La pareja de un enfermero que prestaba servicios en el hospital Roque Sáenz Peña falleció en 2021. El profesional encuadraba dentro de las personas exceptuadas de trabajar durante la crisis del covid porque contaba con una comorbilidad. Le dieron licencia pero debió volver al trabajo en medio de la pandemia. Al décimo día se despidió de su pareja para ir a trabajar: poco después llamó para decirle que se sentía mal y había contraído coronavirus. No salió con vida del hospital.
Su pareja, con quien se casó en febrero del 2020 y apenas pudieron disfrutar de la formalidad del vínculo, inició un reclamo con base en la ley de riesgos de trabajo. Con la representación del abogado Ariel Cortés presentó ante la Superintendencia de Riesgos de Trabajo un pedido para que el covid sufrido por su pareja sea considerado una enfermedad profesional. Le dieron la razón y tras un acuerdo con la Municipalidad recibirá una reparación de 21 millones de pesos, contó el letrado.
Este hombre era jefe de enfermeros en el hospital municipal emplazado en la zona sur. Hacía casi 30 años que trabajaba en la Municipalidad. En febrero del 2020 se casó con su pareja y al mes comenzó la pandemia. Estuvo algunos meses de licencia porque era personal de riesgo, tenía una comorbilidad y estaba exceptuado por la edad. Tenía dos dosis de vacunas y tuvo que volver al trabajo.
No pasaron 10 días cuando se sintió mal en su puesto de trabajo. Ese día se había despedido de su esposo como cualquier otro día pero ya no regresó. Le avisó que se sentía mal, le habían hecho un hisopado que dió covid positivo y quedó internado. Su cuadro se agravó hasta que falleció. El último contacto personal que tuvo con su pareja fue aquel día que se fue a trabajar, contó el letrado.
Tras su muerte su pareja inició un trámite en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo para que se reconozca el caso como enfermedad profesional, ya que el enfermero había contraído covid en su lugar de trabajo y así lo entendió el organismo.
La decisión fue notificada al municipio y se llegó a un acuerdo “nos pusimos en contacto con los abogados de la municipalidad que estuvieron muy predispuestos”, recordó el letrado quien agregó que no había casos de este tipo en ese momento.
Después de llegar a un acuerdo se inició un nuevo trámite en la Superintendencia para homologar el convenio. Allí el organismo hizo un doble análisis vinculado con si el reclamante cumplía con los requisitos y si no hay otras personas con derechos y si el monto a pagar es correcto, ellos hacen un cálculo y fijan un piso, explicó Cortés.
El letrado contó que con la Municipalidad acreditaron todos los requisitos y el acuerdo fue homologado por un monto cercano a los 21 millones de pesos.
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