Aunque todavía no es oficial, ya se filtró que está acordado un millonario aporte del gobierno nacional a la Universidad Nacional de Rosario (UNR) para obras edilicias que, de paso, de prosperar nuevas negociaciones, salvaría a los sindicatos de trabajadores municipales y de Luz y Fuerza de los cuatro millones de pesos que la Justicia les había condenado a pagar tras el incendio de la Facultad de Derecho ocurrido en 2003, causado por las bengalas disparadas durante una manifestación gremial.
En principio, la idea de las autoridades de la Universidad era divulgar públicamente el acuerdo con Nación recién el próximo martes, luego de comunicárselo al Consejo, que es el órgano soberano de gobierno de la UNR. Pero la información se filtró del lado de los posibles beneficiarios indirectos del dinero que girará la Nación: los gremios. Tras esto, Antonio Ratner, secretario adjunto del sindicato municipal, y Eduardo Seminara, vicerrector de la UNR, apostaron a que, con el anuncio, “se logre el consenso y las apelaciones que ambas partes presentaron en su momento desistan”. En palabras simples: que los sindicatos zafen de pagar el arreglo de la Facultad de Derecho porque la UNR se daría por satisfecha con el aporte del Ejecutivo nacional.
Si bien estas inversiones no son sólo para Derecho, porque incluyen financiamiento de reparaciones edilicias en diferentes facultades, el aporte nacional cubre la refacción de los daños causados por la marcha gremial –ya había girado fondos por lo mismo–, que derivaron en una causa judicial y posterior condena a los sindicatos por su negligencia en el uso de la pirotecnia.
“Nosotros dejaríamos de lado el perjuicio fiscal que se ocasionó por seis millones de pesos porque nos damos por cumplida con creces la calidad de obras que se hicieron en la UNR”, dijo Seminara en declaraciones a una radio local tras las cuales se llamó a silencio hasta el martes. Por su parte, Ratner destacó la excelente relación que mantiene su gremio con la Universidad y su esperanza de que ahora se transite un camino para “que el juicio finalice”.
A mediados de este año, la Justicia había condenado a los gremios de Luz y Fuerza y municipales a pagar aproximadamente cuatro millones de pesos por los daños ocasionados durante 2003, cuando, durante una manifestación en la plaza San Martín, frente a la facultad de Derecho, la pirotecnia utilizada ocasionó un extendido incendio en la institución, destruyendo el 80 por ciento del histórico edificio. El fallo dictado por la titular del Juzgado Federal Nº 2, Sylvia Aramberri, recayó sobre los sindicatos Luz y Fuerza y de Trabajadores Municipales; aunque la defensa de ambos gremios apeló al poco tiempo. La sentencia determinó una “responsabilidad colectiva de los gremios, en virtud de no haberse podido demostrar en forma individual la autoría del hecho”. Además, la magistrada consideró que “estaban acreditados los daños provocados en el inmueble en cuestión” y que fueron cuantificados en 4.085.695,21 pesos.
Fuentes gremiales habían esgrimido la imposibilidad de los sindicatos de pagar aquel monto, aduciendo que eso podría llevarlos a la quiebra. Por esta razón, apelaron el fallo y manifestaron que, de ser necesario, llegarían hasta la Corte Suprema.
En la mañana de ayer, el rector de la UNR, Darío Maiorana, explicó que estaba abierto el camino para evitarles a los gremios el pago de los arreglos de Derecho en función del dinero que girará la Casa Rosada.
“Yo planteé hace varios meses, cuando surgió este problema, que iniciaríamos una serie de negociaciones con el gobierno nacional para solucionar el perjuicio fiscal que tuvo la Universidad por el incendio. Ayer (por el jueves) dimos un paso más acordando un convenio con la Nación por obras que la UNR tenía previsto realizar pero no tenía el financiamiento”, dijo Maiorana.
El rector abundó: “Lo que hemos hecho es iniciar negociaciones con el gobierno nacional para que éste financie obras de la Universidad que no pudieron realizarse porque tuvimos que reparar Derecho. Es decir, solucionar lo que se llama perjuicio fiscal”. Pero, al igual que Seminara, aclaró: “Por una cuestión de responsabilidad nunca hacemos público algo que no esté terminado. La cuestión está todavía en discusión”.
Comentarios