La Inspección General de Justicia (IGJ), decidió que la red de franquicias inmobiliarias Re/Max es ilícita y ordenó la inmediata disolución y liquidación de la empresa. En ese marco, Ariel D’orazio, coordinador del Consejo Asesor de Vivienda Única de Rosario, dijo que “los contratos hechos por agentes de la empresa intermediaria siguen vigentes y no van a sufrir ningún tipo de modificación”. Y destacó que “la resolución judicial de la IGJ busca una acción hacia adelante acerca de los corredores que hayan obtenido una franquicia”.
A partir de una denuncia presentada por el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba), la IGJ llevó adelante una investigación y resolvió la disolución de la firma mediante la Resolución 350/2020 que lleva la firma de su titular, Ricardo Nissen.
Ante ese escenario, el presidente de Cucicba Armando Pepe, explicó que, de acuerdo con el ordenamiento legal, “existe una distinción entre los contratos comerciales y las profesiones independientes como el corretaje inmobiliario”, y “estas últimas no pueden ser franquiciadas”.
“Hemos dado un paso histórico. Este es un éxito en la defensa de los derechos de los corredores y del ejercicio legal y legítimo de la profesión, y lo compartimos con todos nuestros matriculados”, afirmó.
Pepe, detalló que bajo la modalidad de franquicia, la empresa “recluta gente que no está en relación de dependencia sino bajo monotributo, para eludir pagos de cargas sociales”.
“En cada sucursal tienen cerca de 100 personas a las que no les pagan nada, sino que les cobran 250 dólares por mes por uso del escritorio y papelería; factura el trabajador, no pagan Impuesto a las Ganancias, ni Ingresos Brutos. Es una competencia desleal”, afirmó.
Además, remarcó que “Re/Max se lleva la plata fuera del país”, y destacó que, “a partir de la investigación que hizo la IGJ, investigaron que en Estados Unidos no tienen ni edificios, sino que funcionan en la suite de un hotel”.
Cucicba es la entidad que agrupa a los profesionales inmobiliarios que operan en la Ciudad de Buenos Aires. Tiene más de 7000 colegiados.
La red local de Re/Max tiene más de 150 oficinas, en 42 ciudades del país, según dice la resolución de la IGJ.
La voz local
El coordinador del Consejo Asesor de Vivienda Única de Rosario, Ariel D´orazio, aseguró que los contratos hechos con esta empresa de capitales estadounidenses “no van a sufrir modificaciones”.
En ese marco, D’Orazio celebró la decisión judicial que ordenó la disolución de Re/Max, al sostener que este fallo tiene una mirada “hacia adelante”, respecto a la regularización de los corredores inmobiliarios en Rosario, conforme a la ley 13.154 vigente en Santa Fe, la cual sostiene que el corretaje inmobiliario debe desarrollarlo una persona avalada por el Colegio De Corredores Inmobiliarios.
Según explicó el coordinador del Consejo Asesor de Vivienda Única local, lo que sucedía es que “una empresa inmobiliaria obtenía la franquicia Re/Max, pero luego era muy difícil identificar a los responsables ante las primeras irregularidades, puesto que la empresa anotada figuraba bajo otra denominación legal en el colegio que regula la actividad inmobiliaria”.
“Los contratos celebrados por agentes de esta empresa (Re/Max) siguen vigentes y no van a sufrir ningún tipo de modificación”, garantizó, y destacó que “la resolución judicial de la IGPJ tiene una acción hacia adelante (en el sentido evolutivo) acerca de los corredores que hayan obtenido esa franquicia”.
La respuesta de la empresa
Después de conocerse la resolución en su contra, Remax Argentina emitió un comunicado.
“Rechazamos enfáticamente el contenido de la denuncia de Cucicba frente a la IGJ. La misma es infundada y no implica el cese ni suspensión de la actividad de Re/Max. Las oficinas seguirán prestando servicio a sus clientes, como lo han hecho hasta ahora, llevando el mejor servicio inmobiliario”, asegura el escrito.
“Esta acción promovida por el Colegio de Corredores de la Ciudad es una más de las tantas embestidas de los cuerpos colegiados contra una marca que desarrolla su negocio legítimamente hace más de 15 años, promoviendo el crecimiento y evolución del mercado, conformando así la red inmobiliaria con mayor presencia de corredores y martilleros matriculados”, agregó.
“Este accionar evidencia la clara intencionalidad de los colegios, que sin importar el contexto de pandemia en el cual nos encontramos, buscan afectar la fuente de ingresos de más de 5000 familias vinculadas con esta red de inmobiliarias presente en todo el país”, concluyó.
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