Ciudad

La larga batalla por el Batallón

Por Guillermo Correa.- Aprobado en el Concejo por 13 votos contra 7, el Plan Especial de Reordenamiento Urbanístico para el ex 121 deberá ahora sortear complejas trabas: además de una acción judicial, existe un impedimento legal para las 1.250 viviendas proyectadas.


“Mire, señor presidente, a qué hora estamos discutiendo esto: a las 2 menos 20 de la mañana. De espaldas a la gente”, forzó el tono el edil justicialista Diego Giuliano. Es sólo la postal de un instante, pero ilustra cómo fue, entrada la madrugada del viernes, el extenso debate sobre la urbanización del ex Batallón de Comunicaciones 121, que antes había sido el Regimiento 11. El proyecto oficial, con modificaciones, resultó aprobado por 13 votos contra 7, en los que el bloque del PRO funcionó como fiel para inclinar la balanza. Y ahora la iniciativa para “derribar los muros” del ex predio militar y “abrir el espacio a todos” seguirá curso, pero ¿cuál? “Todos los argumentos que nosotros opusimos al proyecto, los ponderemos ahora contra la ordenanza aprobada”, advirtió el abogado Jorge López Mirossevich, que en representación de tres vecinos, pero con el apoyo de ya más de 4 mil firmas, interpuso una acción judicial en el marco de la ley 10.000, de intereses difusos: el reclamo puntual no es contra la urbanización del ex Batallón, con sus calles, sus espacios verdes y sus edificios históricos, sino contra las 1.250 viviendas para sectores medios y altos que se planea levantar allí. En su lugar quieren que se instale el Jardín Botánico que Rosario aún no tiene.

El debate por el destino del ex Batallón 121 troqueló en dos a los ediles, y fue tan arduo, extenso y argumentado que no faltaron menciones, en especial de la oposición, a la hora en que se estaba librando. “No creo que haya ningún marciano que esté a las 2 de la mañana mirando la sesión del Concejo Municipal”, disparó en medio de su argumentación el edil del Frente para la Victoria Roberto Sukerman. Lo asistía la razón: desde septiembre el Concejo transmite las sesiones en vivo a través de internet y del canal 90 de Cablehogar, pero a esa hora difícilmente podía atraer a algún televidente más que “El Club de los Desvelados”.

Fue una lástima: la pulseada atravesó aristas ideológicas, económicas, políticas, culturales. Y aunque a nadie le hiciera cambiar el voto, hasta legales: era la carta que se guardó en la manga la oposición para argumentar por qué en el extenso predio de la zona sur debía haber todo lo que decía el “Plan Especial de Reordenamiento Urbanístico ex Batallón 121”, menos las 1.250 viviendas proyectadas allí.

De eso se trataba, en definitiva: el proyecto contempla la apertura de calles, el mantenimiento y forestación con especies arbóreas nativas, la restauración de edificios históricos con valor patrimonial –donde se instalarán empresas de base tecnológica–, el destino de un área para Espacio de la Memoria, el funcionamiento de una escuela primaria y una secundaria, y una comisaría, la recuperación de la pileta y el resguardo de áreas para actividades deportivas y hasta la creación del primer Museo del Deporte de la ciudad, en conjunto con la Fundación Leo Messi.

Y todo, entre otras cosas: hasta coló al final la idea de la concejala del PRO Laura Weskamp y se incluyó un pedido de estudio de factibilidad para que el antiguo Casino de Oficiales del predio militar sea reconvertido en un hotel.

Hasta ahí, el acuerdo era general. Pero con las viviendas no: “¿Vamos a seguir construyendo pajareras?”, se plantó el concejal del Partido del Progreso Social, Héctor Cavallero. A sabiendas que su posición era la que perdía en la inminente votación, apeló a dar una batalla ideológica y fue por más: “El debate que sigue pendiente es qué ciudad queremos. No podemos seguir poniendo parches”, dijo para reclamar una ciudad “sustentable” en términos medioambientales y “desde el punto de vista de la convivencia humana”, y concluir que eso no va a ser posible mientras “los intereses inmobiliarios fijen las normas”.

Así, el debate dividía con claridad dos aguas: en la orilla del oficialismo, aunque ninguno de los miembros informantes del bloque Socialista y sus aliados lo dijera –en cambio el PRO lo hace todo el tiempo– imperaba la lógica de que el Estado (provincial y municipal) por sí mismo no podría llevar adelante un proyecto como el que se estaba tratando para el ex Batallón. Y menos en tiempos de cinturón ajustado.

Siguiendo esa línea, el aporte privado –en obvia búsqueda de beneficios– es la única llave para que el predio militar de zona sur deje de ser un lugar fantasma, vacío y amurallado para transformarse en una nueva maravilla de la zona sur.

Pero en la otra orilla no se leía más que un nuevo ejemplo de “espacios públicos, negocios privados”, más destinados a la especulación inmobiliaria que a aportar soluciones al problema de la vivienda en la ciudad. “Agregar densidad y metros cuadrados de cemento en un espacio que debería ser destinado a un gran parque público es transformar el pulmón más importante de la zona sur en el patio trasero de un negocio inmobiliario”, se les escuchó definir a Sukerman, Giuliano, Cavallero y también al socialista auténtico Alberto Cortés. Algunos llegaron a comparar las viviendas en el ex Batallón -con sus espacios de servicio y cocheras- con alzar monoblocks  en el parque Independencia, por ejemplo, “para pagar el Laguito o el Calendario”.

Con todo, el debate -con mucho, más rico que lo que se describe- no llegó a remontar una objeción, esta vez legal, que impediría el nuevo barrio. Desafectado por el Ejército, el ex 121, con sus 31,4 hectáreas se vendió a la provincia en cuotas, por un total de 21.700.000 pesos. Pero en Córdoba, el ex 141, con 25 hectáreas, tuvo un cargo de 107 millones.

