Tres jóvenes, uno de ellos con antecedentes por estafa e hijo de un suboficial retirado de la policía bonaerense, fueron detenidos acusados de ser quienes llevaron adelante en los últimos dos meses al menos 30 amenazas, varias de ellas de bomba, contra la Casa de Gobierno, estaciones de trenes, jueces, funcionarios públicos y el búnker de Unión por la Patria, informaron este viernes fuentes policiales y judiciales.
Los voceros detallaron que al grupo se lo acusa de las recientes amenazas dirigidas a las estaciones de tren de las líneas Roca y Sarmiento y del subte porteño, que produjeron pérdidas millonarias debido a la suspensión de los servicios. También fueron vinculados con intimidaciones recibidas en el búnker del candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, durante las últimas elecciones presidenciales, y al juez Federal Ariel Lijo, quien se encontraba de turno.
Los arrestos se realizaron durante la noche de este jueves en varios domicilios del conurbano bonaerense. Allí, efectivos de la División Delitos Constitucionales de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA) trabajaron bajo las órdenes del juez Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 10, Julián Ercolini.
Las fuentes consultadas por Télam identificaron a uno de los detenidos como Facundo Maximiliano Martínez (18), hijo de un sargento retirado de la policía bonaerense y hermano de una integrante de la Policía de la Ciudad, quien fue apresado en la localidad bonaerense de Llavallol, acusado de integrar el grupo que se hacía llamar “La mafia del Hentai”, en alusión a un animé japonés porno, junto con los otros dos sospechosos, Matías Manuel Danco y Leandro Gonzalez.
Los tres permanecen alojados en la alcaidía de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, situada en Madariaga al 6900, del barrio porteño de Villa Lugano, donde aguardan ser trasladados a los tribunales federales de Retiro para ser indagados por Ercolini entre este viernes y el sábado.
La pesquisa se inició el día de las elecciones generales del 22 de octubre pasado, cuando se recibieron amenazas telefónicas en la Casa Rosada, en el Congreso Nacional, en la Cámara Electoral y en el búnker de Massa, en el Complejo C del barrio porteño de Chacarita.
Tras ello se inició una causa ante el juzgado de Lijo, que estaba de turno, quien dio intervención a los pesquisas de Delitos Constitucionales la PFA para que comenzaran a analizar las comunicaciones, con la colaboración de personal especializado de áreas de Antiterrorismo y Cibercrimen.
Sin embargo, a los tres días de iniciada esa investigación, el propio magistrado recibió una amenaza en su despacho, por lo que denunció el hecho ante su colega Ercolini, que quedó al mando de la pesquisa, detallaron los informantes consultados por esta agencia.
“Bochos informáticos”, hackeo y Deep Web
Los detectives expertos en comunicaciones de la PFA lograron establecer que las amenazas habían sido realizadas a través de varias líneas en común -que luego coincidieron con las empleadas en las intimidaciones contra las estaciones de trenes de esta semana-, las que pertenecían a la empresa Telecentro, que utiliza una nueva tecnología que canaliza las llamadas a través de una conexión a internet. Los integrantes del grupo son “bochos informáticos”, describió sorprendido uno de los investigadores.
Las fuentes explicaron que una parte de los acusados se dedicaba a hackear las cuentas de los clientes de la empresa, gestionándoles -sin su consentimiento- nuevas líneas telefónicas a su nombre, las que luego eran vendidas en el mercado negro de la “Deep Web”.
Allí, uno de los sospechosos adquiría las líneas fraudulentas a nombre de terceros y las utilizaba redes wifi públicas para realizar los llamados intimidatorios y evitar de esa manera ser rastreado.
No obstante, los detectives lograron establecer la existencia de algunos patrones comunes de conexión y, mediante múltiples intervenciones telefónicas realizadas en tiempo real, los identificaron y localizaron.
Allegados a la investigación, dijeron que, hasta el momento, se identificaron al menos unos 30 hechos de amenazas relacionados a los detenidos, uno de los cuales, al ser atrapado, refirió a los federales ser una persona “peleada con el sistema”.
Además, justo antes de que se produjeran los allanamientos y los arrestos, habían llegado a concretar una amenaza contra el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, agregaron las fuentes.
Ministro como blanco
“Este miércoles, cuando ingresaba a una nota televisiva, recibí amenazas provenientes de un teléfono que luego se supo, era de donde provenían las alertas de bombas a estaciones de trenes y otras instituciones”, denunció el ministro Giuliano, diputado nacional electo por Unión por la Patria. El funcionario dio cuenta del hecho la red social X, y recordó que “los autores de esos delitos provocaron demoras y cancelación de servicios ferroviarios, afectando a millones de usuarios”. Sin filiación política declarada, está claro, sin embargo el blanco de los autores de las amenazas, que es el oficialismo y su gestión. “La violencia que venimos viviendo en estas elecciones con denuncias de fraude y estas acciones demuestran desesperación y derrota. No es así en democracia”, censuró Giuliano.
El ministro precisó que recibió mensajes de Whatsapp a su teléfono personal, que decían: “Nosotros fuimos los que hicimos la amenaza de bomba hoy. En los tres ferrocarriles. Te diría que por tu bien borres el tuit o va a haber consecuencias peores”.
“Cuidado con lo que decís en los medios no vaya a ser que nos metamos con tu familia”, le escribieron también a Giuliano, quien reconoció la acción de los investigadores por su eficacia: “Felicito a los hombres y mujeres de las fuerzas de seguridad y de la Justicia que pudieron dar con los autores de estos hechos e impidieron que sigan generando terror y miedo en la sociedad a tan pocos días de las elecciones”.
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