El Senado santafesino sancionó el jueves pasado y convirtió en ley el proyecto de la diputada provincial del Partido SI Alicia Gutiérrez que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble conocido como “la Quinta de Funes”, ubicado en la ruta nacional 9 sin número en la ciudad homónima y que es considerado emblemático por su utilización como centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico militar que gobernó el país entre 1976 y 1983.
De esta manera, con la sanción de la norma en la Cámara alta de la provincia se transforma un lugar destinado a la desaparición y tortura de personas durante el terrorismo de Estado en un espacio de recuperación, resguardo y transmisión de la memoria y la historia para las próximas generaciones.
“Además de juzgar y condenar a los responsables de cometer estos delitos que son imprescriptibles, es preciso continuar trabajando en la reconstrucción de la memoria histórica en la Argentina como una forma de reforzar día a día nuestro compromiso con la vida y el respeto de los Derechos Humanos”, se sostiene en los considerandos de la norma, según informó El Litoral.
“Al igual que la ex Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) en la ciudad de Buenos Aires, la Quinta de Funes es todo un símbolo en la provincia del horror que significó el plan sistemático ideado y llevado adelante por los genocidas, pero también es una muestra de la resistencia y la lucha de los militantes detenidos-desaparecidos y sus familias”, explicó la legisladora los principios del proyecto.
La norma exige que se conserve la edificación existente en su estado actual como una forma de resguardar todos aquellos elementos y estructuras que sirvan como testimonios del pasado reciente.
También establece que el Poder Ejecutivo, con participación de los organismos de derechos humanos, sean los encargados de definir los usos del lugar. “A pesar de lo sufrido, nunca se buscó venganza sino justicia. Y este espacio es una forma simbólica de lograr la restitución de los nombres y de las tumbas que les fueron negadas a las víctimas y a sus familiares”, reflexionó la diputada Gutiérrez.
En la Quinta de Funes, el general Leopoldo Fortunato Galtieri pretendió concretar parte de su proyecto político que tenía por objetivo llegar a la presidencia de la Nación y consistía en detener a la conducción de Montoneros. Para eso mantuvo cautivo y desaparecido en este centro clandestino a un grupo de militantes pertenecientes a la organización armada.
El represor planeaba enviar a dos de los miembros que estaban detenidos para infiltrarse y asesinar a los dirigentes que se encontraban exiliados en ese país. Sin embargo, el plan, al que se denominó “Operación México”, fue desbaratado por uno de los militantes, Tulio Valenzuela, al denunciarlo en la prensa internacional.
Como consecuencia, los restantes miembros del grupo, en el que se encontraba la pareja de Valenzuela, Raquel Negro, embarazada de mellizos, fueron trasladados a otro centro clandestino y luego asesinados. Estos acontecimientos fueron conocidos a través del testimonio del único sobreviviente.
En la actualidad, uno de los hijos de Valenzuela Negro, Sabrina Gullino, que recuperó su identidad en 2008, busca a su hermano mellizo quien, se sospecha, fue apropiado ilegalmente. “La dictadura buscó a través de la desaparición, la muerte y el exilio destruir el compromiso con la lucha por una sociedad más justa para todas y todos. Por eso debemos preservar estos lugares y transformarlos en un ámbito de memoria y reflexión para que los más jóvenes sepan qué sucedió, quiénes fueron los responsables y cómo además parte de la población convivió con el terror”, afirmó la diputada Gutiérrez.
“Jaime Dri, el único sobreviviente, reconoció en las recorridas el lugar donde estuvo detenido y también describió el resto de la casa donde en una oportunidad mantuvo un diálogo con Galtieri. Además relató cómo éste y sus subalternos, Daniel Amelong, Jorge Fariña, Eduardo Costanzo, Pascual Guerrieri y otros, visitaban diariamente el campo de concentración”, contó Gutiérrez, quien acompañó a Dri en algunas de las rondas de reconocimiento.
Los datos aportados por Dri, sumados al trabajo de los abogados representantes de las víctimas, fueron fundamentales para lograr las condenas en estas causas durante los juicios de lesa humanidad concretados en Rosario.
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