Luego de que este medio publicara ayer que la Empresa Provincial de la Energía (EPE) adecuó parte de su reglamento interno a la ley de Defensa del Consumidor que rige a nivel nacional, las repercusiones no tardaron en llegar. El titular de la Oficina Municipal del Consumidor, Alberto Muñoz, cuestionó a las autoridades de la firma estatal por la demora en acogerse a la normativa nacional y las trabas que se pusieron desde un principio para poner en práctica los cambios. En tanto, el diputado provincial Mario Lacava, titular de la comisión de Servicios Públicos, pidió que, al fin, se cree y ponga en marcha un ente de control que debería ser establecido como parte de un nuevo marco regulatorio para la distribuidora de electricidad. Ese proyecto presentado por Lacava que lo crea cuenta con media sanción de la Cámara baja, pero no encuentra consenso en el Senado santafesino. La iniciativa, que fue avalada en Diputados a fines de 2012 y está a punto de perder estado parlamentario al haber quedado en el limbo dos años con sus períodos legislativos, el plazo límite para su tratamiento.
Tal como informara El Ciudadano, la EPE adecuó algunos artículos de su reglamento a la ley 24.240 de Defensa del Consumidor que rige en el país. Este cambio, que pasó inadvertido, se publicó en el Boletín Oficial a fines de diciembre pasado y se dio en el marco de una acción judicial que había iniciado en 2011 la ONG Unión de Usuarios y Consumidores contra la firma estatal. Básicamente, las modificaciones refieren a la responsabilidad de la compañía ante cortes del suministro y variaciones en la tensión, mecanismos de reclamos y resolución de casos de sobrefacturación.
Por ejemplo (y entre otros cambios), en el nuevo reglamento de Suministros y Comercialización la EPE ya admite que ante cualquier reclamo (acerca de los importes facturados, provisión eléctrica, revisión o cambio de medidor y aumento de potencia instalada) deberá extenderle al usuario una constancia con la identificación de la queja. Aunque parezca insólito, eso no sucedía hasta 2014.
También, y en los casos en que se apliquen tarifas superiores a las que corresponda, la empresa deberá reintegrar al titular del servicio los importes recibidos de más de acuerdo a las pautas fijadas por la ley de Defensa al Consumidor, es decir con los mismos intereses que cobra a los morosos que se retrasan en abonar la factura. A la par, también se derogó el artículo que autorizaba el cobro anticipado de facturas de manera excepcional.
Lo cierto es que la publicación de esas modificaciones en el proceder trajeron una fuerte repercusión. En ese marco, el diputado del PJ Lacava calificó como “impecable” el fallo judicial del juzgado civil y comercial Nº18 de Rosario y ratificado en mayo de 2014 por la sala 1ª de la Cámara de Apelación Civil y Comercial, que obligó a la EPE a adecuarse a la ley de Defensa al Consumidor. “Las modificaciones en el reglamento de la empresa articulan mecanismos de protección al usuario más efectivos. Había una desprotección grande. Es un avance menor, pero avance al fin”, señaló el legislador.
Tras eso, recordó que en el la Legislatura provincial existe un proyecto de ley con media sanción que establece la creación del Ente de Control de los Servicios Públicos (Ecosep) y un nuevo marco regulatorio para el sistema eléctrico local, como ya lo tienen el servicio de agua y cloacas a nivel provincial y el de gas a nivel nacional.
La iniciativa, propuesta por el propio Lacava, tuvo sanción en Diputados en noviembre de 2012. Para que no pierda estado parlamentario, el Senado debería aprobarla en sesiones extraordinarias antes del 1º de mayo, cuando da inicio el período ordinario de trabajo de los legisladores.
Lo que está solicitando el diputado justicialista es que el gobierno de Antonio Bonfatti autorice el tratamiento del tema previo a esa fecha límite, algo que parece no estar en los planes del mandatario. “La situación no da para más. Nosotros buscamos debatir el tema, no sólo el proyecto”, señaló Lacava.
Según el titular de la comisión de Servicios Públicos de Diputados, la EPE actualmente “no tiene ninguna injerencia externa”, es decir que se maneja en forma autónoma, sin rendir cuentas. “El nuevo marco regulatorio lo que haría es controlar las inversiones y la calidad del servicio. En definitiva, que el Ente le diga a la empresa qué servicio prestar y se lo tome como referencia. También fijaría la prestación de subsidios para los que no pueden pagar el servicio, y hasta tiene injerencia en las tarifas eléctricas, llamando a una audiencia pública, no vinculante, previa a cada aumento, tal como lo hace el Enress con Aguas Santafesinas”, explicó Lacava.
Precisamente, algunas de las fuentes consultadas ayer marcaban las diferencias que existen entre el control que se puede establecer sobre Assa y la EPE. A diferencia de la primera, para ésta última aún rige un marco legal mucho más viejo, de la década del 70, que es el reflejo de un cambio muy lejano: la provincialización de la vieja Agua y Energía, que generó por una parte la Dirección Provincial de Obras Sanitarias, y por la otra la Dirección Provincial de la Energía y luego una Empresa Provincial de la Energía.
Sobre esto, el titular de la Oficina Municipal del Consumidor dijo a este medio que ese plexo normativo “es retrógrado” y que a la hora de revisar tarifas “se definen aumentos entre cuatro paredes, de espaldas a los usuarios”.
En tanto, sobre los cambios en el Reglamento General del Servicio, Muñoz cuestionó a la EPE porque –dijo– durante cuatro años “se obligó a malgastar fondos en una disputa judicial sin sentido y no obedeciendo a la Justicia, incluso apelando un fallo”, en lugar de atenerse a él. “Y sólo se pedía que acate la ley; no había otra cosa”.
“Ahora hay que seguir discutiendo varias cosas. Por ejemplo, los resarcimientos cuando la empresa está en falta: la última vez que hubo que resarcir a los usuarios faltó celeridad y en la provincia de Buenos Aires hubo una devolución mayor a la que ocurrió en Santa Fe. Si la firma se abriera más a las organizaciones de defensa al consumidor ganaría en prestigio, algo que está lejos de obtener por ahora”, concluyó Muñoz.
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