La diferencia, marcaron los ediles opositores que a la vez son juristas, es que la operación en Rosario generó un “derecho de propiedad restringido”. Dicho de otro modo, por normativa, el ex 121 no puede tener otros usos que no sean para “equipamiento recreativo, sanitario, deportivo y cultural”. A instancias del ex gobernador Hermes Binner, que pensó en un emplazamiento para Gendarmería, se le agregó “seguridad” en tratativas con la Nación. Pero nada habla de viviendas y cocheras.

Así, mientras vecinos continuarán esta semana con su batalla judicial -plantean que el Concejo no podía haber avanzado en habilitar los usos sin que el proyecto oficial para ex 121 contara con un estudio de impacto ambiental y fuera analizado en audiencia pública- seguirá machacando con la especulación inmobiliaria. A menos que el secretario de Gobierno municipal, Fernando Asegurado, confirme una intención que deslizó ante Canal 5 y sorprendió a todos: que el 121 podría abrirse para el plan Procrear de créditos y construcción de viviendas de la Nación, y el Mi Tierra, Mi Casa, de la provincia. “Si es realmente así, es otra cosa”, deslizó a este diario un edil de la oposición, con cautela.

Dura lex, sed lex

La ley 10.000 de intereses difusos esgrimida por tres vecinos en representación de más de 4.000 en su presentación judicial plantea, en su primer artículo, que se podrá acudir a la Justicia “contra cualquier decisión, acto u omisión de una autoridad administrativa provincial, municipal o comunal o de entidades o personas privadas en ejercicio de funciones públicas que, violando disposiciones del orden administrativo local, lesionaren intereses simples o difusos de los habitantes de la provincia en la tutela de la salud pública, en la conservación de la fauna, de la flora y del paisaje, en la protección del medio ambiente, en la preservación del patrimonio histórico, cultural y artístico, en la correcta comercialización de mercaderías a la población y, en general, en la defensa de valores similares de la comunidad”. La batalla de los vecinos había comenzado, en realidad, meses antes: en  mayo pasado, por caso el juez en lo Civil y Comercial Nº5, Iván Kvasina, había rechazado una presentación de los vecinos contra e concurso de ideas para el predio al entender que se trataba de una actividad “no vinculante”, “administrativa” y “de carácter consultivo y técnico” y que por tanto no dañaba “ningún tipo de interés difuso”. Sin embargo, meses después, en octubre, el magistrado suspendió el concurso, que a la postre se hizo. El jueves el juez requirió informes ante un nuevo trámite judicial impulsado por vecinos. La duda era si los ediles podían tratar el proyecto en atención al artículo 8 de la misma ley, que establece que “recibido el pedido de informe, la autoridad requerida mantendrá la situación existente en ese momento, o, en su caso, suspenderá los efectos del acto impugnado, salvo que comunicase al juez la posibilidad de producirse un daño inminente y grave para el interés u orden público y el magistrado lo relevase de aquella obligación”. Para el oficialismo la duda no existía: el juez no suspendió ningún acto administrativo y el proyecto podía tratarse. Para la oposición, la duda tampoco existía: lo que el juez no había dicho lo dice la ley, y el proyecto no podía tratarse.

“Muy lindo”

El gobernador Antonio Bonfatti salió a aclarar que, con la aprobación del plan para el ex Batallón 121 por parte del Concejo, la Municipalidad de Rosario “ha dado los usos”, pero “el proyecto es del Poder Ejecutivo provincial”.

“Nosotros hemos propiciado que en los viejos edificios históricos, que hay que respetar, funcione un área tecnológica en cuanto a empresas, que vamos a poner dinero para revitalizarla, como así también los empresarios. Son aproximadamente tres cuadras para que además estén la Universidad, el Conicet, la Secretaría de Estado de Ciencia y Tecnología”, describió Bonfatti.

“Además –continuó–, tenemos un acuerdo con la Fundación Messi para hacer un proyecto deportivo allí. Estamos con la idea de hacer un Museo del Deporte”.

Sobre las 4 hectáreas del predio que serán destinadas al proyecto de viviendas el gobernador dijo que “va a ser urbanísticamente muy lindo” y que “los vecinos lo van a disfrutar mucho”.

“Va a quedar un parque abierto al barrio y a la ciudad, con un corredor de agua en el medio”, concluyó.

¿Recuerdos del futuro?

En la sesión de madrugada, el edil Héctor Cavallero aprovechó para recordar a futuro –sobre el convenio urbanístico que tarde o temprano se propondrá para el ex 121– el inocultable y actual incumplimiento de los urbanizadores en el country Los Pasos, a metros del Jockey Club. El Estado hizo lo suyo para las 200 hectáreas que alguna vez fueron suelo rural, pero de los compromisos por parte de los privados “no cumplieron ninguno, ni la extensión de Wilde de la Autopista a Calasanz, ni la planta potabilizadora de ósmosis inversa ni nada”.

Memoria

“Celebramos la decisión”, dijo el miembro de Hijos Rosario Juan Basso, en referencia a la preservación de un “Espacio para la Memoria” en el predio del ex 121. “El proyecto deberá contemplar dentro de su programa una propuesta cultural destinada a la conmemoración y la memoria asociada a los derechos humanos”, quedó escrito en el proyecto aprobado el viernes en el Concejo. Para celebrarlo, Hijos, junto a los muralistas de El Movimiento y  distintas organizaciones hicieron el sábado una intervención artística en el ex Batallón, recreando en tres dimensiones la puerta por donde ingresaban los móviles operativos utilizados en la represión clandestina de la última dictadura.

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