Un peritaje de la Policía de Seguridad Aeroportuaria sobre la Mac UltraBook incautada en la habitación del hotel Pullman donde se hospedaban el sindicado narco Luis Medina y su novia, Justina Pérez Castelli, a pocas horas de que ambos fueran asesinados en diciembre de 2013, determinó que la computadora había sido “manipulada”, dijeron fuentes judiciales.
El caso tuvo diversas connotaciones políticas y judiciales a poco de producirse. Medina era un ex convicto por robo calificado a quien sindicaban como líder de una banda narco de la zona noroeste. Había encabezado un frustrado desembarco de la franquicia del boliche porteño Esperanto, que debió cerrar a poco de su inauguración por oposición de los vecinos. En la causa por el crimen debía intervenir la jueza María Luisa Pérez Vara, quien ese día y los siguientes no atendió el teléfono del tribunal a su cargo, pese a que estaba en turno: le faltaban dos días para jubilarse y según peritajes ese celular se activó en la localidad balnearia bonaerense de Cariló. En marzo pasado, fue procesada por incumplimiento de deberes.
La pareja fue ultimada en la mañana del 29 de diciembre de 2013 en el acceso sur mientras se trasladaba en auto. Nunca hubo personas imputadas por el crimen, aunque se sospecha que fue una venganza tramada por un ex socio. Ante la ausencia de Pérez Vara, la jueza Raquel Cosgoya estuvo por algunas horas al frente del caso, que luego fue derivado a su par Alejandra Rodenas, quien iba a estar de turno en la feria que se iniciaba el 1º de enero de 2014.
En esas horas, dos funcionarios de la Secretaría de Tecnologías para la Gestión del Ministerio de Gobierno, Javier Echaniz –quien renunció a su cargo el lunes pasado como efecto de las críticas por el escrutinio de las últimas Paso– y Martín Degrati, concurrieron al hotel para desbloquear la computadora, luego de que los policías dijeran no haber podido hacelo . Según algunas fuentes judiciales, no tenían autorización judicial para ejecutar ese acto. Otras opinaron en sentido contrario.
Una denuncia de los legisladores provinciales Gerardo Rico, Eduardo Toniolli y Mariana Robustelli, del Movimiento Evita, pedía investigar a Pérez Vara, los dos funcionarios citados y su superior, el ministro de Gobierno Rubén Galassi; los diputados se constituyeron luego como querellantes. Este cuestionamiento recayó en el fiscal Carlos Covani, quien consideró que no había delito, ya que la computadora no había sido adulterada.
Para ello se basó en un peritaje de Gendarmería, el que según fuentes judiciales no logró acceder a la totalidad de la máquina, en el que se sostenía que había sido desbloqueada y usada por algo más de veinte minutos, aunque no se habían quitado ni agregado archivos.
La competencia fue derivada al nuevo sistema, por lo cual comenzó a intervenir el fiscal Carlos MacCormack, aunque luego una presentación del diputado del Frente para la Victoria Héctor Acuña volvió a cuestionar la competencia, lo que debe resolver en los próximos días la Cámara Penal a través del magistrado Carlos Carbone.
En ese contexto, el 14 de octubre de 2014 el fiscal federal Marcelo Degiovanni presentó ante la jueza Rodenas un pedido para acceder al contenido de la computadora, ya que tenía en su poder una causa que investigaba a Medina y otras personas por infracción a la ley de Drogas, dijeron fuentes judiciales. Con la venia de la fiscal Cristina Herrera, autorizaron un peritaje de la PSA, que fue entregado a la Justicia provincial el pasado 21 de abril, añadieron los voceros. Según esta versión, la máquina fue manipulada pero no se borraron archivos. “Hubo copia de claves y capturas de pantalla, por lo cual la UltraBook se pudo manipular en forma remota con acceso a los mails”, dijeron estos portavoces, los que añadieron que ahora tienen copia de este informe el fiscal federal Degiovanni, la jueza Rodenas y el fiscal provincial MacCormack. Sobre el contenido de la máquina, que era de Pérez Castelli aunque también la usaba Medina, trascendió tras el primer peritaje que había fotos, videos y algunos correos electrónicos.
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