La justicia de Ecuador ordenó este viernes la prisión preventiva del ex presidente Rafael Correa, por su presunta implicación en un caso de sobornos orquestados con sus copartidarios para la adjudicación de contratos con el Estado.
La jueza nacional Daniella Camacho dictó la medida cautelar, con lo que accedió al pedido que hizo este miércoles la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y consideró que la prisión será “legal, constitucional y convencional” y por tanto “no arbitraria”.
Salazar investiga una trama denominada “Sobornos 2012-2016” (antes “Arroz verde”), en la que están presuntamente implicados otros cuatro altos ex colaboradores, directos o indirectos, del Ejecutivo de Correa (2007-2017), a los que también aplicó la misma medida cautelar.
La Fiscalía sospecha que la indagación arroja luz sobre cerca de una docena de elementos de convicción que apuntan a la comisión de los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, en la supuesta financiación irregular del movimiento político Alianza País (AP) que lideró el ex gobernante hasta 2017.
En el caso del ex mandatario, Camacho consideró que la prisión preventiva es procedente ante la imposibilidad de dictar otras medidas idóneas que garanticen su comparecencia ante la justicia, dado que reside en Bélgica desde que abandonó el poder, en mayo de 2017.
La fiscal general acusó al líder de la Revolución Ciudadana de ser autor principal del supuesto esquema de corrupción, aportando como evidencia un depósito de seis mil dólares a su cuenta bancaria.
Esa suma –a tono con la versión del gobierno de Lenín Moreno–, provino de aportes ilegales de contratistas del Estado.
El ex estadista desmintió las imputaciones al mostrar y explicar a través de Twitter el origen del dinero.
“Tenía un recurrente sobregiro, y pedí prestado seis mil dólares del fondo solidario que teníamos en la Presidencia (nuestros mismos aportes) y lo pagué hasta el último centavo”, escribió Correa al publicar la foto de constancia de liquidación de la deuda.
Además el ex mandatario escribió: “La guerra judicial es la táctica de la derecha para eliminar a los líderes progresistas”.
La fiscalía reseñó que Correa tiene una orden de captura por violación de medidas cautelares en el caso de intento de secuestro en Colombia, en 2012, del político opositor Fernando Balda, por lo que justificó la prisión preventiva al no poder asegurar otro medio para que se enfrente a la justicia, citaron medios locales y la agencia de noticias EFE.
Hasta la fecha, Correa, que tiene más de una docena de expedientes abiertos, no fue condenado en ningún caso y se niega a regresar al país porque considera que es víctima de una persecución política por parte de su sucesor, Lenín Moreno, con el que está enemistado desde hace dos años.
En la misma sesión, Camacho aplicó la misma medida cautelar para el ex vicepresidente Jorge Glas, que fue segundo de Correa entre 2013 y 2017 y ese año fue elegido nuevamente en binomio con el ahora mandatario ecuatoriano.
Glas se encuentra en prisión desde hace casi dos años cumpliendo una condena de seis años por asociación ilícita en otro caso de la trama Odebrecht, aunque recurrió la sentencia y el 11 de septiembre se abrirá el proceso.
Igual que a Lula y Cristina
En defensa de Rafael Correa salió el ex presidente colombiano Ernesto Samper, quien advirtió que “la decisión del fiscal de Ecuador, de perseguir judicialmente al ex presidente Correa, abre un capítulo de «Guerras jurídicas» que a través de la judicialización de la política y con apoyo de tenebrosos poderes fácticos, acosan a dirigentes progresistas”. Samper –ex secretario general de la Unasurؘ– puso como ejemplos de situaciones similares las causas contra el ex mandatario brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva, condenado por corrupción sin pruebas, y la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner que tiene varios procesos abiertos.
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