Cuando una persona es condenada en la provincia de Santa Fe queda bajo el régimen de la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad (24660), que cuenta con un sistema progresivo, dividido en diversos períodos: observación, tratamiento, prueba y libertad condicional. Tiene base en el concepto de resocialización del condenado y promueve, según la evolución favorable de éste, la incorporación a instituciones semiabiertas o abiertas.
A medida de que el convicto avanza en estos estadios la ley le habilita ciertos beneficios. En el caso puntual de Ricardo Albertengo, recibió tres condenas. Una de ellas, de 1992, fue cumplida mientras que las otras dos se unificaron: una dictada en el año 1996 a 20 años de cárcel por el caso de la fatal toma de rehenes en Sarmiento y 9 de Julio, y la otra en 2010, cuando fue sentenciado a 17 años por seis casos de robo (incluido el golpe a la clínica de Oroño al 700) a través de un juicio abreviado, por lo que la deuda que debía saldar con la Justicia era de 37 años de prisión y vencía en febrero de 2031. Albertengo, que estaba preso desde abril de 1994, llegó a la mitad de la condena unificada en agosto de 2012 (por entonces llevaba 18 años y medio tras las rejas) y a partir de ese momento comenzó a solicitar los beneficios que le otorga la ley de ejecución penal, sostuvo una fuente judicial. Según esta versión, los reclamos del interno se dilataron en el tiempo a raíz de varias negativas de funcionarios judiciales hasta que finalmente, en octubre de 2013, obtuvo un permiso para salir 2 horas cada 15 días con acompañamiento policial. Permiso que en mayo de 2014 le fue revocado por una sanción disciplinaria que le fue impuesta en la cárcel de Piñero.
Cumplida esa sanción y con base en la ley de ejecución, Albertengo volvió a la carga con los pedidos, esta vez para estudiar, lo que logró en mayo de 2015 con acompañamiento policial, dijo este portavoz judicial. El detenido cumplió al pie de la letra y pidió ampliar el beneficio, esta vez para acercarse a su familia, por lo que obtuvo un permiso para salir 12 horas quincenalmente con el acompañamiento de un familiar. Sólo un mes cumplió con esa premisa y nuevamente traicionó la confianza que el sistema legal depositó el él. Desde entonces permaneció prófugo con un pedido de captura dictado por la jueza de Ejecución Penal Luciana Prunotto, hasta que se entregó ayer por la madrugada ante esta funcionaria.
Comentarios