos a sumarse al canje.
Para el Icma, la interpretación de la cláusula pari passu que la justicia de Estados Unidos formuló en el caso de la reestructuración argentina, provoca una “considerable incertidumbre para futuras reestructuraciones”.
El pari passu, defendido por el juez de Nueva York Thomas Griesa, establece que en el caso de una quiebra, todos los acreedores deben ser tratados igual.
Griesa llamó a las partes
El juez de Nueva York Thomas Griesa convocó a una audiencia para el 10 de septiembre, con la intención de analizar un pedido de los acreedores del fondo NML, que pretende impedir que el banco Citigroup pueda seguir pagando los bonos reestructurados. Los fondos especulativos pidieron la audiencia para determinar si debería obligarse al Citigroup a cumplir con una orden judicial, con la intención de ratificar la aplicación del pago por única vez, antes de que la cámara se expida en contra de ese fallo de Griesa.
El 18 de septiembre la Cámara de Apelaciones de Nueva York analizará un pedido presentado por el Citigroup, cuestionando el fallo de Griesa de permitir por única vez el pago de títulos que están fuera de la jurisdicción de Estados Unidos, o sea a bonistas europeos, japoneses y títulos con legislación argentina.
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